FiscalíasRegión Metropolitana Occidente

22/01/2019

Fiscalía logra condena para autor de homicidio de vecino en Peñaflor

El Tribunal de juicio oral en lo penal de Talagante dictó condena de 5 años de cárcel para Juan Bernales Troncoso.

Fiscal de Talagante, Eduardo Pontigo Riquelme

La Fiscalía de Talagante logró condenada para el autor del homicidio de Emilio Ulloa Roa, fallecido luego de tener un altercado con un vecino, en la comuna de Peñaflor.

El caso fue asumido por el fiscal Eduardo Pontigo Riquelme de la Fiscalía de Talagante, quien fue  el encargado de llevar a juicio oral  al acusado Juan Bernales Troncoso—de 54 años al momento del crimen— por el delito de homicidio simple, tras propinar una puñalada a la víctima, Emilio Ulloa Roa, de 49 años.

El hecho ocurrió a la mañana del 3 de diciembre del año 2016, cuando imputado   y víctima se toparon al interior  del pasaje Llanquihue, en Peñaflor, y mantuvieron una fuerte discusión que, de palabras, pasó a la agresión física.

El ahora condenado, extrajo un arma blanca de sus ropas y propinó una certera puñalada en el abdomen de Emilio Ulloa Roa, que finalmente desembocó en su muerte ese mismo día. El imputado, por su parte, solo tendió a recoger el arma y guardarla para posteriormente dirigirse a su hogar, sin prestar ayuda alguna.

El debate jurídico principal en juicio fue si el imputado actuó o no en legítima defensa. Sin embargo las diversas fuentes presentadas, además de los testigos, corroboraron que el acto cometido no fue por legítima defensa en razón de que no hubo una primera intensión de golpe por parte de la víctima.

“Acá el hecho se basa en si existía o no, una agresión ilegítima. Y se logró establecer que, efectivamente, el imputado fue quien golpea primero a la víctima y por lo tanto no hay una agresión ilegítima por parte de la víctima hacia el imputado, sino que al revés. El fallo es importante en cuanto a cómo se van a examinar cada uno de los elementos de la legítima defensa”, comenta el fiscal de Talagante, Eduardo Pontigo Riquelme.

El imputado estuvo en prisión preventiva a partir del día 4 de diciembre del año 2016, y ahora debe cumplir con la pena impuesta de 5 años y un día de presidio, más costas, accesorias legales e incorporación de su huella genética al registro de ADN.