FiscalíasRegión de Los Lagos

07/08/2017

Caso Sename: Fiscalía formalizó por apremios ilegítimos a tres funcionarios de Cread Galvarino

Hechos ocurrieron entre agosto de 2015 y mayo de 2016 y víctimas son 3 menores de 11, 8 y 7 años de edad. Al término de la audiencia se fijaron las medidas cautelares de arraigo nacional y la prohibición de acercarse a las víctimas.

En el Séptimo Juzgado de Garantía se realizó la audiencia de formalización.

Como autores del delito consumado de apremios ilegítimos del artículo 150 A del Código Penal, la Fiscalía formalizó hoy a tres funcionarios del Cread Galvarino, mismo centro donde en abril de 2016 falleció la menor Lissette Villa Poblete. Los hechos expuestos en la audiencia llevada a cabo ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, tuvieron lugar entre agosto de 2015 y mayo de 2016

La formalización estuvo a cargo de los fiscales Erika Vargas y Marcello Sambuceti, quienes forman parte del equipo de investigadores liderado por el Fiscal Regional de Los Lagos, Marcos Emilfork Konow y que indaga el fallecimiento de niños, niñas y adolescentes en centros de administración directa o de organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores, Sename.

Al término de la audiencia, el Fiscal Jefe de Puerto Montt, Marcello Sambuceti, señaló que “de acuerdo a la investigación que hemos llevado a cabo hemos podido ir determinando distintos hechos de apremios respecto de los niños que se encuentran en dicho centro. De esa manera hemos podido advertir que hay también actuaciones que dicen relación con ocultar cierta información que ha sido objeto de la investigación, en particular en relación con las denuncias de propios niños de los hechos ocurridos al interior del centro. De esa manera hemos podido ir acopiando información, teniendo las declaraciones de los niños y también de otras personas que también trabajan en el centro y que han permitido el día de hoy llevar a cabo la audiencia de la formalización y que el tribunal acogiera al menos en parte las medidas cautelares, estableciendo que los niños se encuentran privados de libertad en el centro de Sename y por otra parte también respecto de los apremios que sufrieron”.

Sambuceti asimismo indicó que “nos encontramos frente a acciones que se trata de violencia ejercida  en contra de los niños en el interior de un centro y por agentes del Estado”. Apuntó que se trata de hechos “reiterados en el tiempo” y que “nos han podido ir dando cuenta de que al interior del Cread Galvarino se ejercía la violencia sistemática en contra de los niños”.

Según lo señalado por los persecutores durante la audiencia de formalización los imputados “desempeñaron sus labores, aplicando apremios ilegítimos, tratos crueles y degradantes a distintos niños del Centro, transformándose dichos comportamientos en prácticas abusivas, de carácter reiteradas que violentaron los derechos fundamentales de esos niños y niñas”.

Es en ese contexto que el  25 de agosto de 2015, el coordinador de turno, L. L. E., lanzó a un niño de 11 años fuera de la cama al tirar violentamente el colchón sobre el cual se encontraba, golpeándose la víctima en la cara. El segundo de los hechos, tuvo lugar el 24 de Marzo de 2016 cuando el educador de trato directo, L. C. S., le exigió a uno de los menores, de 8 años de edad, que saliera de una de las casas del centro, para luego seguirlo y lo golpeó por detrás con una patada en las piernas, cayendo el niño contra el suelo, lo que le causó llanto y dolor.

El día 4 de mayo de 2016 ocurrió el tercero de los hechos formalizados, oportunidad en que uno de los niños de 7 años de edad se encontraba boca arriba en el suelo y era sujetado de sus brazos por una educadora de trato directo del centro, el imputado J.A.B.  presionó uno de sus pies contra el pecho del niño, provocándole una lesión equimótica en el tórax anterior, de carácter menos grave

Durante la audiencia la Fiscalía solicitó las medidas cautelares de firma mensual, la prohibición de asistir a centros, residencias u hogares del Sename o de organismos colaboradores, arraigo nacional y la prohibición de acercarse a las víctimas, siendo acogidas sólo las dos últimas por el juez  Patricio Álvarez.

En la audiencia también se discutieron las medidas cautelares de una de las imputadas en la muerte de Lissette Villa, quedando con firma mensual y arraigo nacional.