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26/06/2015

Corte Suprema ratificó desafuero del senador Carlos Bianchi

La Fiscalía de Magallanes, encabezada por el Fiscal Regional, Juan Agustín Meléndez, solicitó el desafuero, para poder llevar a juicio al parlamentario investigado por los delitos de negociación incompatible y fraude al fisco, a lo que accedió el tribunal de alzada de Punta Arenas. La defensa apeló a la decisión al máximo tribunal.

Audiencia de Pleno de la Corte Suprema

El Pleno de la Corte Suprema decidió este viernes confirmar la decisión de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, de desaforar al senador Carlos Bianchi, quien es investigado por la Fiscalía de Magallanes por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible.

Su defensa, encabezada por el abogado Miguel Soto Piñeiro, apeló a la decisión del tribunal de alzada, debiendo exponer ante el máximo tribunal sus argumentos, al igual que su contra parte, el Fiscal Regional de Magallanes, Juan Agustín Meléndez; el Consejo de Defensa del Estado, a través de su presidente Juan Ignacio Piña, y abogados querellantes.

"Estamos conformes hemos cumplido con esta parte del trámite que corresponde al desafuero, porque lo que hemos pretendido desde un principio, es llevar estos antecedentes ante el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, y que sea el tribunal el que pueda resolver, en mérito de las pruebas que se rindan, su convicción en cuanto a los hechos que hemos estimados son constitutivos de dos delitos de negociación incompatible y fraude al fisco", explicó Meléndez.

Hechos

En marzo de 2006, el Senador Bianchi, en razón de su cargo, suscribió un contrato de arrendamiento de un inmueble en Punta Arenas, por un monto de $850.000 pesos mensuales reajustable según IPC, para utilizarlo como sede parlamentaria, figurando como arrendadora su suegra.

Este contrato permitió que el Senado extendiera mensualmente cheques por el pago de la renta, entre abril de 2006 a septiembre de 2009, directamente al senador, debiendo éste pagar a la arrendadora, quien falleció en enero de 2009, pese a lo cual, entre febrero y septiembre, el pago continuó realizándose.

Posteriormente, en octubre de 2009, Bianchi presentó un anexo de contrato, indicando que luego de la muerte de su suegra, su cuñada, Victoria Retamales, asumiría el cobro, lo que permitió que los pagos se continuaran extendiendo hasta noviembre de 2010.

El monto total pagado por el Senado por concepto de arriendo fue de más de 52 millones de pesos, variando la renta de $850 mil a más de un millón de pesos en 2010, por una oficina de aproximadamente 39 m2, de regular calidad y con valores muy por encima de los registrados en el sector, defraudando al fisco en $45 millones.

"La negociación incompatible se configura en el contexto de la celebración de un contrato por un inmueble que era propiedad de familiares -su cónyuge, su suegra y sus dos cuñados-, mientras que el fraude al fisco por estimarse que hay un sobreprecio en el valor de la renta y porque existen traspasos de los dineros pagados por el Senado, pero que no está acreditados que hayan salido de las cuentas corrientes del imputado, provocando un perjuicio fiscal", explicó el fiscal.

El caso fue investigado por el Fiscal Regional, Juan Agustín Meléndez, formalizando el 10 de marzo en el Tribunal de Garantía de Punta Arenas, al Senador por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible

En mayo la Fiscalía solicitó a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas el desafuero del senador, siendo acogido por unanimidad.

Pasos siguientes

Según Meléndez, terminada esta etapa "viene el trámite en que el tribunal de garantía reanude el procedimiento, donde se encuentra suspendido, y proceda a fijar la audiencia de preparación de juicio oral"

Consultado por los hechos imputados a Bianchi, el Fiscal regional enfatizó que cuando la Fiscalía presenta una acusación, es porque tiene convicción de que se han cometido ilícitos, sin embargo, es el tribunal el que deberá resolver.

"Con lo resuelto hoy por la Corte Suprema, nadie ha sido condenado, el senador Bianchi no ha sido objeto de una condena, sino separado de un privilegio procesal que es un fuero, y va a enfrentar un juicio, como lo enfrenta cualquier chileno cuando está enfrente a una situación de esta naturaleza. Pero insisto no hay condena, esto es un paso para ser visto en un juicio", enfatizó Meléndez.

El próximo miércoles la Corte Suprema dará a conocer su fallo donde se expondrán los fundamentos para respaldar sus decisión de desafuero.