FiscalíasRegión de Antofagasta

03/02/2023

Juzgado de Garantía condenó a sujeto por amenazas de muerte contra fiscal de Antofagasta

El sentenciado ya había recibido una condena previa en procedimiento abreviado por la agresión sufrida por un funcionario de Carabineros en 2019.

El caso se originó en 2020.

A una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, más la accesoria de suspensión de cargo u oficios públicos durante el tiempo de la condena, fue sentenciado un sujeto que profirió amenazas de muerte contra un fiscal del Ministerio Público, en momentos que era formalizado por un delito anterior registrado en el contexto del llamado “estallido social”.

Los hechos que dan origen a la condena ocurrieron el 6 marzo de 2020, y tuvieron como autor a Matías Andrés Aquevedo Eissmann, y como víctima al fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela.

Según se expresa en la condena, en horas de la mañana del día señalado y luego que se le comunicaran cargos y quedara sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva por una investigación previa, Aquevedo Eissmann fue conducido al calabozo del Juzgado de Garantía de Antofagasta junto a otros imputados mientras se desarrollaba un receso de la respectiva audiencia.

Fue en ese instante que el ahora condenado golpea las esposas contra la pared, expresando a viva voz “me estoy grabando la cara del fiscal para puro matarlo”, todo esto acompañado de fuertes insultos contra el persecutor.

La amenaza fue escuchada por uno de los funcionarios de Gendarmería que custodiaba a los detenidos en el calabozo, quien alertó lo sucedido al fiscal Cristian Aguilar, quien en el acto presentó la respectiva denuncia.

Cabe precisar que el caso por el cual Aquevedo Eissmann estaba siendo formalizado al momento de proferir las amenazas contra el fiscal, guarda relación con el ataque sufrido por un funcionario de Carabineros al interior de su vehículo particular en calle Esmeralda de Antofagasta, ocurrida el 30 de diciembre de 2019.

Por este caso, el detenido fue posteriormente condenado en procedimiento abreviado a 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo y a las penas accesorias, por su autoría en el delito consumado de robo con violencia; un año de presidio menor en su grado mínimo y accesorias legales por el delito de lesiones menos graves; y dos penas de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, por desórdenes públicos y daños calificados, más el pago de una multa de 5 UTM por el delito de daños.

En aquella ocasión, se le otorgó la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva.

AMENAZAS

Según estableció el Juzgado de Garantía en juicio simplificado, los hechos descritos en la denuncia son constitutivos del delito de amenazas a Fiscal del Ministerio Público en ejercicio de sus funciones, previsto y sancionado en el artículo 268 quinquies en relación con el artículo 296 Nº 3, ambos del Código Penal.

En su deliberación, el tribunal, junto con dar por acreditados los hechos descritos por el Ministerio Público, estimó que las amenazas cumplían el requisito de ser “serias y verosímiles”, desechando la tesis de la defensa del detenido, que sostenía que la amenaza fue pronunciada en un momento de “ofuscación”.

De hecho, se detallada que, tras el episodio, el fiscal Aguilar debió tomar medidas preventivas especiales para abandonar el tribunal y modificar algunas actividades y recorridos habituales por la seriedad representó el caso.

Tras acreditar los hechos denunciados, el Juzgado de Garantía de Antofagasta impuso a Aquevedo Eissmann la pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, más la accesoria de suspensión de cargo u oficios públicos durante el tiempo de la condena.

El tribunal determinó además que, reuniendo los requisitos de la Ley 18.216, se concederá al sentenciado la remisión condicional de la pena impuesta, por el plazo de la condena (540 días) ante el Centro de Reinserción Social de Antofagasta.

FISCAL REGIONAL

La condena fue destacada por el fiscal regional, Alberto Ayala Gutiérrez, quien recalcó la voluntad del Ministerio Público de no tolerar actos de este tipo.

“Esta sentencia es una prueba más de que la Fiscalía de Chile protege a sus funcionarios con transparencia y energía, y no vamos a permitir, ni nos vamos a amilanar, frente a amenazas de ninguna naturaleza proferidas en contra de nuestra institución, o quienes la integran”, manifestó.

Ayala agregó finalmente que una de las tareas fundamentales del Ministerio Público es dar la seguridad a sus fiscales de que la función de persecución penal se realizará en condiciones de normalidad y seguridad, persiguiendo en tribunales cualquier acción que vaya en contra de este principio básico de un estado de Derecho. “Esa es la tarea que nos encomendó nuestro fiscal nacional, Ángel Valencia, y es la tarea que tenemos que cumplir ante la sociedad”, apuntó.