FiscalíasRegión de Antofagasta

20/07/2016

Antofagasta: condenada por apropiarse de dinero de niños con parálisis

La investigación fiscal, demostró que desde su cargo de tesorera de la Asociación de Niños Con Parálisis Cerebral se apropió de más de 23 millones de pesos.

Fiscal Javier Loyola

                 El Fiscal Javier Loyola Reyes, obtuvo una sentencia de condena en contra de María Trinidad Barahona Rojas de 35 años de edad, a quién el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta encontró culpable de un delito de apropiación indebida, perpetrado en esta ciudad en contra de la Asociación de Niños con Parálisis Cerebral.

                Por este delito,  el Tribunal la condenó a una pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo. Y asimismo deberá pagar una multa de 21 UTM, unos 965 mil pesos. Por reunir los requisitos legales, se le sustituyó  principal por la de libertad vigilada, por el mismo lapso de la pena corporal impuesta.

La acusación presentada por el fiscal Loyola, da cuenta que durante los años 2010 a 2014 la acusada tenía el cargo de Tesorera de la Asociación  de Niños con Parálisis Cerebral de esta ciudad y tenía entre otras responsabilidades  recaudar los dineros que percibía la Asociación por distintos conceptos, como cuotas de socios, aporte de privados e instituciones, rifas, concesiones de estacionamientos, entre otros, los que debían ser ingresados en dos cuenta que mantenía dicha asociación en el BancoEstado, sin que rindiera de forma adecuada los balances que le correspondía, quedando un saldo por rendir de 23 millones 438 mil 349 pesos, dinero del que se apropió indebidamente, perjudicando a la institución por dicho monto.

El fiscal Loyola en los alegatos de clausura  estableció que la prueba permitió acreditar que la acusada se apropió de estos dineros y que no se trata de un desorden administrativo como dijo la defensa. Además una vez que se estableció que había un faltante de dinero, la acusada no volvió a aparecer por la Asociación, esta situación obligó a suspender la participación de profesionales porque no había como pagarles,  lo cual operó en detrimento de los menores.

Los jueces sentenciadores luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía consistentes en testimonial,  documental,  y pericias contables, dio por acreditado tanto el hecho punible como la responsabilidad que en el mismo cupo a la acusada.