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Fiscal Moya formalizó al sargento de Carabineros que causó muerte de niño de 6 años durante procedimiento policial

En el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago se concretó el lunes 26 de julio la audiencia de formalización de cargos contra el sargento primero de Carabineros, O.V.H., quien provocó la muerte de un niño de 6 años, en el contexto de un tiroteo en medio de una “encerrona”.

Sergio Moya, Fiscal Adjunto de Alta Complejidad

Sergio Moya, Fiscal Adjunto de Alta Complejidad


En el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago se concretó el lunes 26 de julio la audiencia de formalización de cargos contra el sargento primero de Carabineros, O.V.H., quien provocó la muerte de un niño de 6 años, en el contexto de un tiroteo en medio de una “encerrona”.

El Fiscal de Alta Complejidad Occidente, Sergio Moya, formalizó al funcionario policial por Cuasidelito de Homicidio, por lo que calificó como un actuar “temerario e imprudente”, al utilizar su arma de servicio en la vía pública y con transeúntes y automóviles circulando, lo que causó la muerte del menor.

El hecho ocurrió a fines de febrero pasado en Maipú, cuando policías de civil de la sección SIP de Carabineros realizaban labores de vigilancia y advirtieron una “encerrona” e intercambiaron tiros con los antisociales. Una madre, quien se desplazaba en otro vehículo junto a su hijo, y que no tenía nada que ver con el incidente, se atravesó en la línea de fuego, lo que produjo la muerte del pequeño Itan.

Audiencia en el 9 JG

“Dicho disparo, el que la causa la muerte al menor, se ejecutó de manera imprudente y temeraria, considerando la cercanía, entre 10 y 20 metros aproximadamente, de diversas personas ajenas al procedimiento, mayores y menores de edad que se encontraban en la calzada y en la vereda”. De esa forma, se refirió el Fiscal Moya respecto al suboficial que ese día efectuó varios tiros con su pistola de 9 mm marca Taurus. Sin embargo, el persecutor descartó dolo en el actuar del policía.

Tras escuchar al Ministerio Público y a la defensa del imputado, el Tribunal decretó la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional, y un plazo de indagación de 90 días.

 
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