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Fiscalía logra prisión preventiva para proveedores de municiones ilegales

Investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente permitió sacar casi 7 mil cartuchos de diferentes calibres.

Fiscal José Solis, es parte de los fiscales de la unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente

Fiscal José Solis, es parte de los fiscales de la unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente

Por su responsabilidad en la venta de municiones ilegales, conducta constitutiva de delitos a la   ley de control de armas y explosivos y tráfico de armas de fuego, el fiscal de Alta Complejidad José Solis Ñancucheo formalizó a dos imputados de la ciudad de Villarrica, respecto de quienes el tribunal de Garantía de Santiago resolvió su prisión preventiva.

De acuerdo a lo detallado en audiencia por el Fiscal Solis, a partir de una investigación iniciada en la jurisdicción de la Fiscalía Metropolitana Occidente se pudo establecer que los imputados Mario Larrachea y Ricardo Astudillo, ambos con domicilio en la ciudad de Villarrica, eran proveedores de armas y municiones ilegales a particulares de todo tipo y de distintas zonas del país, entre ellos delincuentes que operaban en la comuna de Maipú.

En las últimas horas, las diligencias a cargo de efectivos del Departamento de Investigación Criminal (OS9) de Carabineros y en virtud de una orden judicial, permitieron el allanamiento de los domicilios de ambos imputados así como el de compradores de municiones y armamentos que fueron identificados durante la etapa de investigación desformalizada,  desarrollada durante más de un año de investigación, en sus domicilios de Villarrica, Pitrufquén, Cunco y Panguipulli, entre otros, lo que permitió la incautación de aproximadamente 7 mil cartuchos de diferentes calibres y armas de fuego.

Ambos imputados, Larrachea de 58 años y Astudillo de 35 años, están vinculados al rubro de las armerías, y generaban un tráfico de mercancías con aparente rasgos de licitud, situación que fue descubierta por la Fiscalía de Alta Complejidad de la zona Occidente.

A partir de la formalización de cargos realizada por el fiscal José Solis, el Noveno Tribunal de Garantía de Santiago fijó al Ministerio Público un plazo de 90 días de investigación  para el cierre de la misma periodo en el cual – explicó la autoridad- se trabajara en determinar el origen del armamento y su forma de ingreso al país, hasta llegar a manos de los imputados.

 

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