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Juicio por Caso Muebles: Condenan por cohecho a empresario y a funcionario del Gore

En este segundo juicio oral, que duró cinco meses, el Tribunal resolvió de manera similar al primer juicio oral, condenando a los dos mismos acusados, por los mismos ilícitos y sólo aumentando el número de falsificaciones de instrumento público respecto de uno de los condenados.

La sentencia se conocerá el próximo 15 de octubre.

La sentencia se conocerá el próximo 15 de octubre.

Tras el término del segundo juicio oral  por el Caso Muebles, el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique resolvió condenar al ex jefe (s) del departamento del Inversiones del Gobierno Regional de Tarapacá y encargado de los proyectos Jorge Jacobs, por los delitos de cohecho y dos falsificaciones de instrumento público, así como al empresario Gianpiero Cánepa por el delito de soborno y dos delitos tributarios. Los restantes diez acusados fueron absueltos de todos los cargos.

En la lectura del veredicto, el Tribunal dio por acreditado que el funcionario público Jorge Jacobs solicitó al empresario Cánepa, y éste le pagó,  una suma consistente en más de 70 millones de pesos con el fin de  facilitar la adjudicación y ejecución de los proyectos de reposición escolar para los colegios de Iquique y Arica. De igual forma, se acreditó que el acusado Jacobs falsificó dos documentos públicos relacionados con los proyectos, y que Cánepa no pagó los impuestos por los dineros recibidos y usó su condición de usuario de Zona Franca para defraudar al Fisco.

En relación a la serie de irregularidades detectadas respecto del diseño, licitación, control, ejecución y pago de las tres proyectos cuestionados, y que para la Fiscalía configuraban, entre otros, el delito de fraude al Fisco, el Tribunal estimó que si bien se apreció una serie de prácticas administrativas que eventualmente pudieran estimarse irregulares y contrarias a ley y reglamento, ejecutadas por todos los funcionarios del Gore que intervinieron en la tramitación de esos proyectos, “también se constató que parte significativa de ellas buscaban alcanzar las metas de ejecución presupuestaria impuestas a nivel central (…), y derechamente obedecieron a la falta de debida diligencia y cuidado en el cumplimiento de sus deberes funcionarios, lo que generó un gran desorden administrativo al interior de dicha repartición”. Sin embargo, para el Tribunal esta coyuntura no dio cuenta que en los acusados existiera una intención real y manifiesta de defraudar al erario fiscal, o en consentir que otro lo defraudare,  mediante la sustracción de tales recursos por parte del contratista Cánepa.

Al término de la audiencia, el fiscal jefe de Iquique, Gonzalo Guerrero, señaló que si bien no se comparte en su totalidad el fallo del Tribunal, la Fiscalía ha cumplido con su labor de investigar los hechos que puedan constituir delito y llevarlos a juicio cuando así corresponde. Señaló que si bien éstas son causas complejas, que implican un importante esfuerzo de investigación por parte del órgano persecutor y las policías, “la Fiscalía ha cumplido con su función pública en forma adecuada, apegada a la ley, y es el Tribunal el que ha resuelto de la manera que lo ha hecho”.

El fiscal agregó que, en este caso, el Ministerio Público está impedido de presentar un nuevo recurso de nulidad en contra de la resolución dictada.

La sentencia se conocerá el próximo 15 de octubre, a las 13:10 horas.

 

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