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Ex Coronel de Ejército es formalizado por cohecho, estafa y negociación incompatible

En este caso además, fueron formalizados otros dos imputados por los delitos de cohecho y estafa.

Fiscal José Morales de la Unidad de Alta Complejidad Centro Norte dirige esta investigación.

Fiscal José Morales de la Unidad de Alta Complejidad Centro Norte dirige esta investigación.

La Fiscalía Centro Norte formalizó investigación en contra del imputado Mauricio Lazcano Silva, por su participación en delitos de cohecho, estafa y negociación incompatible, mientras se desempeñaba en el cargo de Teniente Coronel del Comando de Bienestar del Ejército de Chile.

En este caso además, fueron formalizados como autores los imputados Eduardo Olmedo Prado y Claudia Marín Aguilera, por los delitos reiterados de cohecho y estafa.

Respecto a los ilícitos de cohecho y negociación incompatible, el fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad Centro Norte, José Morales, expuso que los hechos ocurrieron entre los años 2013 y 2014, mientras el imputado Lazcano Silva –en el desempeño de su cargo- recibía dinero de una empresa a la cual se le adjudicaban licitaciones referida a servicios informáticos.

De este modo, el imputado aceptó recibir de los coimputados Olmedo Prado y Marín Aguilera, quienes trabajaban en la empresa Powerti S.A., beneficios económicos para sí por un monto aproximado de 200 millones de pesos, ejecutando actos con infracción a los deberes de su cargo.

En cuanto al delito de estafa, el fiscal Morales detalló en la audiencia que el imputado Olmedo Prado le entregó al imputado Lazcano Silva facturas de Powerti S.A. por servicios supuestamente prestados y que debían ser supuestamente pagados por la institución castrense.

Luego, la imputada Marín Aguilera en representación de Powerti S.A., concurrió a las empresas de factoring de bancos e instituciones financieras, donde suscribió un contrato mediante el cual cedió el servicio de cobranza futura de dichas facturas a estas empresas, consiguiendo a su favor, de manera inmediata, el dinero de esas operaciones.

En esta parte, el monto total del perjuicio asciende aproximadamente a seis mil millones de pesos.

Los imputados quedaron con las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial y arraigo nacional y se fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación.

 

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