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12/02/2015

Fiscalía logra que Corte revoque libertad de imputado por extorsión

Sospechoso habría exigido carga del transporte con la condición de no quemar predio y maquinaria agrícola.

La audiencia se realizó en la Primera Sala de la Corte

La Corte de Apelaciones de Temuco revocó el arresto domiciliario impuesto en contra de Claudio Huentecol Huentecol. El imputado, quien deberá cumplir ahora prisión preventiva, fue formalizado ayer miércoles por el delito de robo con intimidación de un camión con trigo. El hecho ocurrió el pasado 29 de enero en el Fundo la Laguna, en Ercilla y según señala la investigación, el sospechoso ingresó junto a un grupo de personas hasta el predio de propiedad de José Astudillo a quien amenazó para que le entregue la carga del transporte avaluada en más de cinco millones de pesos.

De acuerdo a los antecedentes que se manejan y se expusieron en la audiencia ante la Corte de Apelaciones, Huentecol junto al grupo que lo acompañaba le señaló a Astudillo que si no le entregaba las 30 toneladas de trigo procederían a incendiar la siembra y maquinaria existentes en el lugar para lo cual contaban con personas estratégicamente ubicadas para actuar de forma inmediata.

El fiscal de la Fiscalía de Alta Complejidad (Fiac) ampliada para ver temas relativos a reivindicaciones territoriales, Héctor Leiva, formalizó a Huentecol por robo con intimidación, pero el tribunal de Garantía de Collipulli no dio lugar a la prisión preventiva solicitada por el fiscal y dejó al imputado con las cautelares de arresto domiciliario parcial y prohibición de acercarse a la víctima.

Lo anterior fue revocado por los ministro de la Corte de Apelaciones, quienes estimaron que se cumplían con los elementos para decretar la prisión preventiva.

El fiscal Héctor Leiva valoró la decisión y sostuvo que los antecedentes efectivamente presumían el robo con intimidación y los antecedentes daban sustento a la petición de prisión preventiva. Descartó, además, la posibilidad de un acuerdo entre Huentecol y Astudillo como se señaló. “Aquí no existe un acuerdo cuando en definitiva la víctima no obtiene nada por entregar un camión y su carro cargado de trigo que tiene un valor sobre cinco millones de pesos. Claramente la víctima se vio obligada a entregar esto para tener, en definitiva, seguridad de poder terminar su cosecha y que fuera quemada el resto de su siembra”, sostuvo Leiva.

La causa fue alegada en la Primera Sala de la Corte por el abogado asesor de la Fiac, Miguel Ángel Rojas, miembro de la Unidad Jurídica de la Fiscalía Regional. La sala estaba integrada por María Elena Llanos, Tatiana Román y el abogado integrante Fernando Cartes.