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En prisión preventiva sujeto que protagonizó robo con violencia e intimidación en oficina de Santa Cruz

Obligó a una de las víctimas hacerle entrega de un cheque por 30 millones de pesos que pretendió cobrar poco antes de su detención.

Juzgado de Garantía acoge los argumentos de la Fiscalía y decreta la prisión preventiva como medida cautelar

Juzgado de Garantía acoge los argumentos de la Fiscalía y decreta la prisión preventiva como medida cautelar

Los hechos que comienza a investigar la Fiscalía local de Santa Cruz se registraron el día de ayer en la mañana cuando una funcionaria dependiente de una empresa en pleno centro de Santa Cruz llegó a su lugar de trabajo acompañada de una segunda mujer. En esa oportunidad hizo ingreso el imputado, quien las intimidó y maniató para apropiarse de diversas especies. A los pocos minutos el propietario de la oficina llegó hasta el lugar a quien el encausado de la misma forma lo intimida con un arma a fogueo y lo maniata, obligándolo a que le hiciera entrega de un cheque por la suma de 30 millones de pesos.

Fue así como el sujeto se desplaza hasta una sucursal bancaria haciéndose acompañar a la fuerza de una de las víctimas, instante en que Carabineros lo detiene luego de ser alertados por una de las víctimas que se encontraba en la oficina, logrando en ese instante reducirlo y recuperar las especies que había sustraído minutos antes, al igual que el documento bancario.

Esta mañana la fiscal adjunto de Santa Cruz, Carmen Gloria Agurto lo formalizó por el delito de robo con violencia e intimidación con pluralidad de víctimas, consiguiendo que el Juzgado de Garantía de esa ciudad decretara la prisión preventiva en contra del sujeto, identificado como Sebastián Valdes Gomez, por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad.

Cabe señalar que este imputado se encontraba condenado a 15 años y un día por delitos de la misma especie, pero incumpliendo un beneficio de libertad condicional otorgada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua en Agosto del año pasado, cuestión que la Fiscalía hizo ver en la audiencia de este martes.

El plazo para el cierre de la investigación se fijó en 60 días.

 

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