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Corrupción: Fiscalía logra condena de 10 años de presidio para ex alcalde de Guaitecas por malversación de caudales públicos

Imputados se apropiaron de $341 millones de pesos aproximadamente, los cuales ahora deberán devolver, según determinó la sentencia.

Otros dos imputados deberán cumplir 7 años de cárcel.

Otros dos imputados deberán cumplir 7 años de cárcel.

Luego de una investigación dirigida por el Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal condenó a 10 años de presidio, sin beneficios, al ex alcalde de la comuna de Guaitecas, Cristian Alvarado Oyarzo, por el delito de malversación de caudales públicos.

En tanto Luis Melián Oyarzo y Cristian Tauda Krema fueron condenados, por fraude al fisco, a las penas de 7 años y 182 días de presidio, más el pago del 5% del perjuicio ocasionado al municipio, es decir 17 millones de pesos. Por su parte Rosario Saldivia Calixto, en calidad de cómplice, fue condenada a 4 años de presidio por malversación más el pago de 15 UTM, es decir 750 mil pesos.

Además, entre todos los condenados deberán pagar una indemnización de perjuicios solidaria por 351 millones de pesos, el monto total del fraude al municipio, es decir que deberán devolver todo ese dinero al Estado.

 

JUICIO ORAL

En el juicio oral de tres semanas, efectuado de forma remota, litigó el fiscal jefe de SACFI, Luis González. En las gestiones asociadas a las declaraciones de testigos y peritos, apoyó la Unidad de Víctimas y Testigos y la Unidad de Gestión e Informática, ambas de la Fiscalía Regional de Aysén.

La Fiscalía durante el juicio exhibió prueba documental con numerosas facturas, decretos de pago, facturas electrónicas, notas de crédito, entre otros, sumado a testigos, peritos y peritajes especializados, entre otros medios de prueba.

Todo lo anterior, fue recolectado a lo largo de una investigación que lideró el Fiscal Regional, Carlos Palma, junto a un equipo entre los que se incluyó al fiscal Luis González y al abogado asesor Miguel Riquelme, sumado a policías y peritos de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) y Lacrim de la Policía de Investigaciones.

Esta investigación penal de la Fiscalía se originó luego de un informe de la Contraloría General de la República, el cual fue entregado al Ministerio Público y en el cual se detallaban una serie de irregularidades al interior del municipio. En esta causa también colaboró el Consejo de Defensa del Estado, como parte de un trabajo mancomunado con la Fiscalía.

 

HECHOS INVESTIGADOS

De acuerdo a los hechos expuestos por el fiscal González en el juicio oral, el imputado Raúl Mansilla Barría se desempeñaba como Jefe de Finanzas de la Municipalidad de Las Guaitecas y Cristian Alvarado como alcalde.

En dichas circunstancias, aprovecharon estas funciones públicas y el hecho de tener a su cargo dineros fiscales, para sustraer dineros de las cuentas corrientes bancarias del municipio y de la planta eléctrica, transfiriéndolos electrónicamente hacia sus propias cuentas o hacia terceros.

Para ello, de acuerdo a la acusación de la Fiscalía, los imputados realizaron operaciones fraudulentas, transfiriendo fondos públicos sin respaldos o con facturas y decretos de pago ideológicamente falsos, las que aparentaban la adquisición de bienes o el pago de servicios.

Dichas acciones fraudulentas se realizaron con el acuerdo y participación de Rosario Saldivia Calixto, cónyuge de Raúl Mansilla y -en ese entonces- Bibliotecaria de la  Municipalidad de las Guaitecas, y Luis Melián Oyarzo, que ejecutaba labores como contador externo de la planta eléctrica de Melinka, quienes facilitaron sus cuentas corrientes bancarias para la recepción y desvío de los dineros fiscales y, además, en el caso de Luis Melián Oyarzo, entregaron facturas de otras entidades comerciales, logrando de esta forma sustraer dineros públicos.

En estas maniobras también participó directamente Cristian Tauda Krema, quien se desempeñaba como Jefe de la Planta Eléctrica dependiente de la Municipalidad de las Guaitecas, y previamente concertado con Raúl Mansilla y Cristian Alvarado, consintió y autorizó expresamente el pago de combustibles y otros servicios, a sabiendas que dicho combustible nunca se había adquirido, lo que era parte de una planificación elaborada para respaldar el egreso de dineros fiscales desde la cuenta corriente de la Planta Eléctrica de Melinka.

 

QUINTO ACUSADO

Esta condena es el resultado de una acuciosa investigación por hechos dolosos ocurridos en el municipio de Guaitecas, diligencias que estuvieron a cargo del Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma quien viajó hasta Melinka para efectuar diligencias junto a un equipo especial de la PDI.

El quinto acusado en esta causa, Raúl Mansilla Barría, no estuvo en condiciones de enfrentar el juicio por razones médicas, de acuerdo a un informe efectuado por el Servicio Médico Legal. Sin embargo, dependiendo las circunstancias, la Fiscalía evaluará solicitar la reapertura del sobreseimiento temporal.

“En Aysén, tenemos investigaciones en curso por diversas denuncias de corrupción. No estamos ajenos a estos hechos, pero nuestro llamado a los funcionarios públicos es precisamente a evitar que actos fuera del margen de la ley, dañen la integridad de organizaciones públicas y privadas”, comentó el fiscal Palma. “Como Fiscalía y gracias a nuestro rol independiente, estamos investigando a fondo este tipo de hechos que afecta el patrimonio de todas y todos los chilenos porque son dineros del Estado”, concluyó la autoridad del Ministerio Público. 

 

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