FiscalíasRegión de Antofagasta

14/02/2023

Jefa de URAVIT Antofagasta: “No basta enfocarse en el hecho delictual, también hay que entender las necesidades de una víctima"

La abogada Alicia Crisosto Borzone explicó la tarea que desarrolla esta unidad especializada del Ministerio Público, que el año pasado atendió a 6.142 personas en la región.

La abogada Alicia Crisosto es la jefa de la Uravit del Ministerio Público en la región de Antofagasta.

Junto a la persecución penal, la asistencia y protección de las víctimas y testigos de los delitos es otra de las preocupaciones fundamentales del Ministerio Público, la cual es atendida a través de una unidad especializada integrada por profesionales de distintas áreas, personal técnico y administrativo.

Durante 2022, la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT) brindó apoyo a 6.142 personas en la Región de Antofagasta, disponiendo para ellas asistencia directa, derivaciones a redes de apoyo o medidas de protección que van desde el monitoreo periódico de Carabineros (la más común) a la reubicación o relocalización de la víctima para evitar la exposición a riesgos (la más excepcional).

La abogada Alicia Crisosto Borzone, jefa de la Uravit de Antofagasta, se refirió a la relevancia de esta segunda línea de acción del Ministerio Público, que centra su atención en las personas que sufren la acción delictual y requieren ayuda para superar el daño que esto provoca. 

¿Cuál es el rol de la URAVIT?

La principal función de URAVIT es entregar contención, apoyo y protección a las víctimas y testigos que, a propósito de un delito o de su participación en el proceso penal, pudieran encontrarse no solo afectadas emocionalmente, sino que en una situación de riesgo, riesgo que es evaluado por esta unidad. Nuestros principales usuarios son víctimas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como niños, niñas y adolescentes, víctimas de delitos de violencia intrafamiliar que se ven expuestas a mayor riesgo de reiteración, y casos en que, por el tipo de delito o su dinámica, las o los fiscales consideren que se requiere un apoyo especializado.

¿Cómo se desarrolla esa intervención?

La forma de intervención dependerá del tipo de delito y víctima, por ejemplo, en delitos de conmoción pública en que una persona pudiera haber sufrido una importante afectación emocional, entregamos la primera contención y evaluamos sus necesidades para generar las derivaciones a las redes públicas establecidas para apoyo psicológico, orientación jurídica, etc. Nuestra labor además contempla la evaluación del riesgo al que pudiere estar expuesta una víctima o testigo y sus necesidades proteccionales. Ahí contamos con la posibilidad de entregar medidas de protección, que pueden ser la entrega de dispositivos de seguridad (alarmas sonoras, celulares para emergencias, etc.), reforzamiento de domicilio, coordinación para ingreso a casas de acogida o incluso gestionar una relocalización. 

¿Cómo se determinan las medidas en cada caso?

Se determinan a través de la intervención que hacen los profesionales de la unidad. En URAVIT hay profesionales sicólogos y asistentes sociales que evalúan las necesidades de la víctima, tanto proteccionales, como socio-jurídicas y terapéuticas, y determinan las acciones que podemos cubrir y las redes a las cuales derivarles.

¿Cómo se adapta el proceso penal a la persecución del delito, para evitar que eso genere nuevo sufrimiento en la víctima?

A propósito del proceso penal, la investigación y la revictimización que la participación en el mismo proceso pudiera generar, es que se han estado haciendo adaptaciones y modificaciones legales, como la Ley 21.057 de entrevista investigativa videograbada, orientada a evitar la victimización secundaria en niños, niñas y adolescentes que están dentro de un proceso penal. Es decir, el proceso penal se ha tratado de adaptar. Tenemos que aceptar que el proceso penal a veces genera sentimientos de incomodidad, sufrimiento o tristeza en la víctima, porque esa víctima tiene que declarar, participar en las diligencias y eventualmente enfrentarse a un juicio donde deberá declarar nuevamente. Por lo mismo, en el caso de niños, niñas y adolescentes la idea es evitar que esta víctima pase por actividades que son innecesarias y que le pueden generar más daño.

¿Para que exista justicia, además de condena, debe haber reparación?

La condena, aunque es significativa para la víctima, no es lo único. Tenemos que pensar en el daño sicológico que el delito provoca en quien lo sufre, en la gravedad de éste y en sus efectos, que no terminan con el juicio y la eventual condena. Pensemos en hechos traumáticos que hayan generado un daño psicológico tan importante, que la exposición al proceso penal y especialmente al juicio, pudiera hacer resurgir esa sintomatología, por ejemplo, en delitos sexuales que afectan a niños, niñas y adolescentes, pues sabemos que en ellos los efectos o consecuencias del daño pueden evidenciarse mucho tiempo después del delito. En esos casos, aunque la condena sea muy significativa y es relevante en el proceso de reparación, no es suficiente. La condena es un símbolo importante, pero no es necesariamente una reparación, y ambas son indispensables.

Hoy el gran problema al hablar de reparación es que no existen redes suficientes para abordar a todas las víctimas, hay una carencia importante de recursos en la red pública que colabora con reparación en el marco de un proceso penal. Ese es un problema del que, como país, debemos hacernos cargo.

¿Así como han cambiado los tipos de delitos, han cambiado también las víctimas?

Hoy tenemos más casos de víctimas que son migrantes, y nuestro modelo de atención ha tenido que adaptarse. Estamos hablando de personas que al ser afectadas por algún delito pueden estar en una situación más vulnerable por su condición migrante. Esas personas muchas veces tienen temor de acercarse a denunciar ante las autoridades porque creen que eso puede afectar su permanencia en Chile o que no recibirán el mismo apoyo que otras víctimas, lo que no es así. Frente al proceso penal todas las personas tienen el mismo derecho. Adherirlas al proceso también es más complejo, pues muchas veces no cuentan con redes de apoyo en el país, por lo que retornan a sus países de origen y el seguimiento se hace más dificultoso, sobre todo cuando se aproxima el juicio oral. En las épocas más duras de la pandemia fue aún más complejo, pero con el apoyo de las unidades especializadas del Ministerio Público, como la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía Nacional se pudo por ejemplo orientar en la tramitación de la documentación y las gestiones que se deben realizar con consulados. Por otro lado, al hablar de víctimas en mayor situación de vulnerabilidad, tales como, mujeres víctimas de violencia de género, niños niñas y adolescentes, no basta enfocarse en el hecho delictual que le ha afectado, para entender sus necesidades hay que ver más allá; por lo tanto, en lo que nos compete como URAVIT, nuestro esfuerzo es acoger a esta víctima y que se sienta segura participando del proceso penal.

¿Cuáles son las líneas de trabajo para este año?

Queremos volver a generar contactos con la sociedad, con la gente, porque todos estuvimos muy encerrados por la pandemia. Esta unidad participa mucho en el área de la sensibilización con otras instituciones, participa de ferias ciudadanas, etc., y para nosotros es importante que se visualice el trabajo que hacemos para generar mayores coordinaciones y que las personas estén mejor informadas. Entonces para este 2023 nuestra meta es recuperar los espacios de participación que las cuarentenas o limitación de aforos nos privó en su momento.