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Fiscalía logra condena de aduaneros y militares bolivianos por robo con violencia

El tribunal de Pozo Almonte los condenó a todos además por el delito de contrabando, y en el caso de los dos militares por el delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida.

Fiscal Jefe de Pozo Almonte, Hardy Torres fue quien lideró la investigación.

Fiscal Jefe de Pozo Almonte, Hardy Torres fue quien lideró la investigación.

Acogiendo los planteamientos de la Fiscalía, el juzgado de garantía de Pozo Almonte resolvió condenar a los nueve ciudadanos bolivianos detenidos en marzo de este año cerca de la frontera, a la pena de 3 años y un día de presidio como autores de los delitos de robo con intimidación y violencia cometido en contra de dos choferes chilenos.

Los dos militares bolivianos también fueron condenados a la pena de 3 años y un día de presidio por el delito de porte ilegal de armas de fuego prohibidas, y todos los acusados deberán pagar una  multa de $32 millones por el delito de contrabando.

Dado el rango de las penas fijada y que los acusados no tenían condenas previas, el tribunal les sustituyó el cumplimiento de la pena por la expulsión del país, al que no podrán ingresar por el plazo de 10 años en el caso de los funcionarios de aduana, y 20 años en el caso de los militares.

“Estamos satisfechos con la sentencia, el tribunal ha compartido los planteamientos de la Fiscalía, ha valorado la investigación que hemos realizado, que ha sido seria y objetiva, y ha condenado por los delitos por los que nosotros acusamos. (…) El tribunal fue claro en que el accionar de los acusados no podía estar amparado en un plan de acción contra el contrabando. No es posible aquí ni en Bolivia, que un funcionario público, ante un delito flagrante, simplemente no detenga ni ponga a disposición de las autoridades competentes a quienes estarían cometiendo el delito y simplemente se lleven las especies producto de aquel ilícito, como ocurrió en este caso”, afirmó el fiscal Hardy Torres.

Las condenas se lograron tras la realización de un juicio abreviado que fue propuesto por el fiscal a cargo de la causa a los imputados, y por el cual éstos aceptaron los hechos de la acusación, aunque de todas formas solicitaron su absolución, por estimar que todos los actos fueron realizados en el marco de un acción de combate al contrabando.

En el juicio, el fiscal dio cuenta de todos los antecedentes recogidos durante la investigación que acreditaban los ilícitos, como las declaraciones de las víctimas y de los funcionarios de Carabineros que participaron en la detención de los imputados, y los peritajes que acreditaron que los hechos ocurrieron en territorio chileno, tanto el realizado por la Dirección de Fronteras y Límites del Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores, y por Labocar, sobre las evidencias físicas encontradas en el lugar.

La expulsión de los condenados podrá concretarse una vez que la sentencia quede ejecutoriada y se pague la multa impuesta, por lo que en tanto, permanecerán en prisión preventiva en el centro de cumplimiento penitenciario de Alto Hospicio.

 

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