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Para el 2 de septiembre queda fijada audiencia de suspensión condicional en investigación por accidente de bus y camión en Autopista del Sol

La Fiscalía Regional Metropolitana Occidente había solicitado audiencia para debatir dicha salida alternativa.

Sexto Juzgado de Garantía de Santiago

Sexto Juzgado de Garantía de Santiago

El 23 de noviembre de 2010, 20 personas murieron tras impactar el autobús en el que se movilizaban con un vehículo de carga. La Fiscalía imputó cargos a ocho imputados por cuasidelito de homicidio y cuasidelito de lesiones. En caso de ir a juicio oral las penas probables, según la ley vigente, son de muy baja intensidad, mientras que mediante la salida alternativa de suspensión condicional se puede aspirar a fijar indemnizaciones y condiciones más satisfactorias para las víctimas.

Para este martes había sido fijada la audiencia pedida por la Fiscalía Occidente -a través de los fiscales Leonardo Tapia y Heriberto Reyes- al Sexto Juzgado de Garantía de Santiago para debatir la salida alternativa de suspensión condicional del caso ocurrido el 23 de noviembre de 2010, en el que tras colisionar un bus interurbano de la empresa Turbus con un camión, murieron 20 personas.

Sin embargo, la audiencia debió suspenderse luego que el tribunal advirtiera que las víctimas no fueron notificadas en su totalidad.

“Lo que ocurrió es un tecnicismo procesal, la audiencia no se pudo llevar a cabo, porque del total de las víctimas, que son muchas, había cinco que no alcanzaron a ser notificadas, por distintas razones y el tribunal estimó que la presencia de ellas era esencial para ser oídas, puesto que es su derecho”, explicó el fiscal Heriberto Reyes.

Así, luego de fijar la condicionante de notificar a las víctimas pendientes, la audiencia se postergó para el 2 de septiembre, y el plazo de investigación quedó ampliado, para dar cobertura a las diligencias pendientes, pedidas tanto por las defensas como por las víctimas.

Consultado por el descontento manifestado por un grupo de víctimas ante la decisión de la Fiscalía, Reyes explicó que “la Fiscalía, haciendo un análisis de los antecedentes, ha estimado que la solución más idónea para este caso, no es llevarlo a un juicio oral, sino una suspensión condicional, que además entre otras cosas contempla indemnizaciones y otro tipo de condiciones para los imputados, lo que da satisfacción al porcentaje mayoritario de las víctimas. No podemos desconocer que hay otro grupo, minoritario, que no está de acuerdo, que rechaza la suspensión condicional, lo que es legítimo, y por tanto, estando el plazo vigente hay que estar atentos a cuáles son sus requerimientos, lo mismo de parte de las defensas”.

 

Contradicción y desacuerdo

Consultado por la aparente contradicción entre solicitar una salida anticipada al caso y la existencia de diligencias pendientes solicitadas por las víctimas y defensas, el fiscal Reyes explicó que “la Fiscalía lo que intenta hacer, es una proposición de salida alternativa y de condiciones, que finalmente debe resolver el tribunal. Existe la posibilidad que el tribunal no apruebe y en ese caso se debe continuar una tramitación ordinaria, por lo tanto, no podría paralizarse la investigación, por el hecho de que la Fiscalía aspire a una salida alternativa”.

Asimismo, el fiscal Reyes indicó que “la Fiscalía ha ponderado que en el mejor escenario de un juicio oral, las penas probables, en ningún caso serían penas efectivas. Los imputados tienen todos al menos dos atenuantes, ninguno tiene condenas previas, la pena que la ley asigna a este tipo de infracciones es bajísima. Por tanto, la pena a lo más se traduciría en ir a firmar, una vez al mes, a Gendarmería. Por lo tanto, una salida alternativa, como la que se pretende exponer al tribunal en la audiencia próxima, da mucha más satisfacción a la mayoría de las víctimas”.

Ante las críticas de víctimas y familiares de no estar notificados de la decisión, Reyes destacó que la Fiscalía cuenta con registro de que “personalmente entrevistamos a cada una de las víctimas y el 75% de ellas, sí está disponible a este tipo de salida. El 25% restante, que no está de acuerdo y que quiere un juicio oral, pueden hacer valer ante el tribunal todas sus objeciones. Los abogados de las víctimas fueron noticiados, hace casi un año, de la posibilidad de una salida alternativa. Las víctimas fueron citadas una a una a nuestras oficinas y les explicamos frontal y clara que la causa no iría a juicio, y que nuestra intención era llevarla a una salida alternativa con tales condiciones. Tenemos registro de que se le informó a las víctimas una a una y de las comunicaciones con sus abogados, de tal manera que las víctimas no fueron sorprendidas con esta audiencia”.

 

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