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17/11/2014

Caso O’Reilly: fiscalía apoya petición de los padres de las menores víctimas del sacerdote y no presenta recurso de nulidad

El Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala, señaló que “la Fiscalía tomó conocimiento de la decisión de los padres de las víctimas, quienes están conformes con el fallo y no estaban dispuestos a exponer a las menores a un nuevo juicio".

La Fiscalía tiene el deber de proteger a las víctimas.

El Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala, confirmó hoy que la Fiscalía Oriente apoyó la decisión de las víctimas de no solicitar la nulidad del juicio contra el sacerdote John Reilly, también conocido como John OReilly, quien fue sentenciado a la pena de 4 años y un día y a las accesorias de inhabilidad para tener la guarda de menores y la inclusión de su huella genética en el registro de condenados por delitos sexuales tras abusar reiteradamente de una alumna en el colegio Cumbres.

El fiscal Ayala, señaló que “la Fiscalía tomó conocimiento de la decisión de los padres de las víctimas, quienes no estaban dispuestos a exponer a las menores a un nuevo juicio como consecuencia de la nulidad que se disponía a presentar la fiscalía y solicitaron a este Fiscal Regional apoyo  y no recurrir contra la sentencia”.  La fiscalía y los demás intervinientes de la causa contaban con un plazo de diez días para presentar un recurso de nulidad, el que de haber sido acogido por la Corte podría haber generado un segundo juicio oral.

El Fiscal Regional recalcó además que, una vez firme la sentencia, “las víctimas podrán iniciar su proceso de reparación”, y destacó que “la familia nos ha indicado que está conforme con la condena obtenida y que no estaba dispuesta a exponer a las niñas a una nueva declaración en un segundo juicio por los costos emocionales que esto implica. Como Fiscalía de Chile nuestra obligación es proteger a las víctimas”.

El fallo del Tercer Tribunal Oral condenó al capellán del colegio Cumbres por el delito de abuso sexual reiterado contra una alumna del establecimiento, le impuso la pena de 4 años y un día de presidio menor en su grado máximo, otorgándole el beneficio de la libertad vigilada.  

El sacerdote también fue condenado a la inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos,  inhabilidad absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. Además, debe someterse a la pena accesoria de sujeción a la vigilancia de la autoridad durante diez años y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad. También el tribunal dispuso que la huella genética del condenado se incluya en el registro de personas sentenciadas por delitos sexuales.