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Comenzó el primer juicio en Chile sobre trata de personas con fines de explotación laboral

Fueron 55 extranjeros que el año 2011 debieron ser asistidos por la Unidad de Víctimas de la Fiscalía en el marco del denominado caso “Paraguayos”.

En mayo del año 2011 se inició esta causa donde los extranjeros fueron asistidos como víctimas de esta causa.

En mayo del año 2011 se inició esta causa donde los extranjeros fueron asistidos como víctimas de esta causa.

A eso de las 8:30 horas de esta mañana, en el Tribunal Oral en lo Penal de Santa Cruz, se dio inicio al juicio sobre trata de personas y tráfico de migrantes que registra mayor cantidad de víctimas, desde que  en abril del 2011 entró en vigencia la modificación a la Ley 20.507, que incluyó nuevos tipos penales.

Durante la jornada de hoy, los fiscales Sergio Moya, Víctor Bobadilla y los querellantes del Ministerio del Interior y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, participaron de los alegatos de apertura, donde la defensa esbozó por primera vez que el control de la empresa y sus diversas gestiones, recaía en manos de Francisco Javier Errázuriz.   

Fue el 19 de mayo del año 2011, en que la Fiscalía que dirige el Fiscal Regional de O’Higgins, Luis Toledo, tomaba conocimiento de que una gran cantidad de ciudadanos paraguayos se encontraba en precarias condiciones al interior de unos predios agrícolas en la provincia de Cardenal Caro.

Inmediatamente la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía se dirigió hasta el secano costero de la Región, para prestar orientación, protección y apoyo. El 25 de mayo de 2011, fueron trasladados hasta Rancagua los ciudadanos paraguayos que denunciaban estar siendo explotados laboralmente, prestando declaración ante 9 fiscales en una maratónica jornada que se vivió al interior de la sede del Ministerio Público de la capital Regional.

Poco a poco se fueron conociendo más antecedentes sobre el traslado y permanencia de las víctimas, quienes fueron captados en Ciudad del Este, Caaguazú y Ciudad Franco, todas localidades de Paraguay, y desde donde fueron trasladados entre los meses de febrero y mayo de ese 2011, hasta tres fundos de propiedad del empresario chileno Francisco Javier Errázuriz ubicados en la provincia de Cardenal Caro, en la Región de O'Higgins. Este traslado, según las versiones de las víctimas, se efectuó  con engaño bajo la promesa de condiciones de vida y laborales que nunca se cumplieron.

A fines de octubre de ese año, se formalizó a Blas Cardozo Bogado y María Paz Guerra Fuenzalida, trabajadores de alta confianza de la empresa Errázuriz, y quienes habrían participado en la captación, traslado y permanencia en nuestro país de los paraguayos.

Tras varios intentos que la Fiscalía hizo por formalizar al empresario, esta diligencia no fue posible, dado que varios informes médicos respecto de la salud de Errázuriz, motivaron a la que la causa fuera sobreseída temporalmente y parcialmente respecto de él.

 

NUEVA ASISTENCIA A VICTIMAS

Cabe señalar que en el mes de febrero de este año 2015, la Fiscalía de O’Higgins logró evitar un nuevo delito del que parte de estas víctimas serían objeto. En el paso Internacional Los Libertadores, la Fiscalía interceptó una caravana de 5 vehículos que trasladaba a una veintena de estos mismos ciudadanos paraguayos, quienes eran traídos por un abogado de ese país, y quien les pretendía cobrar bajo engaño, diversas sumas de dinero por gestionar, supuestamente, el cobro de la indemnización del juicio laboral que había fallado en favor de los trabajadores.

De inmediato se le impidió al abogado el ingreso a Chile por no estar facultado para ejercer su profesión en nuestro país, y nuevamente el equipo de la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía de O’Higgins debió asistir a los extranjeros, coordinando además con la Defensoría Laboral el pago de esta indemnización.

Durante esta nueva estadía en Chile, los paraguayos prestaron declaración en el Juzgado de Garantía de Pichilemu como prueba anticipada a este juicio, el que pudiera extenderse por un mes aproximadamente, y donde la Fiscalía pretende conseguir penas que totalizan 20 años de presidio para cada uno de los imputados.

Cabe señalar que diversos estudios internacionales revelan que Paraguay es uno de los países que exporta mayor cantidad de víctimas de delitos de trata, sin embargo nunca las autoridades de ese país habían registrado tal volumen de personas vulneradas que se dio en este caso, por lo que siguen atentamente esta causa, a través de la unidad especializada de Trata de Personas del Ministerio Público del Paraguay.

 

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