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Cuenta Pública 2011

Cuenta Pública 2011

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I.- Introducción 2011
II.- BREVE REFERENCIA A LOS 10 AÑOS DEL SISTEMA
III.- PLAN ESTRATÉGICO
IV.- MODIFICACIONES LEGALES
V.- CUMPLIMIENTO DE PROPUESTAS EFECTUADAS EN CUENTA ANTERIOR
VI.- RELACIÓN ENTRE EL PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO
VII.- PALABRAS FINALES

Introducción 2011

Al comenzar este acto, quisiera informarles que a partir de hoy debuta nuestra renovada página web "www.fiscaliadechile.cl", con una nueva gráfica y mayor operatividad para sus usuarios. Además, les informo que esta actividad está siendo transmitida on line a través de la señal de Terra y por nuestro portal, por lo que fiscales y funcionarios del Ministerio Público, y la comunidad en su conjunto, podrán seguir por primera vez en directo este evento, favoreciendo la transparencia y la cercanía con la sociedad.
Asimismo, recuerdo que el texto completo de esta cuenta, estará disponible en la página citada, desde hoy.

II.- BREVE REFERENCIA A LOS 10 AÑOS DEL SISTEMA.

Considero apropiado comenzar haciendo una breve mención y reconocimiento a un hito de suma relevancia para la institución: el sistema procesal penal cumplió 10 años de su implementación y fuimos, junto al Poder Judicial, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, Defensoría Penal Pública y otros organismos colaboradores (como Gendarmería de Chile, Servicio Médico Legal y Registro Civil), protagonistas de la reforma más trascendente al sistema de justicia de nuestra historia.
El año 2000 comenzó la etapa de implementación del sistema, donde la gradualidad jugó un rol fundamental para asegurar su adecuada puesta en marcha.
Luego de 10 años, constatamos que Chile tiene una fiscalía autónoma, que ejerce con total independencia sus funciones, respetando el estado de derecho y protegiendo a las víctimas del delito.

Formamos parte de un sistema de justicia penal que es un modelo a nivel regional y, me atrevo a decir, mundial por su eficacia, transparencia, y por ser garante de los derechos de los ciudadanos. En suma, Chile tiene una mejor justicia y eso es en parte mérito de los fiscales y funcionarios de la institución que me honro en dirigir.
Así, desde el inicio de la Reforma Procesal Penal a Diciembre de 2010, el Ministerio Público ha tomado conocimiento de 7.433.932 denuncias, de éstas el 97% (7.191.718) fueron tramitadas y se encuentran terminadas.
Por otro lado, desde que el nuevo proceso penal se encuentra vigente en todo el país, los términos judiciales se han incrementado en un 72%, es decir en 2010 se aplicaron 275.626 términos judiciales más que en el 2006. Comparamos el año pasado con el año 2006, porque es el primer período anual completo en que operó cabalmente el sistema en todo el territorio.

Así, el 2006 las Sentencias Condenatorias representaron el 12% de los términos, mientras que el año 2010 representaron el 16%.
Por su parte, las Salidas no judiciales, representaron el 64% de los términos, mientras que el año 2010 un 57%.
El Archivo Provisional el año 2006 fue de 49%, mientras que en el año 2010 fue de un 45%, experimentando una baja de 4 puntos porcentuales.
Los Juicios Orales han presentado un incremento permanente en los últimos cuatro años (56,8%). En este segmento, las Sentencias Condenatorias alcanzan en promedio casi el 90%, es decir casi nueve de cada 10 juicios acepta la pretensión de castigo del Ministerio Público.
Por su parte, las audiencias de Control de Detención superan el doble en los últimos cuatro años. Si el año 2006 fueron 90.848, el 2010 alcanzaron 204.096 audiencias.

Los resultados obtenidos son muy buenos, hemos mejorado constantemente hasta llegar al máximo de nuestra capacidad, de acuerdo a los recursos disponibles, por lo cual las cifras expuestas demuestran el éxito alcanzado, en un esfuerzo permanente para obtener notables niveles de eficiencia y eficacia en la persecución penal, pero con un importante desgaste de nuestros recursos humanos.

III.- PLAN ESTRATÉGICO

a) Lineamientos

En el afán de un mejoramiento institucional continuo, instaurado el Ministerio Público en todo el país, se nos presentó la disyuntiva de consolidar y mantener un modelo hasta el momento apropiado para una fase de instalación o dar un salto cuantitativo y cualitativo, transformando y ajustando la Fiscalía de Chile a las nuevas demandas de una sociedad que exigía mayores y mejores soluciones al conflicto penal.

En ese contexto, nos sumimos en un proceso reflexivo sin precedentes internos, que involucró a fiscales y funcionarios de diversas fiscalías, generando un compromiso institucional con el objeto de sentar las bases de una nueva planificación y diseñar la Fiscalía que pretendíamos para el Chile del Bicentenario.

Por ello, debemos recordar que, en el marco de dicho compromiso, se plasmó el Plan Estratégico institucional 2009-2015 (Fiscalía 2015), cuyo contenido es posible resumir en cuatro lineamientos:
(1) Desarrollar una persecución penal eficiente con estándares de calidad; (2) Fortalecer la Coordinación Interinstitucional; (3) Mejorar continuamente la Gestión Administrativa; y (4) Potenciar la atención y Protección de victimas y testigos. En el marco de dicho plan, durante el 2010, nuestra institución tuvo una ejecución del 99,0% del presupuesto total vigente al 31 de Diciembre de 2010, ascendente a M$112.703.332, lo cual corresponde al índice más alto de ejecución del Ministerio Público hasta la fecha.

La equilibrada ejecución presupuestaria nos permitió dotar a las fiscalías del inmobiliario adecuado para satisfacer a nuestros usuarios. Inauguramos las fiscalías locales de Yumbel, Caldera, Vicuña, Punta Arenas y Río Bueno.

Dichas inauguraciones tuvieron lugar en un año especialmente complejo para todos nuestros compatriotas, pues el terremoto del 27 de febrero de 2010, junto con dejar una invaluable pérdida humana en gran parte de la población de la zona centro sur del país, afectó significativamente la infraestructura de nuestras fiscalías, entre ellas, la Fiscalía Local de San Antonio, Fiscalía Regional y Local de Valparaíso, Fiscalía Local de Santa Cruz y Oficinas de Atención de Peumo y Litueche, Fiscalías Locales de Constitución, Curicó y Cauquenes, Fiscalías Locales de Chillán, Talcahuano y Cañete, Fiscalía Regional y Fiscalía Local de Temuco, Fiscalías Locales de Angol y Traiguén y Fiscalía Regional Metropolitana Occidente y Fiscalía Local de Pudahuel.

Lograr la reparación de estos inmuebles, proceso que todavía no termina, nos obligó a postergar otras iniciativas de inversión, pero hemos sorteado esas dificultades y durante el presente año esperamos retomar el ritmo habitual de nuestra cartera de inversiones y seguir perfeccionando nuestra capacidad logística en beneficio de usuarios y funcionarios.

Sin perjuicio de las dificultades antes expuestas, extraordinariamente hemos seguido implementado uno de los proyectos más emblemáticos de la Fiscalía: contar luego de 10 años, ahora al nivel nacional, con un Edificio Institucional propio, tan indispensable, no solo para la seguridad que nos exige la naturaleza de nuestras funciones, sino que también por los significativos ahorros en materia de gasto fiscal. En ese sentido, tras haber adquirido el terreno en 2009, se realizó la convocatoria al Concurso de Anteproyecto de Arquitectura denominado Edificio Institucional Fiscalía de Chile, al cual se presentaron un total de 13 trabajos, de una notable elaboración, los que fueron revisados y evaluados por un jurado del más alto nivel y cuyo resultado será dado a conocer mañana 21 de abril a las 12:00 hrs.

En otro ámbito, pero dentro del mismo Plan, es preciso señalar que las estrategias y políticas pueden ser diseñadas de diversas formas, pero su éxito depende del trabajo de todos los funcionarios y fiscales que hoy nos acompañan en representación de sus pares, a quienes rindo mi sincero homenaje y agradecimiento por el apoyo desplegado.
Este reconocimiento, por cierto, se extiende a los ex directivos y ex fiscales aquí presentes, sin su dedicación durante los años anteriores no habría sido posible construir todo lo que estamos logrando.
En esa línea, la Fiscalía de Chile continuará profundizando el desarrollo de la Gestión de Personas basado en Competencias, el que ha permitido uniformar políticas en materias de Reclutamiento y Selección, Evaluación del Desempeño, Promoción y Desarrollo y Capacitación, incluido el Centro de Formación Continua para Fiscales y Funcionarios.

b) Persecución penal eficiente :

b.1) Estrategia

Siguiendo ahora con la persecución penal eficiente como lineamiento de nuestro plan, elaboramos una estrategia de persecución penal sobre la base de un tratamiento diferenciado de casos. La persecución penal tiene que ser selectiva y discriminar entre casos complejos y aquellos que no lo son, y destinar los recursos –que siempre son escasos- donde más se requieren, buscando los mejores resultados que se puedan producir.

Tal diferenciación permite definir distintos procesos de trabajo, según el tipo de caso del que se trate, que van desde técnicas de investigación hasta formas de término procesal diferentes. La tendencia es producir mayor especialización, mientras más complejo sea el caso, con fiscales expertos que, a su vez, trabajan en estrecha colaboración con policías y peritos de alta experticia.

En este sentido, y dentro de lo que pretendemos sea nuestro plan de fortalecimiento, se contempla una Fiscalía Supraterritorial de Investigaciones de Alta Complejidad, de nivel central, con competencia en todo el país, integrada de forma multidisciplinaria (fiscales, abogados asistentes, analistas e informáticos) y con funcionarios destinados en forma permanente a la fiscalía, desde las policías, Servicio de Impuestos Internos y Contraloría General de la República, quienes debieran conocer de las más importantes investigaciones en materia de criminalidad compleja como es la referida al lavado de activos, el crimen organizado, la corrupción y grandes redes delictuales.

En el caso de los delitos denominados comunes se ha determinado que debemos tender hacia la estandarización de su tramitación mediante la configuración de procesos de trabajo uniformes y breves. Así, elaboramos el modelo de Tramitación de Casos Menos Complejos (TCMC), proyecto innovador que hace una división de los ingresos ya no por delitos, sino según su complejidad, lo que permite focalizar y asignar de mejor forma los recursos jurídicos y administrativos disponibles.

Transcurridos más de dos años desde la implementación de este modelo, es posible identificar, en las distintas fiscalías locales del país, ámbitos de mejora en la gestión de los recursos jurídicos y administrativos, asociadas a la solución eficiente y oportuna de los distintos conflictos penales que nuestra Institución debe conocer.

Además de lo indicado, es posible destacar que en 2010 se cumplió satisfactoriamente el desafío de aumentar la cobertura del Modelo TCMC. De hecho, alcanzamos la meta de implementar el citado modelo en 79 fiscalías locales, un 31% más de fiscalías, que en 2009.

Al nivel de los resultados alcanzados, es posible destacar que los equipos de trabajo TCMC lograron tramitar durante el año 2010 714.000 casos, aproximadamente.

b.1) Énfasis en la persecución penal

La persecución penal debe tener ciertos énfasis, orientados a dar respuesta penal a determinados delitos que por su gravedad, o especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que los padecen, hacen necesaria una respuesta más focalizada, intensa y expedita. En esta materia, se ha puesto el acento en ciertas figuras delictivas a las que me referiré a continuación.

DELITOS DE LA LEY DE DROGAS

La Fiscalía de Chile ha abordado en estos últimos años, de manera integral la persecución del tráfico ilícito de drogas, orientando su acción tanto al desbaratamiento de organizaciones criminales como al microtráfico.

Ambas líneas de acción contaron con la colaboración y respaldo del Ministerio del Interior, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, que suscribieron el 27 de mayo de 2010 en la Fiscalía Nacional, el compromiso de colaborar en que la Fiscalía lograra duplicar las formalizaciones por asociación ilícita para el narcotráfico realizadas el año 2009; y de aumentar de 100 a 140 las investigaciones focalizadas en barrios o poblaciones con alta incidencia de microtráfico.

En virtud de los esfuerzos desplegados se obtuvieron los siguientes resultados:

Durante el año 2010 se iniciaron 55 mil 539 investigaciones, obteniéndose la condena de casi 10 mil de los imputados por estos delitos.
En materia de persecución penal a las organizaciones criminales, teniendo como meta 16 formalizaciones por asociación ilícita para el narcotráfico, durante 2010 se obtuvieron 22, con 201 imputados detenidos y sometidos a medias cautelares por este delito.
Si consideramos la capacidad anual de operación e importación de droga de este tipo de organizaciones, se impidió el ingreso de aproximadamente 19 toneladas de droga al territorio nacional.
Entre las organizaciones criminales más relevantes desbaratadas durante 2010 destaca, en febrero, una organización en Temuco con capacidad de importar más de 100 kilos mensuales de droga; en Arica, en julio se desbarató una organización con capacidad de importar más de 800 kilos de droga; en Santiago, en agosto, otra banda cuya capacidad de importación bordeaba los 200 kilos de droga; en Valparaíso, en octubre, se formalizó una agrupación con capacidad de importar 250 kilos, quedando la mayoría de los imputados en prisión preventiva.
En el mismo orden, resulta también destacable la condena obtenida por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, contra una de las organizaciones criminales más poderosas que se haya investigado desde el inicio de la reforma en nuestro país: la denominada banda de los Cavieres.
En el año 2010 aumentamos casi en un 50% las investigaciones focalizadas por microtráfico en barrios y poblaciones en las cuales este fenómeno tiende a concentrarse. Esta meta se alcanzó durante el mes de noviembre, interviniendo 140 sectores altamente afectados a nivel nacional. Durante 2011 nos hemos fijado como meta la realización de 145 investigaciones focalizadas.

DELITOS SEXUALES

Durante el 2010, hemos tenido avances en la implementación de los proyectos piloto en materia de investigaciones por Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, en las Regiones de Valparaíso y Metropolitanas Occidente y Sur.

El año 2010, además, el Ministerio Público suscribió un convenio de colaboración con la empresa VTR para potenciar y hacer más eficiente la prevención y persecución de delitos cometidos contra menores de edad a través de Internet, como la producción, distribución y almacenamiento de material pornográfico infantil.

Esto ha generado resultados palpables en torno al desbaratamiento de redes de pederastas que operan a través de la red. Cabe destacar el fallo obtenido ante el Cuarto Tribunal Oral de Santiago, en donde se condenó por los delitos de abuso sexual y almacenamiento de pornografía infantil a los miembros chilenos de la comunidad de pornografía infantil denominada Boylovers.net. Asimismo se obtuvieron resultados positivos en la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Regional Occidente, en el contexto de la operación "Inocencia", coordinada internacionalmente, en que se condenó a los acusados por el delito de producción de material pornográfico infantil.

Respondiendo a la necesidad de estandarizar la calidad de las instigaciones en esta área, publicamos la Guía para la evaluación pericial de daño en víctimas de delitos sexuales, producto de una mesa de trabajo interinstitucional convocada por la Fiscalía de Chile y SENAME, en la cual participaron profesionales de las instituciones periciales más relevantes a nivel nacional.

El 2010 los fiscales realizaron un total de 1.258 juicios orales de la especialidad, lo que representa un aumento del 24,9% con respecto al año anterior. Asimismo, en esta materia, disminuyó proporcionalmente el archivo provisional en un 2,5% respecto del 2009.

Finalmente, quiero felicitar la labor de nuestros fiscales en casos de alta conmoción pública como el del denominado "violador de La Reina", donde la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente logró que se condenara a presidio perpetuo simple al autor de dos delitos de robo con violación. También se resolvió el caso del llamado "violador de Maipú" en el que el Quinto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a la pena de presidio perpetuo calificado al autor de 22 agresiones sexuales en la referida comuna; y se logró la condena de presidio perpetuo calificado para el responsable de la violación y homicidio de la niña Francisca Silva, conocida como Panchita, en la ciudad de Valparaíso.

ANTICORRUPCIÓN

Las investigaciones en materia de corrupción representan una de las áreas más complejas y con mayores desafíos que debe enfrentar la Fiscalía de Chile. Influyen en este diagnóstico diversos factores, entre los que destacan las altas cargas de trabajo que implica hacerse cargo de estos delitos, la gran cantidad de información necesaria de procesar, la importancia pública de los involucrados y que generalmente no tienen compromiso delictual anterior, lo que redunda en tener que enfrentar altos estándares probatorios, especialmente cuando llegamos a la etapa de juicio oral, lo que se traduce en que no siempre se puedan obtener sentencias condenatorias.

Desde el punto de vista de las cifras se mantiene estable la tendencia estadística que muestra la baja incidencia numérica de ingreso de casos en esta especialidad, en el orden del 0,1 % del total de denuncias recibidas por la fiscalía, incluso con una baja en el 2010 al 0,08%, cifra que no es representativa de la cantidad de trabajo que éstos generan, ni de la necesaria forma especial que nuestra institución requiere para abordar estas investigaciones. Por vía meramente ejemplar si miramos los tiempos de tramitación son las investigaciones por delitos de corrupción aquellas que requirieron de un mayor tiempo promedio de tramitación en salida judicial, con 475 días, en comparación a los tiempos promedio del total de los restantes delitos, que es de 125 días.

Como señalé en la cuenta pública anterior, la forma de trabajo que se ha diseñado para los fiscales adjuntos especializados y para el apoyo que reciben de parte de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, ha sido la de focalizar los esfuerzos en casos que se denominan "investigaciones de alta prioridad", siendo en buena medida una anticipación a la creación proyecto de Fiscalía de Alta Complejidad.

En ese sentido, hemos valorado, que S.E. el Presidente de la República, haya recogido nuestra inquietud, en su cuenta pública del 21 de mayo de 2010, y lo haya reiterado en la agenda del Gobierno contra de la delincuencia, de julio pasado, señalando que uno de sus proyectos en materia de lucha en contra de la delincuencia, fuese la creación de una fiscalía especial dedicada a investigar los fenómenos delictivos de mayor complejidad, el lavado de activos, el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción. Esperamos que dicha iniciativa se concrete a la brevedad posible en un proyecto de ley, en conjunto con el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público.

or otra parte, tras la aprobación de la Ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el cohecho a funcionarios públicos nacionales o extranjeros, durante el 2010 se hizo un notable esfuerzo por difundir y capacitar a los fiscales, realizándose en conjunto con la Universidad de Los Andes el seminario internacional "Responsabilidad Penal de las personas jurídicas en Chile y experiencias comparadas", oportunidad en la que tuvimos ocasión de conocer las experiencias de la OCDE y de fiscales de EE.UU e Italia en esta novedosa materia.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Como antes señalé, la Fiscalía ha realizado esfuerzos por brindar un tratamiento preferente y diferenciado a las víctimas que se encuentran en una situación especialmente vulnerable, como las mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas discapacitadas y el adulto mayor. Es así como en el mes de noviembre se llevó a cabo, con el concurso de la Agencia Española de Cooperación Internacional, el Seminario Internacional sobre Violencia Intrafamiliar y cuatro jornadas de trabajo en las que la violencia femicida ocupó un lugar central de análisis. Las actividades estuvieron dirigidas a Fiscales y profesionales del Ministerio Público, Ministros de Corte y Jueces, profesionales del Servicio Nacional de la Mujer, Servicio Médico Legal, Fundaciones, ONG y Corporaciones.

Hacemos presente que el fenómeno de la retractación, unido a la falta de testigos e informes periciales especializados, muchas veces, impiden que la Fiscalía pueda ejercer eficazmente su rol persecutor. De ahí que en esta clase de ilícitos, sin el trabajo conjunto con otros organismos que evalúen los casos, potencien la autonomía de la víctima y acciones reparatorias en este ámbito, es muy difícil cristalizar esos logros. Conscientes de esa necesidad, durante 2010, la Unidad Especializada en violencia intrafamiliar, se focalizó en el trabajo con la comunidad y la red asistencial. Así, se capacitó, en materia de elaboración de informes y detección temprana de casos, a 410 profesionales y técnicos de organismos provenientes de Servicios de Salud, Servicio Nacional del Adulto Mayor, ambas Policías, Servicio Nacional de la Mujer, organismo colaboradores de Servicio Nacional de Menores y Servicio Médico Legal.

Se proyecta para el 2011 el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional elaborando un instrumento operativo para la investigación de delitos cometidos contra la mujer, especialmente, en materia de femicidios y de diferenciación entre clases de lesiones en el contexto de violencia habitual y el delito de femicidio en grado de tentativa.

RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE

En noviembre de 2010 se realizó con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional, el Seminario internacional "Responsabilidad Penal Adolescente logros y desafíos a diez años de la Reforma Procesal Penal", en el que se contó con la presencia de especialistas y la intervención de los actores más relevantes en la materia como SENAME, División de Defensa Social del Ministerio de Justicia, Paz Ciudadana y UNICEF.

Además, se suscribió un Convenio de colaboración con UNICEF para generar una alianza de cooperación en materia académica, de investigación y de extensión.

MESAS TÉCNICAS DE TRABAJO EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE.

En Violencia Intrafamiliar, destacamos: a) la mesa técnica con los Tribunales de Familia del Centro de Medidas Cautelares de Santiago, para mejorar los procesos de derivación de casos a las Fiscalías de la Región Metropolitana, por el delito de maltrato habitual; y b) En esta misma línea, se releva el trabajo con Gendarmería de Chile y el Servicio Nacional de la Mujer, a propósito de los centros que atienden agresores que ejercen violencia contra su pareja mujer. La primera institución acogió el planteamiento de la Fiscalía de incorporar en el perfil jurídico de los casos a la sanción accesoria, ampliando así la oferta de intervención. Durante el año 2011 proyectamos elaborar, en conjunto con estas instituciones, protocolos de derivación de las causas. Para este mismo año, pretendemos potenciar el trabajo con la PDI y con el SML para la generación de informes en la materia.

En cuanto a la contribución de la Fiscalía a la implementación y consolidación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, destacamos: a) la mesa de Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD-RPA), cuyo objetivo es validar un manual de procedimientos de trabajo, tratándose de imputados adolescentes; y b) la mesa nacional de coordinación interinstitucional abocada al análisis de las Reformas Legales a la Ley Nº20.084. Sobre este último tema y mesa volveré, brevemente, más adelante.

LAVADO DE ACTIVOS, CRIMEN ORGANIZADO Y ARMAS DE FUEGO

En lo relativo a la persecución y sanción del delito de lavado de activos, la Fiscalía de Chile consiguió la dictación de 27 sentencias condenatorias en esta materia, lo cual ha implicado sancionar a unas 47 personas y sacar del sistema económico financiero, a través del comiso, alrededor de 2200 millones de pesos los que tenían un origen ilícito.

Lo anterior constituye un gran resultado, tanto en el ámbito interno como en el plano internacional, ya que hasta hace unos años nuestro país no tenía ninguna sentencia condenatoria ejecutoriada en materia de lavado de dinero, aún cuando este tipo penal existe y rige desde el año 1995.

En este orden de ideas, podemos señalar que, sólo en 2010, se dictaron 12 sentencias condenatorias en esta materia, en casos de gran complejidad y conmoción pública como el relacionado con la banda de los "care jarro", la que se dedicaba principalmente a cometer el delito de tráfico de drogas en la zona sur de la capital, valiéndose de una gran cantidad de armas y el apoyo de determinados profesionales que colaboraban con los fines de la organización ilícita.

A lo dicho debe sumarse el compromiso de la Fiscalía en capacitar a fiscales y funcionarios en distintos aspectos normativos e investigativos de los delitos tipificados en la ley sobre control de armas y otras leyes. En este sentido, destaca la realización de la Segunda Jornada de Capacitación en materia de armas de fuego y explosivos, organizada por la Fiscalía en conjunto con la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), que en julio de 2010 reunió a expertos para debatir sobre aspectos relativos al control y persecución penal de las bombas y explosivos. Además, se han realizado capacitaciones sobre aspectos normativo-penales e investigativos a fiscales y abogados de la Fiscalía de Antofagasta y a funcionarios del GOPE.

DELITOS ECONÓMICOS:

Concretizando el afán de nuestra institución, de que la justicia penal no sancione sólo a las personas más vulnerables o desposeídas socialmente, sino a aquellas que delinquen no obstante tener más recursos, y enfrentando ciertos bolsones de impunidad, con fecha 19 de octubre del 2010, el 4º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó al acusado a penas de presidio, mas la accesoria legal de suspensión de cargo u oficio público durante todo el tiempo de la condena, como autor del delito de Manipulación Bursátil, previsto y sancionado en el artículo 59 letra e) en relación con el artículo 53 inciso final, y como autor del delito de Uso Indebido de Información Privilegiada, previsto y sancionado en el artículo 60 letra e), todas disposiciones contempladas en la Ley 18.045.

Esta sentencia constituye la primera sentencia condenatoria dictada por un tribunal en nuestro país a propósito de este tipo de delito, pudiendo destacarse que la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Esa condena es importante, porque va en la dirección de que la persecución penal no sea como una red que atrape mariposas y deje pasar elefantes.

c)Protección a víctimas y testigos
1. MODELO GENERAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS – OPA

Este modelo tiene como objetivo incentivar la participación de víctimas y testigos en el proceso penal, mejorando los sistemas de atención. Para ello, se ha propuesto: Orientar a víctimas y testigos, mediante la entrega de información, en concordancia con la etapa del proceso penal en que se encuentran; Proteger a víctimas y testigos, en función de los resultados de evaluaciones de intimidación y/o riesgo; y, Apoyar a víctimas y testigos durante el proceso penal y, especialmente, en su participación en Juicio Oral.

PRINCIPALES RESULTADOS

Durante 2010, más de 32 mil víctimas y testigos, en las fiscalías de las 10 regiones en que el modelo se encuentra implementado, recibieron orientación mediante la utilización de la cartilla "Guiamos sus pasos".

En el mismo período, más de 24 mil víctimas y testigos que declararon o denunciaron en las fiscalías, fueron evaluados en su situación de intimidación y 412 de ellos recibieron medidas de protección.

PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS

Para la Fiscalía de Chile es importante conocer cuál es la percepción que las personas atendidas tienen de nuestros servicios. Para ello, el 2010 se contrató, mediante licitación pública, una consultora que realizó un estudio para medir el nivel de satisfacción de víctimas y testigos que declaran en las fiscalías en relación con los servicios recibidos de acuerdo al modelo de atención OPA y cuyos principales resultados son los siguientes:

(Hago presente que se consideró satisfactoria la evaluación cuando el usuario calificó el servicio con nota 5, 6 y 7.)
1.El 81% de las víctimas y testigos encuestados evalúa satisfactoriamente la atención y servicio recibido por parte de la Fiscalía.
2.El 35,2% de las víctimas y testigos declara haber tenido miedo antes de asistir a declarar en la Fiscalía, el que disminuye a un 16,9% después de haber declarado.
3.Casi la mitad de las víctimas y testigos encuestados indicó haber recibido alguna medida de protección, evaluando el 80,1% de estos usuarios que la medida ayudó a protegerlo.

Otro aspecto importante de destacar, dice relación con la confianza que los usuarios entrevistados tienen en la Fiscalía: el 81,6% tiene disposición a volver a declarar en la Fiscalía y el 82,1% recomendaría a otras personas para que asistan a prestar declaración en la Fiscalía de Chile, si fuese necesario.

2. ORIENTACIÓN, PROTECCIÓN, APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Nuestra institución, desde 2008 ha impulsado la implementación de un modelo de intervención inmediata a víctimas de Violencia Intrafamiliar, con el objetivo de otorgarles una protección oportuna y efectiva durante su participación en el proceso penal y mejorar la calidad de los términos de estas causas.

A través de este modelo de intervención la Fiscalía se ha propuesto contactar a las víctimas de delitos constitutivos de violencia intrafamiliar dentro de 24 horas desde el ingreso de la denuncia a la Fiscalía, con el fin de recoger información necesaria para evaluar el riesgo de la víctima, conocer sus expectativas y su disposición a participar en el proceso penal. Asimismo, adoptar dentro del plazo máximo de 48 hrs. las medidas de protección adecuadas para aquellos casos definidos de riesgo vital/alto o medio. Estas intervenciones permiten, además, contribuir a mejorar la calidad de los términos de las causas de violencia intrafamiliar, considerando las necesidades de las víctimas y las características del fenómeno. Con todo esto, contribuimos también a disminuir los tiempos de tramitación de las causas VIF y a mejorar la percepción y satisfacción de los usuarios atendidos.

PRINCIPALES RESULTADOS
1.Desde el año 2008 ha existido un crecimiento permanente de las personas beneficiadas con este modelo de trabajo. Entre julio y diciembre de 2008 ingresaron 12.886 víctimas. Mientras que el año 2010, la cifra llegó a 49.380.
2.Un 75,7% (49.380 de un total de 65.199) de las víctimas han sido contactadas para la aplicación de pauta de evaluación de riesgo.
3.Al 61% (total de 10.974 sobre un total de 17.988) de las víctimas cuya evaluación arrojó resultados de riesgo vital/alto y medio, se le aplicaron las medidas de protección correspondientes.
4.A un 84,9% (9.315 de un total de 10.974) de las víctimas cuya evaluación arrojó resultados de riesgo vital/alto y medio, se le implementaron las medidas de protección dentro de 24 horas.
5.A contar del segundo semestre de 2010, se implementó un proceso especial para los casos ingresados por flagrancia con control de detención. En más del 90% de los casos cuya evaluación arrojó riesgo vital alto, se adoptaron medidas cautelares o bien se terminó el caso en la audiencia respectiva, mediante sentencia condenatoria o suspensión condicional, decretándose medidas accesorias o condiciones de carácter proteccional.

3. PROTECCIÓN PARA CASOS DE ALTA COMPLEJIDAD

Este proyecto, nace de la necesidad de brindar protección especializada, inmediata y eficaz a quienes hayan declarado o deban declarar en el proceso penal en calidad de víctimas, testigos, peritos o sus familias, y que se encuentran en una grave y compleja situación que pone en riesgo su vida derivada precisamente de su colaboración con el proceso penal, y cuya amenaza proviene de una organización criminal, donde los mecanismos habituales y las medidas ordinarias de protección resultan insuficientes.

4. CALL CENTER

Como una manera de abrir mayores espacios de comunicación con sus usuarios, la Fiscalía implementó el Call Center Nacional de la Fiscalía de Chile, que a la fecha posee cobertura en todo el territorio.

Esta plataforma de comunicación tiene como objetivo brindar una atención oportuna, eficaz y personalizada a las diversas víctimas y testigos de causas penales. En las Fiscalías Regionales del Maule y Biobío, Valparaíso, y Región Metropolitana Oriente, Centro Norte y Sur se completó a partir de marzo la instalación de esta plataforma comunicacional que permitirá que los usuarios realicen consultas telefónicas a la Fiscalía, las que - según su complejidad- serán atendidas por teleoperadoras. El nuevo mecanismo permitirá derivar los llamados telefónicos tanto a nivel de Fiscalía Regional como de Fiscalías Locales.

Estudios realizados en regiones donde está operativo el sistema, dan cuenta que del total de llamadas que ingresan a la Fiscalía, el 70,5% corresponde a víctimas y testigos, un 23% es el público en general que realiza cualquier tipo de consulta y un 2,1% son familiares de víctimas o imputados.

Durante el 2010, el Call Center recibió un total de 87.942 llamadas, de las cuales se atendieron aproximadamente el 96%, lo cual se traduce en 83.814. Aproximadamente el 70% de estas llamadas, corresponden a Víctimas y Testigos.

5. FISCALÍA TV

Para estar más cerca de la comunidad y entregarles a nuestros usuarios un servicio de orientación de calidad, complementando los canales habituales de entrega de información, durante el año 2010 se implementó el proyecto "Fiscalía TV".

El objetivo de esta programación televisiva, que se exhibe en todas las salas de espera de las fiscalías locales y oficinas auxiliares del país, es orientar de manera clara y entretenida a las personas que acuden por diferentes razones a las Fiscalías, otorgándoles mayor información del trabajo que realizan los funcionarios y fiscales, especialmente respecto de los servicios que se entregan.

Durante el año 2010, cada fiscalía local exhibió 12 programaciones en video cuyos contenidos tienen directa relación con el trabajo del Ministerio Público. Se incluyeron cápsulas de corta duración que daban cuenta de la labor de la Fiscalía, de sus proyectos, de los organismos auxiliares o colaboradores, incluyendo además, segmentos infantiles.

PERSECUCIÓN PENAL INTERNACIONAL

La cooperación penal internacional ha sido una prioridad para la Fiscalía de Chile, entendiendo que las amenazas más serias del crimen organizado transnacional requieren de una respuesta coordinada de los Estados y sus ministerios públicos. Por ello, la Fiscalía Nacional ha continuado generando acuerdos de cooperación internacional e insertándose en redes asistencia recíproca, muchas de las cuales tenemos el honor de liderar. Por su parte, el prestigio de nuestro sistema de justicia criminal y la inmediata colaboración que la Fiscalía de Chile presta a los países que solicitan asistencia penal, ha hecho que en los últimos años se incrementen de manera sostenida los requerimientos de cooperación internacional.

1) INGRESOS DE CASOS

Durante el año 2010, la Fiscalía Nacional tramitó 655 solicitudes de asistencia internacional, lo que representa un incremento del 13,5% respecto al año 2009. En el año anterior, un 41,8% de los casos de asistencia penal internacional correspondió a delitos complejos, incluyendo dentro de esta categoría el terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero, delitos sexuales, secuestro y homicidio, y otras investigaciones de alta dificultad.

A modo de ejemplo, el año 2010 la Fiscalía Nacional realizó actuaciones internacionales vinculadas a investigaciones de alta complejidad como el Caso Tsunami, ante el Pacific Tsunami Warning Center de Hawai; el caso de pornografía infantil "Canción de Cuna", que ha involucrado operaciones multinacionales en 14 países; los rescates de mujeres chilenas secuestradas en Perú y México; la detección temprana del pederasta británico Niguel Turner; y al menos cuatro investigaciones por asociación ilícita para el Narcotráfico con aristas internacionales, donde se requirió colaboración a Brasil, Paraguay, Bolivia, Colombia, Argentina, España, Nueva Zelanda e Italia; por nombrar solo algunos casos.

2) DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Corte Penal Internacional: Durante el año 2010, la Fiscalía Nacional, en cumplimiento de los compromisos de Chile en materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tramitó el primer pedido de cooperación de la Corte Penal Internacional al Estado de Chile, luego de la adhesión de nuestro país al Estatuto de Roma. En este pedido, se solicitó al Presidente de la Excelentísima Corte Suprema la detención del actual presidente de Sudán, por su participación en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, petición que fue acogida, convirtiéndose Chile, en uno de los primeros Estados en el mundo en decretar una orden de captura interna contra el presidente aludido, por el genocidio en Darfur.

3) RELACIONES INTERNACIONALES
I.- Redes y Foros

Durante el año 2010, la Fiscalía de Chile continuó liderando una serie de proyectos internacionales de asistencia penal, en función de los cargos que actualmente ocupa:

1) ASOCIACIÓN IBERO AMERICANA DE MINISTERIOS PÚBLICOS (AIAMP): en su condición de Secretaría General Permanente de la AIAMP, la Fiscalía de Chile fue responsable de la ejecución de diversos proyectos, tales como:

Guía de Buenas Prácticas de las Fiscalías Iberoamericanas en materia de Tráfico de Drogas y Lavado de Dinero: Documento que orienta la persecución criminal coordinada contra el narcotráfico y el blanqueo de activos de 21 fiscalías, incluidas las de España y Portugal.

Proyecto contra la Trata de Personas: el año 2010 finalizó la última etapa del Proyecto de Cooperación Triangular desarrollado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional (AGCI), la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ), la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos y la Fiscalía de Chile. Luego de un intenso proceso de formación, los fiscales chilenos capacitaron durante dos años a sus pares de Guatemala, Paraguay, Bolivia, Panamá, Uruguay y República Dominicana, entrenando a más de 600 fiscales latinoamericanos para enfrentar coordinadamente la trata de personas en la región.

Seguimiento de las Guías de Santiago sobre Atención y Protección de Víctimas y Testigos: durante el año 2010, el Ministerio Público de Chile, con el apoyo de Naciones Unidas, elaboró los indicadores de seguimiento de los estándares que todas las fiscalías del espacio iberoamericano comprometieron en 2008 a desarrollar en favor de las víctimas del delito en sus respectivos países, y por cuyo cabal cumplimiento debe velar la Fiscalía de Chile.

2) MERCOSUR: en su calidad de Coordinador del Grupo Especializado contra el Crimen Organizado Transfronterizo (GECOT), la Fiscalía de Chile promovió una serie de actividades en el seno de la Reunión de los Ministerios Públicos del MERCOSUR, dentro de las que destaco:

Formación de Fiscales del MERCOSUR en la lucha contra las Drogas Sintéticas: la Fiscalía de Chile, con el apoyo de los Países Bajos, realizó en nuestro país el Primer Curso Internacional sobre Drogas Sintéticas del MERCOSUR, con la presencia de fiscales antidroga de todo el Cono Sur.

Asistencia a las Víctimas del Tráfico de Migrantes: la Fiscalía de Chile, con el apoyo de la República de Francia, organizó la tercera versión de la iniciativa contra la Trata de Personas del MERCOSUR y FRANCIA, mediante una reunión de fiscales expertos de la región.

3) ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS: Durante 2010, el Ministerio Público de Chile fue país piloto del Proyecto sobre Video Conferencia Segura de la Organización de los Estados Americanos.
II. Pasantías y Visitas

El año 2010, la Fiscalía de Chile acogió pasantes y recibió delegaciones extranjeras de Argentina, Paraguay, Colombia, México, Estados Unidos, Suecia, Alemania, Francia, Holanda, del Banco Mundial y de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, entre otras, dándoles a conocer de manera teórica y práctica el nuevo sistema procesal penal chileno, incluyendo visitas a fiscalías operativas.

IV.- MODIFICACIONES LEGALES

El artículo 21 de nuestra Ley Orgánica Constitucional, nos otorga también la facultad de sugerir en esta cuenta las modificaciones legales necesarias para el mejoramiento del sistema penal, para una efectiva persecución de los delitos, la protección de las víctimas y de los testigos, y el adecuado resguardo de los derechos de las personas.

Esta facultad la hemos ejercido en años anteriores, y podemos declarar con satisfacción que durante el año 2010 ingresaron al Congreso Nacional 3 Proyectos de Ley, sobre materias citadas en la última Cuenta Pública correspondiente al año 2010.

Tal es el caso de la propuesta de reforma al Decreto Ley N º 409, sobre reinserción del penado a la sociedad, que excluye de su aplicación a los condenados por delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad, los que no podrán optar a la eliminación de su prontuario penal.

También el proyecto referido a la Ley 18.314, sobre Conductas Terroristas, que incorpora en la persecución de estos ilícitos, técnicas especiales de investigación, y medidas cautelares personales y reales de mayor efectividad, como las existentes en la actualidad en materia de drogas. Y, finalmente, el proyecto que establece un sistema para la subrogancia de fiscales que deban ausentarse de sus labores, sobre todo en caso de períodos prolongados.

Todas las anteriores iniciativas que, sin perjuicio de las indicaciones y mejoras que podrán experimentar en el Congreso, esperamos sean Leyes de la República, pronto.

Para el presente año 2011, nuestras sugerencias de reformas legales son las siguientes:
En materia de tráfico de drogas:

Reiteramos la necesidad que se enmienden los artículos 40 y 46 de la Ley 20.000, con el fin de permitir la destinación expedita de parte de los dineros y bienes incautados en estas investigaciones, como asimismo del producto de la enajenación de los bienes y valores decomisados, al trabajo de persecución penal de estos delitos que desarrollan la Fiscalía, las policías y otros organismos auxiliares. Lo anterior, por supuesto, adoptando resguardos legales y reglamentarios, para el adecuado control y rendición de cuentas, respecto del uso de los bienes destinados.

En delitos sexuales:

Sugerimos reforzar legalmente el sistema de protección de las víctimas menores de edad, con la posibilidad que sus testimonios, tanto en la etapa de investigación como en la de juicio oral, sean registrados e incorporados mediante procedimientos especiales, mejores que los existentes, que garanticen su indemnidad sicológica y eviten la doble victimización o victimización secundaria, que el rigor de los procedimientos policiales y judiciales les podría producir.

Sobre la Cibercriminalidad:

Propugnamos la adhesión de Chile al Convenio del Consejo de Europa sobre Cibercrimen, conocido como la Convención de Budapest, del año 2001 y que está abierta a la adhesión de países no miembros, la que se erige en un modelo rápido y seguro de colaboración y cooperación internacional para la persecución de delitos transnacionales, ejecutados por medios y sistemas informáticos.

En materia de Corrupción:

Insistimos en revisar el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, cuyo artículo 50 sobre "Técnicas especiales de investigación", señala que, con la finalidad de combatir eficazmente la corrupción, cada Estado Parte, debe adoptar medidas especiales de indagación, como "la vigilancia electrónica o de otra índole y las operaciones encubiertas".

Técnicas similares que ya existen en Chile en materia de lavado de activos, tráfico de drogas y en ciertos delitos de connotación sexual; y, como ya se dijo, hay un proyecto de ley para extenderlas también a los delitos terroristas. Útil sería- igualmente- establecer estas técnicas especiales en la investigación de los delitos que afectan la probidad pública.

Modificaciones legales en otras materias:

A partir de la trágica muerte de 81 reclusos, tras el incendio en la cárcel de San Miguel se ha instalado en el debate el problema de la sobrepoblación carcelaria, anunciándose medidas para reducirla, Este Fiscal Nacional, como viene planteando desde que asumió su cargo, estima imprescindible adoptar medidas sustanciales y de fondo, que vayan más allá de la coyuntura, lo que significa –en nuestra opinión- una revisión profunda al sistema de penas de nuestro ya vetusto Código Penal.

Efectivamente este sistema de penas debe ser modernizado y contemplar la privación total de libertad como último recurso y no como regla de general aplicación. Debe existir, de otro lado, una indispensable discriminación positiva que permita distinguir entre los llamados imputados primerizos y los delincuentes habituales, de modo de enfocar de mejor manera la actividad de rehabilitación en los primeros y la acción represiva más fuerte del Estado sólo en estos últimos.

Asimismo, hemos expresado nuestra opinión favorable al Proyecto que busca incorporar medios tecnológicos modernos para el seguimiento de las medidas de la Ley 18.216, alternativas a la privación o restricción de libertad. Sin embargo, para despejar algunas posiciones encontradas al nivel jurisprudencial y oposiciones de los defensores de los imputados, pensamos que se debe legislar expresamente para ampliar el uso de estas tecnologías al control de las medidas cautelares, dictadas dentro del proceso en curso. Ello, por cierto, cuidando que, el uso de estos artilugios, no se traduzca en un etiquetamiento o marca infamante adicional para los presuntos delincuentes.

En lo relacionado con eventuales modificaciones legales a la Ley N°20.084 creemos que, antes de proceder a proponer una reforma legal en la materia, se requiere contar con una evaluación supra- institucional sobre el funcionamiento del sistema, cuestión que hoy en día no existe, a pesar de los esfuerzos de distintas mesas técnicas o de coordinación existentes.
Consideramos que no es conveniente, aunque sea posible de hacer, el fundamentar una modificación legal sobre la base de información proveniente de una sola fuente institucional (que no es la Fiscalía) como es hoy, más aún, si éstas consisten en reformas parciales, que lejos de abordar los problemas de fondo de implementación y diseño normativo, representan un paliativo ante un desarrollo jurisprudencial diverso al que se pretendió.

En tales circunstancias, de optarse, de todas maneras, por una reforma a la Ley Nº 20.084, y al margen de la ineludible mejora en los centros de cumplimiento de sanciones, la Fiscalía estima que sólo debe abordarse, por ahora y a la espera de la evaluación supra instituciones que referimos, la falta de regulación legal a la acumulación de sanciones, en supuestos de reincidencia, y la preocupante situación de mayores de edad cumpliendo el régimen de la ley sobre responsabilidad penal adolescente junto con menores de edad.

Finalmente, y mirando a los delitos de manejo en estado de ebriedad causando lesiones graves o la muerte, propugnamos que se modifique la Ley, para facilitar la eventual cancelación perpetua de la licencia de conducir, en casos calificados y no sólo limitarse la sanción accesoria a la sola suspensión de tal documento.

V.- CUMPLIMIENTO DE PROPUESTAS EFECTUADAS EN CUENTA ANTERIOR

El año pasado en la Cuenta Pública planteé que sería deseable una serie de medidas concretas para mejorar el sistema de justicia penal. Y pasado un año de dicho anuncio puedo afirmar con satisfacción que la mayoría de ellas se han cumplido. Entre ellas destaco las siguientes:

Ministerio Público y relación con la comunidad

Como he señalado, en un año particularmente difícil por las consecuencias que produjo el terremoto y tsunami del 27 de febrero en gran parte del país, todas nuestras Fiscalías Regionales comprometieron y redoblaron su esfuerzo, en momentos en que se puso a prueba el funcionamiento de nuestra institución. Pese a la catástrofe las fiscalías atendieron satisfactoriamente a las víctimas y resguardaron adecuadamente sus derechos fundamentales. Asimismo, diversas iniciativas llevaron la solidaridad y el apoyo de todos los integrantes de nuestra institución a sus compañeros damnificados.

Atentos a que uno de los valores fundamentales de la nueva justicia criminal es la transparencia, durante marzo de 2011 recibimos 111 inquietudes y preguntas de la comunidad respecto del funcionamiento de la Fiscalía. Todas fueron cursadas y se les entregó la tramitación correspondiente.
Asimismo, establecimos un Plan de Interacción con la Comunidad que permitirá difundir el material audiovisual denominado "Fiscalía en tu comuna" en consultorios y salas de espera de los 345 municipios del país. En ese marco, el pasado 18 de marzo, firmamos con la Asociación Chilena de Municipalidades un convenio de cooperación, que además permitirá que los fiscales expliquen el sistema procesal penal en reuniones con las organizaciones vivas de las comunas, utilizando las dependencias de los municipios como centros de encuentro y difusión.

El objetivo de este plan será obtener una mejor vinculación entre los fiscales y las comunas en las cuales desempeñan sus funciones, estableciendo un contacto periódico con las entidades relevantes de la comunidad. El DVD abordará tópicos como prevención de delitos, protección de menores y el proceso para enfrentar eventuales denuncias de violencia intrafamiliar.

Instrucciones Generales a Carabineros
Durante el 2010 se constituyó una mesa de trabajo con el fin de elaborar una Guía Práctica de Primeras Diligencias, que ordené poner en vigencia conforme a la facultad que me otorga el artículo 87 del Código Procesal Penal.
De esta Guía se han impreso un total de 40.000 ejemplares, los que fueron distribuidos a todos los efectivos operativos de Carabineros del país, para lo cual realizamos seis lanzamientos, uno nacional y cinco regionales durante diciembre de 2010 y febrero de 2011.

El objetivo de estas instrucciones es reforzar la aplicación de las facultades autónomas que la policía debe ejercer en materias, tales como control de identidad, procedimientos con detenidos y diligencias iniciales de investigación. Todo ello con miras a aumentar la identificación de imputados; y disminuir aun más los casos que se archivan provisionalmente.

Comisión Coordinadora de la Reforma

Durante el año 2010, como Ministerio Público, asistimos a las 7 reuniones de la mesa de coordinación entre el Poder Judicial y la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, la Defensoría Penal y el Colegio de Abogados, instancia en la que analizamos y buscamos solución a las dificultades que se producen en el sistema.

Valoramos la iniciativa y entendemos que es una de las instancias válidas para fortalecer el funcionamiento del sistema procesal penal, a través de proposiciones técnicas que faciliten su desarrollo, seguimiento y evaluación.

Sistema informático para la administración y gestión de las intervenciones telefónicas (RESIT)

Podemos decir con satisfacción que ha culminado de manera exitosa el proceso de suscripción del Protocolo de implementación y coordinación en materia de solicitudes de interceptación telefónica y otras formas de telecomunicación, entre la Fiscalía de Chile y las Compañías de Telefonía Móvil.

En este sentido, con fecha 18 de abril recién pasado se firmó el mencionado Protocolo dando inicio a una marcha blanca, mediante la implementación del nuevo sistema de tramitación de estas solicitudes, la que permitirá mejorar el uso eficiente, racional y controlado de esta técnica investigativa.

En relación con esta materia, la ciudadanía debe tener la plena seguridad que el uso de esta herramienta de investigación NUNCA se puede utilizar y NUNCA se ha hecho sin autorización previa por un Juez de Garantía.

VI.- RELACIÓN ENTRE EL PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO

Como ya dijimos, el Plan Estratégico del Ministerio Público considera como ejes centrales, primero, la profundización de la persecución penal, desplegando para ello esfuerzos institucionales orientados a promover procesos eficientes y eficaces y, segundo, brindar una atención de calidad a víctimas, testigos y usuarios en general.

En ese contexto, los desafíos institucionales deben ser analizados desde una perspectiva que integre la realidad normativa, los recursos disponibles, el aumento relativo de casos penales y el incremento en la demanda de servicios por parte de los usuarios, víctimas y testigos. Mejorar la gestión significa, en definitiva, alcanzar índices de calidad en la medida que lo recursos jurídicos y administrativos disponibles lo permitan. Tras diez años de funcionamiento, el Ministerio Público, en las actuales condiciones, ha alcanzado su máximo nivel en la curva de rendimiento.

Así, los actuales desafíos institucionales consisten primordialmente en:
1. Mantener el actual nivel de resultados;
2. Mejorar la calidad en la atención de usuarios;
3. Profundizar el análisis de la información delictiva;
4. Mejorar el índice de términos judiciales aplicados en casos con imputado conocido;
5. Focalizar la persecución penal según la complejidad del caso;
6. Identificar y atacar los mercados delictuales; y
7. Profundizar la coordinación con las policías y las redes sociales existentes.

Todas estas tareas sólo podrán ser asumidas de manera adecuada en la medida que los recursos disponibles lo permitan. Por ello, considerando esos nuevos desafíos institucionales; también el incremento sostenido de ingresos, por denuncias o querellas, de nuevas causas, que superan ampliamente la capacidad de respuesta de la organización (y que, entre el año 2006 y el 2010 sumaron un aumento del 32%, lo que se debe unir al aumento estimado del presente año, en torno al 9%, lo que suma un total de 41% real) ; la creciente demanda de servicios del Ministerio Público como consecuencia directa de cambios legislativos que se traducen en la aparición de nuevos asuntos de competencia de la institución dictándose, desde el inicio de la reforma procesal penal, 21 leyes (RPA, VIF, Hurto falta, u otras) que modifican o crean nuevas normas legales y que, en su conjunto, tipifican 30 nuevos delitos y provocaron un aumento acumulado real de 626.960 delitos; y la modificación de las competencias de los tribunales militares que traspasan causas complejas a la justicia ordinaria, la Fiscalía de Chile ha promovido –desde Diciembre de 2008-la implementación del Plan de Fortalecimiento Institucional, que comprende cinco proyectos articulados en cuatro líneas de trabajo:

A) Ajuste a los procedimientos para la tramitación de casos de criminalidad compleja y menos compleja: que consiste en incorporar, al nivel regional, unidades de análisis y métodos sobre mercados delictuales específicos y equipos de trabajo focalizados, de carácter operativo, que puedan diseñar planes de persecución penal estratégicos según redes delictuales, superando la lógica del caso a caso. Con ello buscamos aumentar la calidad y la oportunidad de la respuesta al conflicto penal y fortalecer la persecución sobre focos o mercados delictivos de mayor connotación social. Se intensifican las labores de análisis de información, coordinación y colaboración interinstitucional.

B) Fiscalía Supraterritorial: como he indicado, se trata de un modelo de trabajo centralizado, sobre las base de fiscales especializados, que permitirá trabajar de forma permanente y sistemática con otras instituciones nacionales e internacionales. Con ello, se pretende aumentar la probabilidad de investigar y sancionar a organizaciones criminales que operan al nivel interno y transnacional

C) Control de la Suspensión Condicional del Procedimiento: Modelo que incorpora la creación de nuevos equipos, un sistema de registro actualizado y seguimiento permanente de las sanciones impuestas en medio libre. Así buscamos obtener: - Una mejor y más oportuna información (fiscales, víctima e instituciones);
- Fortalecimiento del instrumento legal y, por ende, una eventual reducción de la población carcelaria;
- Disminución de la percepción de impunidad en la sociedad y
- Constituir una fuente clave de información para el rediseño integral de los sistemas interinstitucionales.

D) Modelo de Atención Integral a Víctimas y Testigos: el que busca una especialización, estandarización y diferenciación de los servicios otorgados, tanto de manera presencial (atención personalizada) como remota (atención general, a través de call-contact center). Con ello:

- Se permite proveer información y orientación más precisa y oportuna, y detectar de manera temprana las situaciones de vulnerabilidad,
- Se aumenta la confianza en el sistema y, en consecuencia, la participación de víctimas y testigos, y
- Se mejora la Vinculación de los intereses de la víctima con los intereses de la persecución penal.

Con respecto a las Unidades de Análisis Criminal y Métodos sobre mercados delictuales: esta última aspiración de la Fiscalía fue recogida y agregada por el Informe del BID al que me referiré más adelante, y se incorporarían estas Unidades en cada Fiscalía a lo largo del país.

Todas estas iniciativas no son sólo un aporte al desarrollo de la Fiscalía de Chile, sino que constituyen un fortalecimiento al sistema procesal penal en su conjunto y al ámbito de la seguridad ciudadana, que tanto preocupa en nuestro país.

Conforme a todo lo señalado, estamos ciertos que la concreción del Plan de Fortalecimiento permitirá que la Fiscalía de Chile contribuya, desde su ámbito de competencia, al desarrollo de las propuestas de políticas públicas antidelincuencia.
Es importante señalar que la necesidad de contar con este Plan de Fortalecimiento es respaldada por un informe reciente del Banco Interamericano de Desarrollo, en el que se establece la justificación presupuestaria para que éste se implemente en los próximos cuatro años.

En dicho documento se detalla que "tras una atenta lectura del Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público y del Plan de Seguridad Pública (PSP) del gobierno, puede concluirse que existe coincidencia entre ambas estrategias en cuanto a que existen nuevos elementos objetivos y nuevas expectativas que implican un aumento de la carga de trabajo que pesa sobre el Ministerio Público".

El informe considera un aumento de 156 fiscales.

VII.- PALABRAS FINALES

La institución que tengo el honor de presidir, desde su autonomía constitucional, ejerce con total independencia sus funciones, respetando el estado de Derecho y protegiendo a las víctimas del delito, pero no está ajena y no debe estarlo al escrutinio público, ni a la obligación de rendir cuentas a la comunidad respecto al desarrollo de nuestra labor institucional. Son múltiples los mecanismos de control que existen sobre nuestro desempeño, desde informes periódicos a la Cámara de Diputados, al Senado, al Ministerio de Hacienda, que materializan la observancia de nuestras obligaciones, hasta el mecanismo de las cuentas públicas de Fiscales Regionales y la que rindo hoy.

Empero, amén de lo anterior, hemos testeado nuestro desempeño con auditorías externas impuestas por la Ley, para examinar el cumplimiento de las metas de gestión institucionales, con encuestas externas a los usuarios y con estudios permanentes realizados por Fundaciones, Centros de Estudios y Universidades.
Asimismo, estamos sujetos al control permanente de los órganos jurisdiccionales, tanto ordinarios como constitucional, y al deber de actuar sobre la base de la objetividad que nos impone nuestra Ley para el desenvolvimiento de nuestra labor.

Dentro de esa lógica, me permito apoyar el estudio de una iniciativa legal que permita regular la transición de los fiscales regionales, fiscales adjuntos y funcionarios directivos al mundo privado o público.

Se debe cautelar por un periodo de tiempo necesario que, cuando un Fiscal o alto funcionario deje la institución, la que abandona sin indemnización, ni plan de retiro alguno, pueda buscar trabajo en cualquier lugar, pero alejando cualquier sombra de duda sobre la posibilidad de producir un conflicto de intereses entre sus nuevas labores y las que antes desempeñó como funcionario de la Fiscalía.

No es conveniente, por ejemplo, que uno de estos ex funcionarios, pueda integrarse a una oficina pública o privada con la que antes interactuó, sea persiguiendo responsabilidades penales, sea colaborando con ella como interviniente en un proceso.

En la legislación de otros países, tales como Estados Unidos, España o el Perú existen distintos mecanismos, tales como prohibiciones temporales –o según el caso perpetuas- de ejercicio profesional en ciertos ámbitos o ante ciertas autoridades, o indemnizaciones o remuneraciones durante el período en que dure la prohibición. Asimismo, para no perder la valiosa y única experiencia que adquieren los integrantes de la Fiscalía al trabajar en ella, se suele asegurar que, al desempeñar un alto cargo y terminar su período, la persona pueda optar, de pleno derecho, a permanecer en la Fiscalía, en otra labores.

Todo lo dicho, y coincidiendo con lo que han dicho destacados académicos chilenos, sin que se rigidice la posibilidad de llegada de profesionales externos a la institución, elemento indispensable para la recepción permanente de nuevas ideas.

En otro orden de ideas y referido a nuestro indispensable e ineludible fortalecimiento institucional, aún a riesgo de repetirme, hago notar una vez más su importancia estratégica, también a nivel país.
Por ello, recordamos como fundamental para el Ministerio Público, el compromiso que expresara S.E. el Presidente de la República, don Sebastián Piñera, en su Cuenta del 21 de mayo de 2010, en orden a crear la Fiscalía Supraterritorial de Alta Complejidad, con la que abordaremos, como la única institución que puede hacerlo según la ley, la investigación y combate del lavado de dinero, el crimen organizado, la corrupción, el gran narcotráfico y las redes de pederastas. Sin ella, creemos, la persecución de estos delitos no podrá mejorar tan cualitativamente, como es nuestro deseo.

Y, respecto a la otra parte del Plan de Fortalecimiento:
Agradezco expresamente el apoyo que se ha dado, en primer lugar por el poder Ejecutivo, donde se encuentra trabajando una mesa técnica con la Dipres, y representantes de los ministros de Interior y Justicia para concordar la puesta en marcha de este imprescindible Plan de Fortalecimiento, con el que pretendemos mantener y no disminuir nuestra eficiencia y los estándares de la persecución criminal del país, pero sin la muy alta y extenuante sobrecarga de Fiscales y Funcionarios, en todo Chile. Dejo constancia que este incremento de dotación, no sólo busca hacer más de los mismo, sino que contiene, como lo expresé antes, proyectos e ideas nuevos y concretos.

Finalmente valoro explícitamente el apoyo de numerosos Diputados y Senadores, de todo el espectro político, que están conscientes de la necesidad de aumentar los recursos disponibles de nuestra institución para enfrentar el constante crecimiento de los ingresos de causas, que este año se proyectan, como ya se dijo, en más de un millón y medio de causas.

Por su asistencia, paciencia y atención muchas gracias a todo ustedes.

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