FiscalíasRegión de Valparaíso

30/01/2015

Condenan a socios de corredora por estafas a postulantes de subsidio habitacional

Uno de los acusados fue sentenciado con 5 años y un día de cárcel efectiva.

Fiscalía Local de Valparaíso

La Fiscalía de Valparaíso logró la condena de los socios de una corredora de propiedades por 12 delitos de estafa perpetrados en perjuicio de un grupo de personas que les confió sus ahorros para adquirir su casa propia.

El caso fue investigado por el fiscal Gonzalo Marks Vega, quien llevó a juicio a Dona Baeza Muñoz y a Enrique López Jorquera, por delitos perpetrados entre los años 2008 y 2009.

Los imputados administraban la firma de corretaje de propiedades “Casa propia”, al tiempo que, en algunas oportunidades, aseguraron a los afectados que eran o estaban asociados a egis (empresa de gestión inmobiliaria social) y tramitaban todo lo necesario para que los interesados pudieran adquirir o aplicar sus subsidios en viviendas definitivas.

Baeza fue condenada a dos penas de 541 días de cárcel por 8 delitos de estafa, mientras que López fue sentenciado a 5 años y un día por diez delitos, los cuales deberá cumplir de manera efectiva conforme a la resolución del tribunal. Cada uno, además, deberá responder con 15 UTM de multa.

Los acusados habían solicitado distintos montos de ahorro para la vivienda que habían realizado con mucho esfuerzo los postulantes, apropiándose de sumas que van entre el millón a los cinco millones de pesos.

El fiscal Gonzalo Marks señaló que en la mayoría de los casos los afectados perdieron sus subsidios, ya que no pudieron aplicarse los beneficios estatales a las viviendas definitivas que habían sido prometidas por los corredores de propiedades.

En otros casos, los pretendidos propietarios habían hecho incluso mejoras en las viviendas entregadas, pero igualmente las perdieron ya que pertenecían a otras personas o no habían adquirido la propiedad legal de ellas.

La defensa de los acusados intento ante el tribunal oral en lo penal de Valparaíso acreditar que estos hechos correspondían a problemas de incumplimiento de obligaciones civiles, pero la prueba presentada por el fiscal Marks permitió establecer que se trataban de delitos reiterados de estafas, con aprovechamiento de la urgente necesidad que tenían las víctimas de contar con subsidio o encontrar casa.

Una de las tantas víctimas valoró el trabajo efectuado por la Fiscalía, especialmente porque no tenían muchas expectativas de que la justicia terminara condenando a los acusados.