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Caso contrabando de joyas y relojes: Fiscal Baeza formalizó a dos PDI por cobrar $ 45 millones y “datear” a sospechoso

La investigación, realizada en conjunto con el Departamento V de la Policía de Investigaciones, da cuenta de que ambos funcionarios públicos entregarían información respecto de las indagaciones existentes en su contra, a cambio de importantes sumas de dinero.

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El Fiscal Jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, formalizó el jueves 02 de septiembre, a dos funcionarios de la PDI, un comisario activo y un prefecto en retiro, por los delitos de cohecho y violación de secreto. El Fiscal les formuló cargos por colaborar activamente con un sujeto vinculado a una supuesta red de contrabando de joyas de lujo, que está siendo investigada por la FL Pudahuel y el Departamento V de la PDI desde hace cuatro años.

Durante la audiencia, realizada en el Primer Juzgado de Garantía de Santiago, el persecutor detalló que, entre marzo y junio de 2020, los detectives -en ese momento ambos activos- entregaron información reservada del caso a esta persona y que a cambio solicitaron al menos dos pagos, uno por $30.000.000 y otro por $15.000.000.
Este individuo, afirmó el Fiscal Baeza, se enteró de que su nombre aparecía en la red de contrabando a finales del 2019. "Sin estar seguro del motivo, empezó una búsqueda de contactos que le pudiesen ayudar y entregar información respecto de la investigación. Además de intentar regularizar la situación de sus bienes, obtuvo información por parte de funcionarios de la PDI, a través de dos civiles, quienes desempeñaban los roles de nexos entre él y los funcionarios”, agregó. De acuerdo a los antecedentes del Fiscal, los intermediarios organizaban reuniones presenciales entre los funcionarios policiales y su contratante.
En esa época, el prefecto en retiro se desempeñaba como Jefe de cuartel de la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional. El comisario, en tanto, era el jefe de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac), unidad que investigaba justamente a la red de contrabando de joyas. "El 24 de abril del 2020, el prefecto en retiro y uno de los nexos, concertados con el comisario, se reunieron con el hombre indagado en el centro de Santiago, en un restaurante ubicado en la intersección de las calles Cumming y San Pablo. En esa ocasión explícitamente se le informó que se le investigaba, entre otros delitos, por lavado de activos”, relató el Fiscal.

A comienzos de junio, siempre según el relato del persecutor, el prefecto en retiro, concertado con el comisario, filtró nuevamente información clasificada del caso. En esa oportunidad, afirmó el Fiscal, se subió a un Mercedes Benz, color blanco, por cerca de 50 minutos para informar a esta persona sobre los avances de la investigación en su contra. "Tal fue la información entregada en esta segunda oportunidad, que al otro día llamó a la madre de un hijo en común para manifestarle que ya sabía por qué lo estaban investigando e incluso que ya sabía cuándo podían ir a buscarlo a su casa... Todo indica que incluso tuvo acceso a la carpeta (de investigación)”, añadió.

Los dos funcionarios PDI fueron formalizados por cohecho y violación de secreto, el sujeto indagado y los dos supuestos nexos civiles, por su parte, por el delito de soborno. La jueza Verónica Orozco dictó arresto domiciliario total para el comisario y el prefecto en retiro; y arresto nocturno para el hombre que supuestamente los contrató y los supuestos intermediarios. Fijó, además, un plazo de investigación de 120 días.

 
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