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12/02/2015

Corte Suprema concede extradición de Natalia ciuffardi, pero ordena que imputada sea juzgada en Chile por los delitos cometidos en Honduras

Corte Suprema accedió a solicitud de extradición, pero atendida la nacionalidad chilena de Ciuffardi, ordenó que fuera juzgada en Chile por los delitos cometidos en Honduras. La Fiscalía Nacional estudiará la factibilidad de apelar o no a la decisión adoptada por el máximo tribunal, con el objeto que sean los jueces hondureños quienes la juzguen.

El Director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional, Eduardo Pincand alegando en la Corte

Corte Suprema accedió a solicitud de extradición, pero atendida la nacionalidad chilena de Ciuffardi, ordenó que fuera juzgada en Chile por los delitos cometidos en Honduras.  La Fiscalía Nacional estudiará la factibilidad de apelar o no a la decisión adoptada por el máximo tribunal, con el objeto que sean los jueces hondureños quienes la juzguen.

Este jueves la Corte Suprema declaró procedente el pedido de extradición solicitado por el gobierno de Honduras,  en contra de Natalia Ciuffardi, chilena requerida por el delito de lavado de dinero por la justicia de Honduras en el marco de un millonario caso de corrupción. Sin embargo su juzgamiento se llevará a cabo por tribunales chilenos.

La Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional (UCIEX), asume la representación de Honduras en este caso, quien es estado requirente ante la Corte Suprema en materia de extradiciones pasivas.

El director de UCIEX, Eduardo Picand comenta que el resultado del fallo es favorable para el Ministerio Público de Chile. “La decisión adoptada por el Ministro Instructor no nos sorprende en lo absoluto. Era un escenario muy probable, aunque no lo compartamos. La Corte Suprema ha ejercido válidamente un derecho que está contemplado en todos los tratados de extradición suscritos por Chile y que le permite, únicamente en caso de conceder la extradición, reservar la entrega física del imputado chileno para que sean los tribunales chilenos y no los tribunales extranjeros quienes juzguen a nuestro compatriota”.

Picand agrega que “es importante destacar que únicamente al haberse concedido la extradición de Ciuffardi, nace el derecho para ordenar el juzgamiento en Chile. Si la extradición hubiere sido rechazada, tampoco habría sido posible juzgar a la imputada en Chile”.

Con esta decisión, el Ministerio Público de Chile tendrá a su cargo dos investigaciones penales distintas en contra de Ciuffardi: una causa, por el delito de lavado de dinero cometido en Chile, y otra causa distinta, para investigar el delito de lavado de dinero cometido en Honduras.

Agrega Picand que “Es importante destacar que La facultad que ha ejercido la Corte Suprema (juzgar en Chile a la imputada por delitos cometidos en el extranjero) sólo beneficia a los chilenos y no a los extranjeros, y sólo puede ejercerse este derecho cuando la extradición ha sido concedida, esto es, cuando existen antecedentes serios y graves que acreditan la existencia del delito y la participación de la imputada”. “Si la extradición hubiere sido rechazada, la Corte hubiera rechazado de igual forma su juzgamiento en Chile por los delitos cometidos en Honduras”.

Bienes incautados

UCIEX solicitó en el procedimiento de extradición medidas cautelares reales sobre todos los bienes que Ciuffardi tiene actualmente en Chile (4 inmuebles en la Región Metropolitana y un inmueble en la Región de Valparaíso, diversos vehículos y dineros en cuentas corrientes). La petición de UCIEX fue aceptada por la Corte Suprema, motivo por el cual, según lo dispone el tratado de extradición, en caso que la imputada sea condenada en Chile, los bienes deberán rematarse y el producto de ellos deberá transferirse internacionalmente y por conducto diplomático a Honduras.

El caso

El origen del caso es un fraude al fisco, en el que Mario Zelaya, entonces director del Instituto Hondureño de Seguridad Social –símil de Fonasa en Chile- y actual principal imputado, a través de contratos simulados, defraudó a su estado en más de 100 millones de dólares. Ésta es una de las causas de mayor connotación social en ese país, con un total de víctimas por sobre los 2 millones de personas, que se vieron injustificadamente privadas de remedios, de seguro social, entre otras prestaciones que son entregadas a las personas más vulnerables.

Varios de los involucrados se encuentran detenidos en Honduras. El juicio en Honduras podría llevarse a cabo en el mes de septiembre y en él, según ha informado el fiscal hondureño, declararán 350 testigos y más de 70 peritos.