La Responsabilidad Penal Adolescente se vincula a los delitos cometidos por personas mayores de catorce y menores de dieciocho años.
Este sistema está determinado por la Ley Nº 20.084, reconoce a los adolescentes infractores la calidad de sujetos de derechos, por lo cual, teniendo en cuenta su edad y las particularidades propias de su grado de desarrollo, se les puede exigir responsabilidad por los delitos cometidos, reconociéndose para ello las garantías de un debido proceso penal.
En efecto, casi la totalidad de los delitos contenidos en el Código Penal y leyes especiales, pueden ser cometidos por los adolescentes, salvo aquellos que requieran una calidad especial imposible para un menor de edad o exclusiones legales expresas, siendo en la práctica los de mayor ocurrencia aquellos que afectan a la propiedad como los robos, hurtos y otros como las faltas y las lesiones.
Las sanciones previstas en la Ley Nº 20.084 son variadas y de diversa naturaleza a las asignadas por el Código Penal a los adultos, y se caracterizan por tener una finalidad responsabilizadora y de integración social. Entre éstas se encuentran las sanciones privativas de libertad comprendidas por la internación en régimen cerrado y semicerrado con programa de reinserción social, y las no privativas de libertad referidas a la libertad asistida, prestación de servicios en beneficio de la comunidad, reparación del daño causado, entre otras.
Para hacer frente a la criminalidad adolescente, la Fiscalía de Chile cuenta con 114 fiscales especializados en materia de delincuencia juvenil, y con una Unidad Especializada que colabora activamente con los fiscales en materias tales como asesoría, coordinación interinstitucional y capacitación continua para el abordaje de esta compleja temática social.
Asimismo, para desarrollar una persecución penal eficiente y con altos estándares de calidad, la Fiscalía trabaja coordinadamente con instituciones vinculadas al sistema de justicia penal adolescente, tales como el Servicio Nacional de Menores, UNICEF, Poder Judicial, Ministerio de Justicia, y con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.