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05/03/2015

Talca: por estafa y otros delitos fiscalía formaliza a ex ejecutivos de cooperativa de ahorros (Audio)

Investigación da cuenta que Abamcoop estafó a más de una veintena de afiliados por millonarios montos

Se fijó como plazo de investigación seis meses

Siete personas que cumplían diversas funciones en la Cooperativa de Ahorro Abate Molina más conocida como Abamcoop de Talca, debieron enfrentar la justicia este martes luego de una larga investigación llevada a cabo por el  Ministerio Público tras la querella presentada por sus afiliados quienes perdieron millonarias sumas de dinero por los ilícitos cometidos y que la fiscalía detalló ante el Tribunal de Garantía de la capital maulina.

El fiscal Alexie Crisóstomo, especialista en delitos económicos, dio cuenta al magistrado de las operaciones presuntamente ilegales realizadas por los ejecutivos lo que motivó la formalización de cargos por diversos delitos y grado de participación en contra de Claudio Durán Torres, Marcos Terroba Lechuga, Paulo Muñoz Valenzuela, Cristian Amaya Astudillo, Lissette Pinto Barde, David Bahamondes Bard y Soraya Veliz Pereira.

“Son siete las personas formalizadas por los delitos de desacato,  insolvencia punible, por el delito de estafa del artículo 468 en concurso con falsificación de contrato simulado y también el hacer suscribir documentos robando con ello perjuicios a terceros que es una figura muy específica del Código Penal. Son varios ilícitos con distintas penalidades y en general el marco puede estar desde los tres años y un día hasta los diez años y estoy hablando en abstracto no en concreto todavía porque va a depender de cada uno de los imputados y de acuerdo a sus antecedentes - todos tienen irreprochable conducta anterior - y de las atenuantes o agravantes que se pueden dar durante la investigación”, afirmó el fiscal Crisóstomo

Los ejecutivos de Abamcoop, según lo planteado por el Ministerio Público en audiencia,  además hicieron caso omiso a una disposición judicial emanada de un tribunal civil el que impuso la prohibición de captar nuevos recursos debido a la insolvencia económica en que se encontraba la cooperativa, situación que fue trasgredida por quienes dirigían la entidad financiera.

La fiscalía solicitó en contra de todos los imputados la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional, pero el tribunal dispuso sólo la medida de arraigo para Claudio Durán, Paulo Muñoz y  Soraya Veliz, fijándose como plazo de la investigación seis meses.