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27/01/2015

Fiscalía de Aysén formaliza investigación por eventual fraude al fisco

Además por aplicación pública diferente y falsificación de un oficio. Los hechos investigados se remontan a los años 2009 y 2010 en Puerto Aysén.

La investigación es dirigida por el fiscal jefe de Puerto Aysén, Luis Contreras, quien solicitó diligencias a la PDI.

En base a las diligencias solicitadas a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, la Fiscalía Local de Puerto Aysén, comunicó ayer a tres imputados el inicio de una investigación en su contra por eventuales delitos funcionarios.

Se trata de Marisol Martínez Sánchez, ex alcaldesa de la comuna y actual gobernadora de Aysén; Felipe Marín Ortíz, inspector de la ejecución del contrato y director de obras subrogante de la Municipalidad en esa época y el contratista de una empresa constructora, José Miguel Haefele Rebolledo.   

Según explicó el fiscal jefe de Puerto Aysén, Luis Contreras Alfaro, los hechos investigados se remontan a los años 2009 y 2010, periodo en el cual la Municipalidad de Puerto Aysén ejecutó dos proyectos. Uno, referido a la construcción de 104 viviendas sociales del comité “Golpeando puertas para un futuro hogar” y otro referido a la urbanización del mismo loteo.

Según explicó el fiscal Contreras, “el primero de estos proyectos contemplaba la urbanización de las viviendas, como asimismo movimientos de tierra para efectuar relleno del terreno y estabilización del mismo”. Sin embargo en paralelo, añadió el fiscal, el 26 de noviembre del 2009, la Municipalidad de Puerto Aysén postuló a la Subdere un proyecto en el cual se requirieron fondos por 179 millones para financiar obras de agua potable, alcantarillado, aguas servidas, pavimentación y aguas lluvia, “pero en realidad estos fondos fueron solicitados para destinarlos a relleno de terreno y esas partidas ya estaban contempladas en el contrato anterior”.

Por los hechos anteriormente expuestos y de acuerdo a lo mencionado ante el Juzgado de Garantía, se investigan tres tipos de delitos distintos, los cuales fueron calificados como fraude al fisco, aplicación pública diferente y falsificación ideológica de un documento público, en específico de un oficio de la Municipalidad.

El plazo para el término de la investigación fue fijado en 6 meses, al término de la cual se evaluarán los escenarios judiciales que correspondan, conforme a los antecedentes recopilados en base a las diligencias policiales, las cuales están aún en desarrollo.