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Chahuán y Proyecto que endurece sanciones por alterar orden público: “Perfeccionar el sistema penal requiere una reforma integral”

Tras participar en la sesión de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, el Fiscal Nacional destacó que además se requieren cambios en otros cuerpos legales afines, como la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que este 2012 cumple 5 años desde su entrada en vigencia.

Este miércoles en el Congreso, Fiscal Nacional se refirió a la perfección del sistema penal.

Este miércoles en el Congreso, Fiscal Nacional se refirió a la perfección del sistema penal.

Cinco años de vigencia, como un paso adelante en el reconocimiento de las garantías del menor de edad, pero con cojeras en su aplicación. Así, podría definirse el actual escenario que enfrenta la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) en la práctica.

Conciente de este panorama, el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, asistió invitado a la sesión de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, desarrollada este miércoles en el Congreso, donde expuso las debilidades y eventuales reformas que debieran aplicarse para perfeccionar la ley y su aplicación en el sistema penal chileno.

Asimismo, consultado por el denominado Proyecto de Ley que endurece sanciones por alterar orden público, Chahuán enfatizó que sólo se puede mejorar si la mirada es global.

“Toda iniciativa que busque perfeccionar el sistema penal me parece interesante, pero no hemos tenido la oportunidad de emitir nuestra opinión formalmente, por lo que no estamos ‘a caballo’ del proyecto en sí, pero debiera insertarse dentro de una reforma integral del código penal, lo hemos dicho muchas veces. También vincularlo con las reformas eventuales a la Ley de Menores, porque el contexto de alteración del orden público, tiene una gran cantidad de menores de edad”, dijo Chahuán.

Según las cifras reveladas por Carabineros, de los 53 mil ingresos registrados durante 2011, en su mayoría se trató de delitos cometidos en el contexto de manifestaciones dentro del ejercicio del derecho democrático de manifestarse.

“Hay que perfeccionar la legislación, sí, pero también perfeccionar los procedimientos, para que los fiscales reciban antecedentes probatorios suficientes para incriminar. Hay que mejorar la labor de la policía en las manifestaciones, pero tener conciencia de las dificultades que enfrenta. Tienen que controlar el orden público con la dificultad de reunir elementos probatorios. La Fiscalía también tiene una labor que hacer en coordinación con carabineros. Se puede perfeccionar haciendo un equilibrio entre derecho a manifestarse y penalidades, con la precisión de tipos penales como el de desórdenes públicos”, concluyó.

 

Cinco años

Según el informe de análisis de los cinco años de aplicación de la Ley de RPA, expuesto por el Fiscal Nacional ante la Comisión del Senado, las principales fortalezas de la norma es la ventaja de reconocer la capacidad penal de los menores e incorporarlos al sistema de garantías procesales que tiene todo imputado adulto, superando el sistema paternalista.

Asimismo, contempla una doble finalidad de perseguir responsabilidades por hehcos delictivos, paralelo a una intervención socioeducativa orientada a la integración social, con un catálogo diferenciado de sanciones.

Sin embargo, el sistema no está libre de dificultades.

“La ley no contempla reglas de acumulación de sanciones, por lo que centros privativos de libertad y programas de libertad asistida atienden a población adulta con penas adquiridas como adolescentes reincidentes (…) Menores y mayores de edad cumplen sus condenas en un mismo recinto, con el consecuente contagio criminógenos sin respetar el principio de separación de ambos grupos”, se lee en el informe.

Ante estas y otras dificultades, la Fiscalía plantea reformas que resuelvan estos vicios, que regulen la forma de operara de los regímenes semicerrado, la fijación de criterios para la sustitución de sanciones y mejorar la especialización de los profesionales.

“La proyección inicial de la Ley de RPA fue de 39. 129 ingresos, por lo que se otorgaron 22 fiscales al Ministerio Público que se sumarían al sistema especializado, con una carga de trabajo de 1250 causas anuales. Sin embargo, durante 2011 se registraron 52.502 ingresos, con una distribución de 2.386 causas por fiscal. Excediendo en un 91% la carga proyectada”, indica el informe.

Resumen de delitos ingresados por responsabilidad penal adolescente a nivel nacional

2007:              30.372
2008:              55.629
2009:               55.600
2010:               50.410
2011:               55.435
2012:               12.668

 

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