13/09/2016
La Serena: Fiscalía formaliza a sujeto imputado de robo con homicidio y tenencia ilegal de arma
Quedó en prisión preventiva y fue detenido por orden del Juzgado de Garantía serenense.
El Fiscal Rodrigo Céspedes formalizó al imputado.
La Fiscalía de La Serena formalizó a un imputado, Gary Tapia L., por su participación como presunto autor en la investigación de los delitos de robo con homicidio y tenencia ilegal de arma de fuego.
Los hechos que son materia de investigación dan cuenta que el 11 de mayo del año 2016, aproximadamente a las 00:00 horas, el imputado Tapia, junto con otros 3 sujetos, premunidos de armas de fuego, concurrieron a bordo de dos motocicletas a un inmueble ubicado en Pasaje Pedro Aguirre Cerda, Compañía Alta, La Serena.
Conforme lo acordaron previamente, y con el ánimo de sustraer dinero, droga y especies, habrían ingresado al interior de dicho inmueble tras escalar una reja de protección, y habrían roto unos ventanales.
Tras aquello, abordaron a la víctima y le habrían exigido la entrega de dinero, droga más otras especies. El afectado opuso resistencia, pero recibió disparos en al menos 3 ocasiones.
Los sujetos huyeron y la víctima falleció por las heridas de bala recibidas cuando era trasladado al Hospital de La Serena.
En tanto, el día 13 de septiembre de 2016, a las 06:10 horas aproximadamente, en virtud de una diligencia de entrada y registro por orden judicial en la Villa El Toqui de La Compañía Alta, la Policía de Investigaciones sorprendió al imputado Gary Tapia con una pistola marca FN Herstal modelo Browning calibre 32, la cual estaba bajo la almohada de una cama.
Además, la policía encontró dos cargadores con 15 cartuchos balísticos calibre punto 32 auto marca CBC, sin contar con las autorizaciones otorgadas por la autoridad correspondiente.
Dicho ilícito también fue formalizado en el Juzgado de Garantía de La Serena.
Este sujeto era el último prófugo en la causa y el fiscal Rodrigo Céspedes informó que el Juzgado de Garantía de La Serena concedió la prisión preventiva, al estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad social.
En tanto se fijó un plazo de investigación de 30 días.
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