FiscalíasRegión de Arica y Parinacota

19/01/2015

Arica: Fiscalía formalizó a funcionarios de salud por muerte de lactante tras no recibir atención de urgencia

Un paramédico de la Posta de Sobraya y dos funcionarias del hospital fueron formalizados por el delito de homicidio culposo. Autopsia estableció que de haber recibido atención médica oportuna la menor no habría fallecido

El Fiscal Luis Soriano formalizó la investigación en contra de tres funcionarios del área de salud.

La Fiscalía de Arica formalizó investigación en contra de tres funcionarios del área de salud pública, por su presunta responsabilidad en la muerte de un lactante de 9 meses de nacionalidad boliviana, tras no recibir atención médica oportuna, hecho ocurrido el pasado 6 de octubre.

Los funcionarios identificados como J.P.V., C.O.V., y J.D.R., fueron formalizados por el Fiscal Luis Soriano Carreño en calidad de autores del delito de homicidio culposo y quedaron con la medida cautelar de prohibición de acercarse a la denunciante; en este caso la madre de la víctima.

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la audiencia por el Fiscal Soriano, el hecho se registró en la tarde del 6 de octubre, oportunidad en que V.L.Q., llevó a su hijo de 9 meses hasta la Posta del sector de Sobraya en el valle de Azapa debido a que el menor presentaba un cuadro febril, además de vómitos y diarrea.

En el lugar fue atendida por el técnico paramédico J.P.V -quien de acuerdo a la investigación- no evaluó correctamente el estado de salud del lactante señalándole a la madre que lo trasladara hasta un recinto médico con mejores medios y recursos; sin embargo, el funcionario no se comunicó con ningún centro hospitalario ni le hizo entrega de algún documento o interconsulta médica así como tampoco dispuso su traslado en ambulancia.

Hospital

Tras ello, la mujer se trasladó con su hijo por sus propios medios hasta la unidad de emergencia del hospital local tomando contacto con la facilitadora C.O.V., quien al conocer la situación derivó a la madre hacia la sección de admisión donde fue atendida por la funcionaria J.D.R, quien sin preguntarle el motivo de la urgencia le informó que por su calidad de extranjera debía cancelar la suma de 30 mil pesos para acceder a la atención de salud.

Luego de esto, V.L.Q., nuevamente tomó contacto con la facilitadora quien la derivó a la sección de recaudación a objeto de informarle la forma de pago de la atención. Tras ello, y al no recibir atención médica, la mujer regresó con su hijo hasta la posta de Sobraya, donde el paramédico –sin examinar al bebé- le recetó paracetamol derivándola a su domicilio. Finalmente el menor fue trasladado por su madre hasta su vivienda donde registró un agravamiento de su estado de salud falleciendo cerca de las 04 horas.

En la misma audiencia el persecutor argumentó que en este caso no se dio cumplimiento a los estándares mínimos exigidos en los protocolos de atención de usuarios vigente en el hospital local, que obliga a los funcionarios a verificar el real estado de salud de los pacientes y ante casos de urgencia derivarlos inmediatamente a una enfermera de turno. Asimismo, leyó el informe emanado por el Servicio Médico legal, que estableció que la causa de muerte del lactante se debió a una “sepsis de origen intestinal, deshidratación, que corresponde a muerte por enfermedad y que con atención médica oportuna, no habría fallecido”.

 “La investigación estableció que la madre llevó a su bebé a la posta de primeras atenciones de Sobraya donde no fue atendida debidamente por quien correspondía y luego fue derivada al hospital donde tampoco recibió las atenciones que correspondía aplicar en estos casos. El informe de autopsia del Servicio Médico Legal motivó la formalización de la causa, por cuanto de haber recibido atención médica el bebé no habría fallecido”, explicó el Fiscal Luis Soriano.

El persecutor del Ministerio Público del extremo norte agregó que los padres de la víctima han recibido orientación de los profesionales de la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional.

El Juzgado de Garantía decretó un plazo de investigación de 80 días.