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Fiscalía logra revertir libertad de imputado de femicidio en Talagante

Corte de Apelaciones de San Miguel resolvió que imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

Cambio en la medida cautelar fue decretada por el Tribunal de Garantía de talagante

Cambio en la medida cautelar fue decretada por el Tribunal de Garantía de talagante

La Fiscalía Metropolitana Occidente logró que la Corte de Apelaciones de San Miguel ordenara que un imputado formalizado por el femicidio frustrado de su pareja, no dejara de cumplir la medida de prisión preventiva.

Ello, ocurrió luego que el magistrado Cristian Cáceres, del Tribunal de Garantía de Talagante, en audiencia del pasado 30 de octubre, modificó la medida a la que se encontraba sometido Hernán Castro Iturra, desde julio pasado.

Los hechos que motivaron la investigación de la Fiscalía de Talagante, bajo la carátula de femicidio frustrado, ocurrieron cuando el imputado agredió a su pareja en la casa de dos pisos que habitaban, lanzándola escaleras abajo.

Cuando la mujer cayó al piso el sujeto le propinó puñaladas en su cabeza, cara y manos. Sin embargo, y pese la magnitud de la agresión la mujer, logró quitarle el cuchillo a su agresor y huir a la calle, donde fue auxiliada por vecinos.

El imputado fue detenido inmediatamente y en la audiencia respectiva, la Fiscal Jefe de Talagante Paola Salcedo lo formalizó por el delito de femicidio frustrado, permaneciendo desde julio privado de libertad.

No obstante, con motivo de una audiencia de revisión de la medida cautelar realizada el 30 de octubre el magistrado Cáceres resolvió sustituirla por una menos gravosa atendiendo que a su juicio, las heridas que sufrió la mujer era solo lesiones menos graves en el contexto de violencia Intrafamiliar y no un delito de femicidio frustrado como sostiene el Ministerio Público.

Dado la gravedad del delito la Fiscalía Metropolitana Occidente —representada por el abogado asesor César Gallardo—, recurrió ante la Corte de Apelaciones de San Miguel cuyas ministras Carolina Catepillan, Sylvia Pizarro y Carmen Gloria Escanilla resolvieron que " la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad" atendida la gravedad del delito por el cual fue formalizado, su forma de comisión y el bien jurídico protegido, revocando el cambio realizado por el Tribunal de Garantía de Talagante

 

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