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10/03/2014

Fiscalía Centro Norte formalizó a imputado por amenazas contra ex ministra Cecilia Pérez

En esta jornada también fue formalizado un segundo imputado por amenazar al entonces jefe del Plan "Estadio Seguro".

Fiscal Jaime Retamal a cargo de la investigación de este caso.

Por el delito de amenaza a la autoridad la Fiscalía Centro Norte formalizó a un menor de 17 años autor de ilícito cometido en contra de la ex ministra de la Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez.

En la audiencia el fiscal Jaime Retamal expuso que el hecho ocurrió el 11 de febrero pasado, cuando el imputado a través de la red social de Twitter amenazó con dar muerte a la ex vocera de Gobierno.

Conocido el hecho, la Fiscalía Centro Norte en conjunto con OS-9 de Carabineros determinó una serie de diligencias que permitieron identificar al adolescente y dar con su paradero ubicado en la ciudad de Los Ándes, logrando su identificación transcurridas dos semanas desde la denuncia de la ex Ministra. Además se logró registrar su domicilio en virtud de una orden judicial del Séptimo Juzgado de Garantía, incautando un celular y computadores, los que están siendo periciados.

Considerando que se trata de un menor de edad que no tiene antecedentes penales, la Fiscalía solicitó las medidas cautelares de firma mensual y la prohibición de acercarse y/o comunicarse con la víctima.

El Séptimo Juzgado de Garantía acogió la medida de prohibición de acercarse y/o comunicarse con la víctima, rechazando la obligación de firmar en la Fiscalía, debido a que el menor no tenía antecedentes y se presentó a la audiencia.

Audiencia por amenaza a jefe de Plan “Estadio Seguro”

También en la presente jornada, la Fiscalía Centro Norte formalizó al imputado Pablo Cortés Figueroa, de 28 años, por amenazar de muerte al entonces jefe del Plan “Estadio Seguro”, Cristián Barra.

En la audiencia el fiscal Jaime Retamal expuso que el hecho ocurrió el 27 de febrero pasado cuando el imputado, a través de su cuenta de Twitter, amenazó con descuartizar al ex funcionario de gobierno.

La Fiscalía solicitó como medidas cautelares la obligación de firmar mensualmente y la prohibición de acercarse a la víctima y/o comunicarse. El tribunal acogió las medidas cautelares requeridas por el ente persecutor.