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03/02/2020

Tarapacá: A casi cinco años de presidio fueron condenados prestamistas ilegales de pequeños comerciantes

Los seis acusados, todos extranjeros, formaban una organización criminal dedicada a prestar dinero a locatarios de la caleta Riquelme, del terminal agropecuario de Alto Hospicio y del centro de Iquique.

Se decretó el comiso del dinero y los autos incautados a los acusados al momento de su detención.

Por los delitos de lavado de activos, usura, corretaje ilícito de dinero de la Ley de Bancos y asociación ilícita fueron condenados los cinco ciudadanos colombianos y uno de nacionalidad boliviana, detenidos el año pasado por su participación en el otorgamiento de préstamos ilegales conocidos como “gota  gota”,  tras una investigación realizada por la Fiscalía, Policía de Investigaciones y la Armada de Chile.

En un procedimiento abreviado, los acusados  Yeison Quintero Hernández, Luis Hidalgo Rincón, Luisa López Aguirre, Luis Ocampo León, Katherinne Juliana Cruz y Gisella Rojas Montecinos aceptaron responsabilidad en los hechos por los cuales los acusó el fiscal de delitos económicos Juan Zepeda. El persecutor explicó que el año 2018 se inició investigación por la denuncia de la Gobernación Marítima que daba cuenta que ciudadanos colombianos visitaban habitualmente la Caleta Riquelme con el fin de efectuar prestamos de dinero a locatarios del recinto y luego a realizar los posteriores cobros.

La investigación con la Armada y la Policía de Investigaciones determinó que los acusados conformaban una organización criminal dedicada a los préstamos ilegales, los cuales también realizaban en el sector de calles Tarapacá con Patricio Lynch, a personas que vendían en la vía pública, y a comerciantes del Terminal Agropecuario de Alto Hospicio. A todas esas personas, les facilitaban sumas entre 500 mil  y un millón de pesos, cobrándoles diariamente y con intereses superiores al 20 por ciento, muy por encima al permitido en la ley chilena. Si no les pagaban, los acusados enfrentaban a las víctimas, incluso varias de ellas abandonaron sus locales comerciales al no poder saldar la deuda.

Además, se pudo determinar que el dinero recaudado diariamente era enviado a Colombia a través de depósitos efectuados por los acusados en Western Union.

Con todos los antecedentes, el juzgado de garantía resolvió condenar a los acusados a las penas de 3 años y un día de presidio por el delito de lavado de dinero, 541 días por corretaje ilícito de dinero reiterado, 100 días por asociación ilícita y 61 días de presidio por el delito de usura reiterado, además de la expulsión del territorio nacional una vez que cumplan la condenas.

También se decretó el comiso de los más de 7 millones de pesos en efectivo incautados a los acusados al momento de su detención, junto a dos motos y un jeep que utilizaban para hacer los cobros.