Sala de PrensaNoticias Regionales

01/07/2014

Fiscalía formalizó a ex jefe de División del GORE en Valdivia por grabar conversación privada con lápiz espía

La fiscal Ximena Valenzuela comunicó a Ricardo Bohle Cendoya, ex jefe de Administración y Finanzas del Gobierno Regional de Los Ríos, que se le investiga por grabar audios y videos de conversaciones que sostuvo con una funcionaria entre junio y noviembre de 2011.

La audiencia de formalización se efectuó en el Juzgado de Garantía de Valdivia.

Por el delito de grabación de conversaciones privadas en un lugar que no es de acceso al público fue formalizado esta mañana por la Fiscalía Local de Valdivia el ex jefe de la División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional de Los Ríos, Ricardo Segundo Bohle Cendoya.

La fiscal Ximena Valenzuela Gálvez comunicó al imputado que se le investiga por hechos ocurridos durante junio y noviembre de 2011, cuando éste registró en audio y video conversaciones que sostuvo, en su oficina, con una funcionaria que estaba bajo su cargo. Para grabar esas conversaciones, el imputado utilizó un “lápiz espía”.

Debido a que en este caso se cumplen los requisitos legales –la pena asignada al delito no supera los tres años de privación de libertad y el imputado no tiene condenas ni suspensiones condicionales vigentes-, la Fiscalía ofreció a Ricardo Bohle una suspensión condicional del procedimiento por un año, estableciendo como condición para ello que el imputado fijara domicilio y no se acercara a la víctima durante ese plazo, tras lo cual la causa en su contra quedaría sobreseída si cumplía las condiciones  y no era formalizado por otro delito.

Sin embargo, el imputado no aceptó, debido a que sus defensores estiman que los hechos no son constitutivos de delito, pues la conversación se produjo cuando el imputado era funcionario público y el tema de la conversación era laboral y no personal.

También se opuso la parte querellante, que representa a la funcionaria cuya conversación fue grabada sin que ella lo supiera, puesto que estima que existen circunstancias agravantes de responsabilidad penal que elevarían la pena a más de 3 años de presidio.

Por ello, el juez de Garantía Jorge Rivas fijó un plazo de investigación de 90 días para que la Fiscalía investigue si se configuran esas circunstancias agravantes, y además fijó una audiencia para el 10 de septiembre, a las 9:00 horas, en que la Fiscalía explorará la posibilidad de obtener una salida alternativa y la defensa pedirá el sobreseimiento definitivo de la causa.