FiscalíasRegión de Tarapacá

06/01/2015

Tarapacá: Fiscalía apeló a decisión de juez que fijó “fianza” para imputado por homicidio

Juzgado de Garantía estimó que era posible fijarle al imputado una caución de 2 millones de pesos para que recupere su libertad. Fiscalía apeló en la audiencia, por lo que el sujeto se mantiene en prisión preventiva hasta que su caso no sea resuelto por la Corte de Apelaciones de Iquique.

La Fiscalía buscará ante la Corte de Apelaciones que se decrete la prisión preventiva efectiva del imputado.

Pese a la solicitud de la Fiscalía de que se decretara la prisión preventiva efectiva del imputado Fredy Mardones Osses, detenido por el homicidio de su hermano Hector Arias Osses este fin de semana recién pasado, el magistrado Mauricio Chía resolvió que era posible fijarle una caución de 2 millones de pesos para que se mantenga en libertad mientras dura la investigación.

La Fiscalía apeló verbalmente a dicha resolución, ya que estima que el imputado debe permanecer en prisión preventiva, dada la gravedad del delito y de la pena asignado al mismo, que parte en 10 años y un día de presidio. La apelación deberá ser resuelta el día de mañana (miércoles) por la Corte de Apelaciones de Iquique.

En la audiencia de hoy, la fiscal Paola Apablaza explicó que los hechos ocurrieron el 4 de enero recién pasado, cerca de las 5 de la mañana, cuando el imputado se encontraba bebiendo alcohol junto a la víctima, en el domicilio de ambos, ubicado en calle Covadonga, sector El Morro, Iquique. En esa situación, el imputado le propinó a su hermano una estocada con un cuchillo en la clavícula, lesionándole la aorta y el pulmón izquierdo, lo que le provocó la muerte en el mismo lugar.

A juicio de la fiscal, estos hechos constituyen el delito de homicidio simple, por lo que solicitó la prisión preventiva del imputado. Sin embargo, el magistrado Chía estimó que la prisión preventiva sólo tenía la finalidad de asegurar la comparecencia del imputado mientras dura la investigación, ya que estimó que no era un peligro para la seguridad de la sociedad, al poder beneficiarle varias atenuantes, como la colaboración sustancial y el hecho de haberse denunciado. Es así que fijó una caución de $2 millones para que pueda recuperar su libertad, resolución que fue apelada por la Fiscalía.