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Fiscalía en Caso Muebles: “Funcionarios incumplieron deber de resguardar erario fiscal”

Con los alegatos de apertura de la Fiscalía y los querellantes se inició el segundo juicio oral por el Caso Muebles, luego que el primero fuera anulado el año pasado por la Corte de Apelaciones de Iquique que acogió los recursos presentado por los acusadores.

Doce acusados, entre funcionarios públicos y privados, están enfrentando este nuevo juicio oral por el fraude de $1.300 millones.

Doce acusados, entre funcionarios públicos y privados, están enfrentando este nuevo juicio oral por el fraude de $1.300 millones.

Recalcando que el deber de los funcionarios públicos es proteger los fines del Estado y el erario fiscal, y que esos deberes fueron precisamente los que incumplieron dolosamente los acusados en el Caso Muebles, comenzó la Fiscalía su alegato de apertura al inicio del juicio oral.

El fiscal jefe de Iquique, Gonzalo Guerrero, indicó que en los tres proyectos cuestionados –Adquisición de Mobiliario Escolar para los colegios municipales de Arica e Iquique, y de Laboratorios Computacionales para los colegios de Iquique, por un total de $1.300 millones-,  los funcionarios públicos acusados pagaron al empresario Gianpiero Cánepa sin que se cumplieran los requisitos para ello.

Explicó que durante todo el proceso de adjudicación de los tres proyectos y la ejecución de los mismos, los funcionarios realizaron distintas acciones, como las falsificaciones de documentos públicos, con el sólo objeto de favorecer a Cánepa, quien no tenía los recursos suficientes para responder por los proyectos.

“Acá hubo funcionarios que no cumplieron conscientemente con sus obligaciones de resguardar el erario fiscal, sacando fondos públicos para pagar a un particular, pese a que nadie verificó si existían los antecedentes suficientes para proceder al pago”, afirmó el fiscal Guerrero.

Querellantes

También realizaron sus alegatos de apertura las partes querellantes: Consejo de Defensa del Estado (CDE), Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, consejeros regionales, y el diputado Hugo Gutiérrez.

La abogada del CDE, Ana María Pino, señaló que los funcionarios públicos acusados actuaron con absoluto desapego a sus obligaciones, realizando acciones ilegales para favorecer a Cánepa, desde las adjudicaciones hasta los pagos posteriores, pese a que éste cumplió sólo de manera parcial y con calidad inferior en la entrega de los muebles y computadores.

Agregó que los funcionarios acusados detentaban altos cargos en el Gobierno Regional -desde la intendenta Antonella Sciaraffia hasta jefes de unidad-, por lo que conocían la normativa. “Si los funcionarios hubieran cumplido con sus obligaciones, si hubieran resguardado los recursos, si hubieran fiscalizado, no estaríamos en este juicio, por lo que la justicia penal es la única barrera que queda para contener estos hechos de corrupción”, afirmó la abogada.

Mañana (miércoles) continuarán los alegatos de apertura de las defensa de los 12 acusados por los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, asociación ilícita y cohecho, entre otros ilícitos.

 

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