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Coquimbo: Fiscal valoró sentencia contra acusados por robo con homicidio

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena condenó a penas efectivas de 15 años y un día de presidio a Eduardo Alejandro Zepeda Vilches, Pedro Antonio Lafertte Canales y Juan Antonio Rodríguez Castañeda, en un caso donde otro imputado espera ser juzgado por los mismos hechos, ya que estaba prófugo en Bolivia.

La Fiscalía de Coquimbo llevó el caso a juicio oral.

La Fiscalía de Coquimbo llevó el caso a juicio oral.

El fiscal de Coquimbo, Andrés Gálvez, valoró la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de La Serena, compuesto por los jueces Juan Carlos Espinosa (presidente), Nury Benavides e Iván Corona (redactor)– que condenó a 15 años un día a 3 imputados, Eduardo Zepeda Vilches, Pedro Lafertte Canales y Juan Carlos Iribarren, por el delito de robo con homicidio.

La sentencia señala que aproximadamente a las 10 horas del 16 de agosto de 2015,  Zepeda Vilches, Rodríguez Castañeda y  Lafertte Canales, junto a un cuarto individuo, concurrieron a bordo de un vehículo a un domicilio ubicado de la Parte Alta de Coquimbo, con el fin de sustraer especies, ingresando al interior del inmueble los tres imputados, manteniéndose la cuarta persona en el auto con las puertas y el maletero abierto para facilitar la huida.

Los 3 abordaron a la víctima, intimidándolo con armas de fuego para posteriormente sustraer especies como ropa, electrodomésticos, entre otros. Luego, en los momentos en que empezaban a huir, llegó al domicilio una segunda persona, quien se opuso a los actos de los sujetos condenados.

Sin embargo, recibió un disparo a dos metros de distancia que le causó la muerte.

El fiscal Andrés Gálvez dijo que el fallo recoge la acusación de la Fiscalía. “Ellos sostenían que no tenían conocimiento de un arma de fuego y que la persona que no ha sido enjuiciada es la que dispara, pero eso es lo importante de este juicio. Este imputado fue detenido en Bolivia y la audiencia será en mayo”, dijo.  

Una vez ejecutoriado el fallo, el tribunal dispuso que se proceda a obtener muestras biológicas de los sentenciados para determinar su huella genética y su inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

 
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