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Duras condenas por violento asalto en Hijuelas

Las víctimas fueron una mujer y un anciano.

Fiscalía Local de La Calera.

Fiscalía Local de La Calera.

Penas de 10 a 18 años de cárcel obtuvo la Fiscalía contra un trío acusado de asaltar y golpear brutalmente a un anciano en Hijuelas, el año pasado.

Carlos Burgos Yáñez (33 años), trabajador de la construcción, fue condenado a 18 años de presidio mayor en su grado máximo; Alvaro Tarride Guerra (30), estudiante técnico, fue sentenciado a 15 años y un día; y Felipe Montenegro Gómez (24), estudiante universitario, recibió 10 años y un día de presidio.

El primero fue acusado de dos delitos: el robo a un local comercial en Nogales, perpetrado el 2 de diciembre de 2012, donde intimidó a la dueña del local y golpeó con su arma a un cliente para escapar con 80 mil pesos, un televisor y un notebook; y el asalto a un parcelero de 80 años en Hijuelas, perpetrado el 9 de mayo de 2013, durante el cual la víctima sufrió la fractura de sus costillas y el robo de 250 mil pesos.

Los otros dos sujetos fueron condenados por su participación en el asalto al residente, y aunque las defensas privadas alegaron distintas consideraciones para liberar a sus clientes de una condena mayor, finalmente el tribunal oral en lo penal de Quillota compartió el criterio de la Fiscalía y los condenó como autores de delitos de robo con violencia e intimidación. Los tres fueron sentenciados a cumplir las penas de manera efectiva.

Además de ellos, fueron condenados dos taxistas como encubridores del segundo asalto, ya que recogieron a los asaltantes en las inmediaciones del túnel La Calavera, cuando estos huían, y tomaron conocimiento del hecho sin denunciarlo.

Los cinco sujetos, además, fueron condenados a penas de 61 a 541 días de cárcel, más multas de entre 5 a 10 UTM por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, ya que al interior del taxi fueron encontrados cerca de 50 gramos de cocaína.

El fiscal de La Calera e instructor del caso, Hugo Arismendi, valoró el fallo del tribunal y señaló que “constituye una señal clara de castigo para casos como estos, donde además las víctimas son mujeres o personas de la tercera edad que no tienen oportunidad de oponer resistencia a los asaltos ni a las agresiones que pueden sufrir en manos de sus victimarios”.

 
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