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Fiscalía Occidente amplía formalización por bloqueo de acceso a ruta de Aeropuerto en Pudahuel

Fiscal Claudio Álvarez precisó que investigados en la causa ya suman diez personas, casi todos dirigentes que organizaron la movilización de pasado 4 de septiembre

Fiscal Claudio Álvarez durante la audiencia realizada en Santiago.

Fiscal Claudio Álvarez durante la audiencia realizada en Santiago.

Con la medida cautelar de arraigo nacional, quedaron los cinco dirigentes del gremio de taxis, que fueron formalizados por la Fiscalía Occidente por su responsabilidad en la organización de  una movilización sectorial que, en septiembre pasado, significó la paralización de la ruta de ingreso y salida del principal terminal aéreo de Santiago.

Con la formalización de los dirigentes Francisco Osorio, Andrés Torrejón, John García, Manuel Roa, Sandra Ruiz y Carlos Espinoza, verificada en sede del Centro de Justicia de Santiago, la cifra de personas investigadas aumentó a diez en total.

Al respecto, el juez de garantía Fernando Guzmán, fijó un plazo de cierre de la indagación de 120 días, el que rige desde el pasado 8 de septiembre, fecha en que se formalizó a los primeros cinco imputados.

Respecto de las formalizaciones, el Fiscal Adjunto de Pudahuel Claudio Álvarez, explicó que las figuras penales están contenidas en la Ley 12.977 de Seguridad del Estado que en sus letras c y d sanciona a los que inciten, promuevan o fomenten, o de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública; o destruyan, inutilicen o impidan el libre acceso a puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes.

El pasado 4 de septiembre y por cerca de 4 horas, cientos de taxis — y en razón de una demanda sectorial— bloquearon la única ruta que lleva, y permite salir, desde el aeropuerto ubicado en la comuna de Pudahuel. Ello significó que una ambulancia no lograra acceder hacia el lugar donde se encontraba un turista brasileño que había sufrido una descompensación de salud, en virtud de la cual, falleció pese a haber sido socorrido tras un operativo aéreo.

De acuerdo a la información expuesta en audiencia, el impacto de la movilización significó que más de 600 personas perdieran sus vuelos para salir del país, y otras cuatro mil debieran reprogramar sus viajes aéreos o traslados terrestres.

En la audiencia, además de la Fiscal Claudio Álvarez estuvo presente como querellante la jefa del equipo jurídico de la Intendencia Regional, Pamela Cisternas.

 

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