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Viña del Mar: universitario imputado por inédita clonación virtual de tarjetas

En poder del estudiante de ingeniería se encontraron casi 20 millones de pesos. Conjugó números al azar y algoritmos para crear un sistema que sorteara los controles del comercio.

El caso lo lleva el fiscal Pablo Bravo

El caso lo lleva el fiscal Pablo Bravo

La Fiscalía local de Viña del Mar formalizó hoy investigación por una inédita clonación de tarjetas virtuales, de millonario rédito, imputada a un estudiante universitario entre cuyas víctimas figuran ciudadanos extranjeros.

De acuerdo con las investigación dirigida en los últimos meses por el fiscal Pablo Bravo, con la cooperación de la brigada del Cibercrimen de la PDI, el estudiante de ingeniería electrónica, G.D.P de 21 años, creó tarjetas de crédito virtuales (en la red, sin necesidad de contar con sus equivalentes de plástico), y mediante un sistema que conjugó números al azar y algoritmos logró que el sistema formal las reconociera como válidas y pudiera con ella realizar millonarias compras en el comercio establecido.

La acción fue reconocida por el imputado una vez que fue detenido y allanado su domicilio, ocasión durante la cual se encontraron casi 20 millones de pesos en efectivo, producto de la venta de especies adquiridas de esa forma, y reducidas mediante su venta a terceros, para cubrir sus gastos personales.

El caso llegó a manos de la fiscalía tras una denuncia formulada por Transbank, conforme a la cual una serie de compras, por cerca de ocho millones de pesos, efectuadas en horas de la madrugada, levantaron alertas que permitieron detectar el engaño.

El imputado, además, realizaba mediante las mismas tarjetas el pago de cuentas por servicios básicos. Desde julio del año pasado, cuando habría comenzado a operar, se calcula que pudo haber efectuado más de 200 operaciones de compra y pago, por un total de 30 millones de pesos.

El estudiante fue formalizado por el delito de uso malicioso de tarjeta de crédito, en carácter de reiterado, quedando con firma mensual y arraigo nacional. El tribunal fijó en seis meses el plazo de investigación.

 

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