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Antofagasta: primera prisión preventiva por ingreso de celulares a la cárcel

Reciente modificación legal tipificó como delito esta acción, estableciendo penas de 61 días a 3 años de presidio.

La norma que tipifica el delito se publicó a fines de 2022.

La norma que tipifica el delito se publicó a fines de 2022.

Un imputado que intentó ingresar celulares, baterías de celular y cables USB a la cárcel del Nudo Uribe, fue formalizado por la Fiscalía de Antofagasta y quedó en prisión preventiva, convirtiéndose en el primero que queda sujeto a dicha medida cautelar en la ciudad, en razón de una reciente modificación legal que tipifica este delito. 

En efecto, a fines de 2022 se publicó la ley Ley Nº 21.494, que modifica el Código Penal, estableciendo que la persona que, sin estar legal o reglamentariamente autorizada, ingresare, intentare o permitiere ingresar por cualquier medio a un establecimiento penitenciario intercomunicadores, teléfonos, partes de ellos, chips telefónicos u otros elementos tecnológicos que permitan comunicarse con el exterior, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio.

La misma norma agrega que, si este delito, fuere perpetrado por un abogado, procurador o empleado público, la pena no se aplicará en su grado mínimo y, además, conllevará desde suspensión en su grado mínimo a inhabilitación absoluta temporal en cualquiera de sus grados para el ejercicio de la profesión y del cargo u oficio, respectivamente.

Con todo esto a la vista, la fiscalía formalizó a un adulto que el 13 de junio llegó hasta el sector de visitas del Centro Penitenciario Concesionado de Antofagasta, con la finalidad de ingresar una encomienda para un interno, en la cual estaban ocultos dos teléfonos celulares, dos cables USB y dos baterías de teléfono.

El imputado fue formalizado por el delito de “ingreso a un establecimiento penitenciario de teléfonos y parte de ellos, sin autorización”, quedando en prisión preventiva por la causal de peligro de fuga. En la misma ocasión, el Juzgado de Garantía otorgó al Ministerio público un plazo de investigación de 70 días.

 

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