26/10/2016
Calama: pena efectiva de cárcel para imputado que estafó a compañero de trabajo
El imputado ingresó a trabajar a la minera Gabriela Mistral y allí conoció e hizo amistad con la víctima.
Fiscal de Calama Eduardo Peña
El fiscal de Calama, Eduardo Peña, obtuvo sentencia de condena en contra de Carlos Vargas Ramírez, ingeniero en control de gestión de 46 años de edad, a quién el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal encontró culpable del delito de estafa en concurso medial de tres delitos de giro doloso de cheques, ilícito por el que le aplicó una pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo más una multa de 25 unidades tributarias mensuales, pena que deberá ser cumplida de forma efectiva.
La acusación señala que durante el año 2012 el imputado ingresó a trabajar a la minera Gabriela Mistral, donde ya se desempeñaba la víctima. Durante el año 2013, el imputado defraudó a su compañero de trabajo, como al padre de este, realizando una serie de actos tendientes a engañarlo y a provocar error en la víctima con el objeto de obtener dinero de parte de ella. En efecto les manifestó que pertenecía a una sociedad dueña de un centro de diálisis en la ciudad de Calama, lo cual es verdad, les indicó que el centro tenía una excelente proyección económica, pero que contaban con un problema que era un socio al que querían desvincular, que había hecho un aporte de capital de 50 millones de pesos, por eso necesitaban un nuevo socio que hiciera un aporte similar.
Fue así como recurriendo a diversos engaños, logró que su compañero de trabajo aportara al negocio poco más de 41 millones de pesos, mientras que su padre fue defraudado en un valor superior a los 72 millones de pesos
Como la formalización de la sociedad no se materializaba los víctimas comenzaron a presionar al imputado, el que a su vez para tranquilizarlos les giró tres cheques, que al momento de ser presentados a cobro fueron protestados por orden de no pago.
El tribunal, luego de valorar la abundante prueba aportada por el fiscal Peña, consistente en testimonial, documental pericial y de audio dio por acreditados, tanto los delitos por los que acusó la Fiscalía de Calama, como la autoría en los mismos por parte del acusado, Carlos Vargas Ramírez.
La defensa había solicitado una pena sustitutiva, pero el Tribunal basándose en el informe psicosocial, acompañado por ella, estimó que el condenado no reúne las condiciones para ser merecedor de este beneficio, por lo que deberá cumplir la pena de forma efectiva.
El Tribunal accedió también a lo solicitado en la demanda civil, disponiendo que el condenado deberá pagar a la víctima 41 millones 730 mil pesos por concepto de daño emergente y la suma de 25 millones de pesos por daño moral.
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