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Fiscalía logra condenar a ex funcionario de Conadi que estafó a 4 comunidades mapuches en Valdivia

La fiscal Tatiana Esquivel acusó a Luis Brañas Sandoval por el delito de estafas reiteradas, en un procedimiento abreviado en el que fue sentenciado a una pena de cinco años de presidio. El condenado cometió el delito mientras trabajaba para el programa Orígenes.

La audiencia de procedimiento abreviado se efectuó en el Juzgado de Garantía de Valdivia.

La audiencia de procedimiento abreviado se efectuó en el Juzgado de Garantía de Valdivia.

Un ex profesional de apoyo del programa Orígenes de la Conadi en Valdivia fue condenado esta tarde, en un juicio abreviado, a cumplir una pena de cinco años de presidio y a pagar una multa de 30 Unidades Tributarias Mensuales –equivalentes a $1.200.000 aproximadamente- por estafar a comunidades mapuches de la Región de Los Ríos.

En la audiencia, que se efectuó en el Juzgado de Garantía de Valdivia, la fiscal jefe de esta ciudad, Tatiana Esquivel, lo acusó verbalmente por el delito de estafas reiteradas, que afectó a cuatro comunidades indígenas que se adjudicaron financiamiento del programa Orígenes para ejecutar proyectos culturales y de desarrollo local.

La fiscal Esquivel explicó en la audiencia que el acusado, Luis Alberto Brañas Sandoval, defraudó a las cuatro comunidades indígenas por un monto superior a los  $25 millones. Los hechos ocurrieron durante los años 2009 y 2010.

“El acusado, quien debía coordinar el desarrollo y la ejecución de los proyectos adjudicados por las comunidades, se valió de su rol de funcionario público y aprovechándose de la confianza depositada en él, logró mediante engaños convencer a los dirigentes indígenas para que le entregaran los dineros”, relató la fiscal durante el juicio.

Las comunidades mapuches que fueron víctimas de las estafas del acusado Luis Brañas fueron Manuel Marifilo, Bonifacio, Los Pellines y Chiguau Chico, las que se habían adjudicado fondos para construir una ruka cultural y una sala multitaller e instalar mesas locales de planificación, entre otras iniciativas.

Debido a que el acusado no tenía antecedentes penales y a que la pena que le fue impuesta lo faculta, el juez de Garantía Pablo Yáñez condenó al acusado a cumplir los 5 años de presidio con el beneficio de la libertad vigilada. 

En esta causa fue querellante el Consejo de Defensa del Estado, representada por el abogado Daniel Medina.

 

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