FiscalíasRegión de Magallanes y de la Antártica Chilena

08/08/2011

Punta Arenas: Condenado por estafar al Fisco de Chile

El Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, acogió además la demanda civil

Juicio Oral

Juan Carlos Araneda Ruiz, fue condenado hoy,  sesenta y un días de presidio efectivo, a una multa de 3 Unidades Tributarias Mensuales, a la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y al pago de las costas de la causa, en calidad de autor del delito de estafa, en perjuicio del Fisco de Chile.

El Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, acogió además la demanda civil deducida por el Fisco de Chile en contra del acusado, condenándolo a pagar la suma de quinientos cuatro mil cuatrocientos ochenta y tres pesos, más reajustes e intereses corrientes, que resulten desde la fecha en que esta sentencia quede ejecutoriada y la época del pago efectivo.

Cabe recordar que durante el juicio,  el Fiscal Jefe de Punta Arenas, Felipe Aguirre Pallavicini, indicó  que el delito se perpetró durante el año 2007 siendo el acusado ejecutivo comercial y gerente comercial de una empresa de capacitación (OTEC).

Añadió que durante ese tiempo el acusado le propuso a la dueña de la empresa, hacerse cargo de la capacitación de guardias de seguridad, manifestándole que él asumiría todas las gestiones, por su experiencia en el rubro, a lo que ella accedió. De esta forma y en el mes de mayo de 2007, el acusado formuló la presentación de un proyecto ante el “Servicio de Capacitación y Empleo, XII Región” – SENCE- ,  con el fin de obtener la bonificación por costos de formación en la empresa y la bonificación por costos de enseñanza, las cuales tenían como exigencias, que el empleador tuviese contratados en calidad de aprendices a personas de entre quince a veinticinco años de edad,  por una duración máxima de dos años, con un sueldo establecido en ciertos rangos predeterminados por el mismo legislador.  

El Fiscal agregó que para este fin, Araneda, procedió a publicar avisos en la prensa, promoviendo cursos gratuitos de guardia de seguridad, como también hizo firmar a los jóvenes un contrato de trabajo.

Con estos antecedentes, el acusado ingresó la solicitud respectiva ante el SENCE y efectuó un curso de capacitación, en el cual, el mismo participó como relator. De esta forma, el personal del SENCE, mediante su Director Regional, autorizó el pago en el mes de junio, de la suma de $3.233.500-. por concepto de “bonificación por costos de enseñanza” (equivalente a 10 unidades tributarias mensuales (UTM) por cada aprendiz)  y de $517.500-. por “bonificación por costo de formación de los aprendices”,  montos que transfirió a las arcas de la empresa y que luego ingresaron al patrimonio del acusado.

El Fiscal aclaró, que durante agosto del mismo año, personal fiscalizador del “SENCE” entrevistó a los distintos jóvenes aprendices relacionados con el caso en examen, pudiendo constatar que sólo habían participado de un curso de formación que duró un mes, pero que ninguno de ellos había sido contratado y nunca habían trabajado para dicha empresa ni tampoco habían recibido remuneración alguna.