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14/06/2023

Tribunal resuelve condenar a tres gendarmes por tortura y falsificación de documento público

El hecho fue cometido en mayo de 2020. Equipo dirigido por la Fiscalía Centro Norte logró acreditar los delitos.

Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.

Luego del desarrollo de este juicio, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte logró acreditar la participación de tres acusados como autores directos del delito de tortura, previsto en el artículo 150 A y 150 C, del Código Penal y por el delito de falsificación de documento público, previsto en el artículo 193 N°4 del Código Penal, ambos delitos en grado de consumados. Hechos acaecidos el 13 de mayo de 2020.

Corresponde a tres imputados identificados con las iniciales C. R. S., M. C. M. y M. M. S. quienes se desempeñan en Gendarmería de Chile (dos de ellos en servicio activo).

El Cuarto Tribunal Oral valoró como suficiente la prueba presentada en juicio por el fiscal Marcelo Leiva, de la Fiscalía Local Santiago Centro, quien fue acompañado por querellantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

En el acta de deliberación de los magistrados se indica que, “tanto el hecho punible, la participación y el grado de desarrollo del ilícito, se acreditaron con el mérito de los dichos del ofendido J.R. quien en términos resumidos expresó que el día de los hechos y luego de un altercado que tuvo con acusado M. C. M., que culminó con el acusado en el piso, salió corriendo a su celda, con el objeto de resguardarse, pues intuía que vendrían por él”.

Precisamente, fue hasta la celda del ofendido el acusado M. M. S. con un grupo de gendarmes y “le lanza gas pimienta a la cara el que logra esquivar, aunque no del todo porque le cae en un costado del rostro y se lo llevan pegándole todo el tiempo puntapiés, hasta el lugar que el denomina la “pecera” espacio sin cámaras de seguridad y en la cual almuerzan los gendarmes”.

En ese lugar, indica la resolución del tribunal, “le siguen dando patadas y golpes de puño en todo su cuerpo, recordando que el acusado C. R. S. era uno de los que más patadas le daba y le ponía el pie en su cabeza, momentos en que el funcionario de mantención con el que había tenido el altercado inicial, sacó de su chaquetilla un corta cartón metálico y le comenzó a dar golpes en su mano, hasta que luego del tercer o cuarto golpe sintió como sus dedos con el corte se le abrieron”.

COMPLEJA INVESTIGACIÓN

De acuerdo a lo que expuso el fiscal Marcelo Leiva, este caso fue de compleja investigación, ya que los tres funcionarios de Gendarmería de Chile acusados, fueron los únicos testigos presenciales de los hechos en que participaron y para ocultarlo y justificar la amputación de parte de los dedos de la víctima, elaboraron una versión alternativa que indicaba que la víctima los había intentado agredir con un tubo de PVC y que al forcejear con éste, ella misma se había autolesionado.

Esta versión fue incorporada en un parte denuncia formal, el que fue enviado con varias semanas de demora a la fiscalía.

Considerando ello, detalló el persecutor, no fue posible recuperar las imágenes de videograbaciones de los distintos lugares donde ocurrieron los hechos, ni tampoco poder contar con el tubo de PVC indicado, para realizar pericias en el mismo.

No obstante, la Fiscalía Centro Norte pudo contar con la declaración de la víctima y de otros internos, quienes pese a estar privados de libertad y bajo la custodia de Gendarmería, lograron transmitir a familiares de la víctima lo sucedido, lo que permitió que mediante la injerencia tanto de la Defensoría Penal Pública Penitenciaria, como del Instituto de DDHH, se pudieran recopilar diversos antecedentes probatorios, que en definitiva lograron acreditar los hechos por los cuales se acusó a estos miembros de Gendarmería de Chile.

El fiscal Leiva también destacó el apoyo otorgado tanto por el Servicio Médico Legal como por el Colegio Médico, quienes pusieron a su disposición especialistas tanto en Medicina Forense como Psiquiátrica, quienes declararon en detalle las pericias efectuadas bajo los protocolos internacionales para este tipo de hechos, lo que permitió que los jueces pudieran llegar al convencimiento respecto a la forma de ocurrencia de los hechos.

En la misma audiencia, el Ministerio Público solicitó imponer a cada uno de los acusados las penas de 10 años de presidio por el delito de tortura y cinco años por la falsificación de documento público.

La sentencia definitiva se conocerá el próximo 22 de junio.