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Tarapacá: En prisión preventiva quedó sujeto que reconoció a hija que no era suya

El imputado, de nacionalidad peruana, fue detenido por la Policía de Investigaciones, luego que la Fiscalía de Pozo Almonte solicitara su orden de detención judicial.

La Fiscalía de Pozo Almonte junto a la Policía de Investigaciones han estado a cargo de la investigación de estos hechos.

La Fiscalía de Pozo Almonte junto a la Policía de Investigaciones han estado a cargo de la investigación de estos hechos.

Acogiendo la petición de la Fiscalía, el juzgado de garantía de Pozo Almonte decretó la prisión preventiva del imputado Víctor Carrión León, quien en septiembre del año pasado reconoció como hija a una menor con la que no tenía ningún tipo de relación parental.

En la audiencia de formalización, el fiscal subrogante de Pozo Almonte, Jócelyn Pacheco, explicó que el 29 de septiembre del año pasado, el imputado concurrió a la oficina del Servicio de Registro Civil de dicha localidad, donde ante el oficial a cargo manifestó que era el padre biológico de la menor B.P.C. y expresó su voluntad de reconocerla, por lo cual firmó el acta de reconocimiento de hijo, pese a saber que no era el padre de la menor.

Esta situación generó, en diciembre del año pasado, la denuncia de la madre biológica de la niña, una vez que se dio cuenta de la situación, iniciando la Fiscalía de Pozo Almonte una investigación junto a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. “Hemos reunido numerosa prueba documental y testimonial que confirma que el imputado no es padre de la menor y que realizó tales acciones en pleno conocimiento de aquello. Incluso, en su propia declaración ante la policía, señaló que lo hizo porque un amigo y la abogada de éste se lo pidieron y le aseguraron que lo ayudarían a conseguir la visa de residencia”, explicó la fiscal.

La Fiscalía formalizó a Víctor Carrión León como autor de los delitos de falsificación de instrumento público y usurpación de estado civil, por lo que solicitó su prisión preventiva, dada la gravedad de los delitos y las penas asignadas a los mismos. El juzgado de garantía acogió la solicitud, por ser la libertad del imputado un peligro para la seguridad de la sociedad y por el peligro de fuga. Se fijó un plazo de 120 días para la investigación.

 

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