FiscalíasRegión de Aysén

23/08/2021

Coyhaique: Declaración pública en relación a querella de capítulos contra Jueza de Garantía

Una Querella de Capítulos, según el artículo 424 del Código Procesal Penal, tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad penal de jueces, fiscales judiciales o fiscales del Ministerio Público.

La investigación es efectuada de forma conjunta por la Fiscalía y la PDI de Coyhaique.

En respuesta a consultas periodísticas, la Fiscalía Regional de Aysén confirma la presentación de una “Querella de Capítulos” en contra de la jueza titular del Juzgado de Garantía de Coyhaique, Cecilia Urbina Pinto, por actos que -de acuerdo a diversas diligencias investigativas- habría ejecutado en el ejercicio de sus funciones.

Estas conductas involucrarían el delito de revelación de secreto, tipificado en el artículo 38 de la Ley 20.000 de drogas, en su inciso tercero y la infracción de prevaricación del artículo 224 número 7 del Código Penal. El escrito de 20 páginas, fue enviado el viernes a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique, por el Fiscal Regional, Carlos Palma Guerra.

Una Querella de Capítulos, según el artículo 424 del Código Procesal Penal, tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad penal de jueces, fiscales judiciales o fiscales del Ministerio Público por actos que hubieren ejecutado en el ejercicio de sus funciones.

A través de este documento, la Fiscalía solicita autorización a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique para proceder a formalizar la investigación y solicitar medidas cautelares, a fin de continuar con el curso normal de la causa, siempre en el marco del Principio de Objetividad que rige el actuar de todas las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público en Aysén.

En el escrito presentado por la Fiscalía, se especifican los capítulos de la acusación y se indican los hechos que -de acuerdo a las diligencias investigativas efectuadas junto a un equipo especial de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado, PDI Coyhaique- constituirían las infracciones a la ley cometidas por la funcionaria aludida.