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Fiscalía de Chile asume coordinación iberoamericana en Justicia Penal Juvenil Restaurativa

La decisión fue adoptada durante la XXVI Asamblea General de la Asociación de Ministerios Públicos (AIAMP), a la que asistió el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, y que además tuvo como temas centrales el cibercrimen, el equidad de género y la conformación de equipos conjuntos de investigación.

XXVI Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP)

XXVI Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP)

El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, asistió desde el 5 al 7 de septiembre a la XXVI Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) desarrollada en Ciudad de México. En esta instancia, Chile fue designado país coordinador del grupo de Justicia Penal Juvenil Restaurativa.


En la oportunidad, el director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) de la Fiscalía Nacional, Antonio Segovia, dio cuenta de los avances y propuestas del grupo de trabajo especializado del conglomerado, y se procedió a la aprobación y suscripción del decálogo sobre justicia juvenil restaurativa.


Equipos conjuntos, género y cibercrimen
Durante la asamblea los equipos de trabajo se reunieron en torno a las diferentes facetas del crimen transnacional, concluyendo que la actuación conjunta de los países es un instrumento imprescindible y una medida fundamental para el desarrollo de una persecución penal efectiva.


Los representantes de los 21 países miembros de AIAMP, aprobaron un manual y un modelo de acuerdo para la creación de Equipos Conjuntos de Investigación, que faciliten el intercambio de información, de pruebas y la realización de diligencias en investigaciones que involucren a otros países.


En tanto, se analizó la necesidad de que los Ministerios Públicos adopten un rol protagónico no sólo en la persecución de la violencia contra la mujer sino que llegar más lejos, y participar de forma activa en la promoción de la equidad de género, partiendo por el interior de sus propios organismos. Esto sumado a su responsabilidad de velar por el cumplimiento de la ley y la ejecución de las políticas públicas, liderando investigaciones y juicios ágiles, con aplicación de sanciones.


Finalmente, se identificaron los principales desafíos en cibercriminalidad: la falta de legislación para la obtención de evidencia digital, las dificultades para tipificar este tipo de delitos, además de la necesidad de contar con nuevos medios de investigación y persecución, inversión en capacitación de fiscales y magistrados para evitar la impunidad.

 

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