FiscalíasRegión de Arica y Parinacota

11/08/2014

Caso drogas en Arica: Corte de Apelaciones declara legal allanamiento a cuartel policial y valida pruebas incautadas en el lugar

Pruebas incautadas en ese recinto -como libros de guardia, documentos y pericias a computadores y teléfonos- serán incorporados al juicio oral

La Corte de Apelaciones revocó la resolución decretada por el Juzgado de Garantía y ordenó incorporar las pruebas.

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Arica revocó la resolución del Juzgado de Garantía y decretó legal el allanamiento realizado al cuartel de la sección OS7 de Arica. De esta manera, las diversas pruebas incautadas en ese recinto -como libros de guardia, documentos y pericias a computadores y teléfonos- serán incorporados al juicio oral, en el marco de la investigación que la Fiscalía sigue en contra de cuatro ex funcionarios de esa unidad y tres civiles por su presunta responsabilidad en delitos de tráfico, asociación ilícita, falsificación instrumental e infracción al artículo 229 del Código Penal.

En julio pasado el juez de Garantía, Sergio Álvarez, estimó que las órdenes de entrada y registro y de incautación de las oficinas de la unidad policial (registrada el 25 de noviembre de 2013) no cumplieron con todas las formalidades exigidas por la ley y resolvió excluirlas del juicio oral. Sin embargo, tras los alegatos de la Fiscalía y las defensas, los ministros de la Corte de Apelaciones acogieron los argumentos del ente persecutor y establecieron que dichas pruebas sí pueden presentarse en el juicio, en conformidad a los artículos 77, 276 y 277 del Código Procesal Penal.

“Procesalmente hablando esta resolución indica que aquellas pruebas obtenidas y evidencia en general, como la testimonial, documental y material, recogidas del cuartel policial del OS7 se ajustó a las normas procesales que rigen este tipo de diligencias y por lo tanto esta diligencia es legal. Esto significa que todas las pruebas obtenidas desde dicho recinto pueden ser ofrecidas legalmente e incorporadas en el juicio”, explicó Jorge Videla, asesor jurídico de la Fiscalía y quien alegó esta causa ante el Tribunal de Alzada de Arica.

El abogado agregó que “los argumentos utilizados por la Fiscalía en la Corte de Apelaciones dieron cuenta que nos encontramos en una situación excepcional y que por lo mismo no se podía dar aviso previo de la realización de esta diligencia, toda vez que hacerlo ponía en serio riesgo el correcto desarrollo de la misma y así lo entendió el máximo tribunal de la región”.

Investigación

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, los ex funcionarios policiales habrían planificado en dos oportunidades durante el 2013 la internación de dos grandes cargamentos de droga a nuestro país para posteriormente montar procedimientos de incautación flagrantes y con apariencia de legalidad en la frontera. Asimismo,  la indagatoria estableció la elaboración de partes policiales falsos y el uso de entregas controladas de droga sin la autorización del Ministerio Público.

La investigación determinó que desde julio del año pasado los funcionarios policiales se contactaron con F.A.Y., quien vivía en Santa Cruz (Bolivia) y con el que coordinaron la cantidad de droga, el sistema de transporte y los gastos operacionales del traslado, así como también captaron a las personas que posteriormente viajaron a Chile para recepcionar la mercancía. A ello se suma que actuaban sin la autorización de la Fiscalía y elaboraban partes policiales con antecedentes falsos.

El primero de los procedimientos policiales investigados se registró el 05 de agosto de 2013, ocasión en que en el Complejo Fronterizo de Chungará se incautó bajo la apariencia de flagrancia un total de 299 kilos 794 gramos de marihuana, los que estaban ocultos en un camión proveniente de Bolivia.

La indagatoria estableció que días antes del operativo, el funcionario policial Leonardo Vílchez se contactó con F.A.Y (quien vivía en Santa Cruz, Bolivia y mantenía un quebrantamiento de condena en Chile por tráfico), con quien coordinó el ingreso de droga a nuestro país, así como el sistema de transporte y los gastos operacionales. Asimismo, contrataron un chofer para el traslado de la mercancía y captaron a otros dos sujetos de nacionalidad boliviana, a quienes enviaron a Santiago a recepcionar el cargamento, siendo detenidos finalmente por personal del OS-7, en el marco de procedimientos ilegales de entrega controlada.

El segundo de los operativos correspondió al registrado el 09 de septiembre, cuando se detectaron 814 kilos de marihuana ocultos en un camión también en el complejo Chungará. Al igual que en el primer caso, las diligencias de investigación determinaron que F.A.Y., coordinó con los funcionarios policiales y otros dos transportistas el traslado e ingreso a Chile, procedimiento que fue instruido y monitoreado por Vílchez Sepúlveda.

Es así como ese día arribó al complejo fronterizo el chofer L.G F., en compañía de F.A.Y., siendo controlados por funcionarios antidrogas de Aduanas; sin embargo, este último, y por instrucción de Vílchez Sepúlveda, evadió dicho control siendo ocultado y resguardado por los funcionarios policiales. Posteriormente, y en el marco de la actuación de Aduanas, el acusado Víctor Rodríguez comunicó una falsa orden de investigar emanada por un Fiscal para hacerse cargo del procedimiento, tras lo cual trasladaron a ambos civiles hasta Arica.

Tras ello, los acusados Leonardo Vílchez y Nelson Gavilán le pagaron el alojamiento en un hotel a F.A.Y., y posteriormente le cancelaron el arriendo de un departamento, siendo detenido días después por efectivos de la PDI.

En el marco de esta investigación, la Fiscalía de Arica presentó acusación y pidió penas que en total suman 164 años de presidio para todos los acusados.