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Fiscalía, Carabineros y PDI invisten a 119 entrevistadores de la Ley de Entrevista Videograbada

Los profesionales serán los encargados de dialogar con niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos a partir del próximo 3 de junio, cuando la Ley 21.057 entre en funcionamiento en las regiones de Atacama, Coquimbo, Biobío, Ñuble, La Araucanía y Los Ríos.

Ceremonia de Investidura a Entrevistadores de la 2da etapa de la Ley 21.057

Ceremonia de Investidura a Entrevistadores de la 2da etapa de la Ley 21.057

A través de una ceremonia telemática encabezada por el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, el Ministerio Público junto a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones celebró la investidura de 119 entrevistadores pertenecientes a la segunda etapa de implementación de la Ley 21.057 de Entrevistas Videograbadas.

La actividad, que también contó con la participación del Director General de la PDI, Héctor Espinosa, y de la Directora de Derechos Humanos y Familia de Carabineros de Chile, General Karina Soza, tuvo como objetivo reconocer y destacar el rol clave que jugarán estos profesionales formados en cursos especializados para adoptar metodologías de entrevistas a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos, lo que permitirá evitar su revictimización como consecuencia de su participación en el proceso penal.

Los entrevistadores investidos iniciarán sus funciones el próximo 3 de junio, cuando inicie la puesta en marcha de la segunda etapa de la ley que incluye las regiones de Atacama, Coquimbo, Biobío, Ñuble, La Araucanía y Los Ríos. Se trata de 65 profesionales del Ministerio Público, 25 de Carabineros y 28 de la PDI.

Obligaciones de la Ley 21.057
La habilitación de espacios físicos adecuados para el desarrollo de las entrevistas, es una de las obligaciones comprendidas en la Ley, y para eso el Ministerio Público cuenta con un total de 26 nuevas salas para las seis regiones de esta segunda etapa, y junto al resto de los organismos completan un total de 83 salas especiales de entrevista.

La entrevista videograbada es una diligencia de investigación que debe ser decretada exclusivamente por el o la Fiscal y debe realizarse por entrevistadores debidamente formados y acreditados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Asimismo, se establecen reglas que permitan iniciar un proceso investigativo en el menor tiempo posible, quedando este importante material en un registro digital, con acceso reservado a los intervinientes, policías, peritos y jueces/zas de Familia, siendo su exhibición controlada, con adopción de medidas de seguridad que eviten su copia y posterior difusión.

Desde su entrada en vigencia, en el año 2019, se han realizado 2.345 entrevistas videograbadas, de las cuales 1.290 se realizaron durante la pandemia.

 

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