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05/09/2018

Fiscalía Sur obtiene condenas de 17 y 13 años para responsables de bombazos en comisaría y Gendarmería

Kevin Garrido y Joaquín García fueron condenados como autores de la instalación y detonación de dos artefactos explosivos en la Escuela de Gendarmería y la 12 Comisaría de Carabineros de San Miguel, el año 2015.

El fiscal regional sur, Raúl Guzmán y el fiscal exclusivo Claudio Orellana, junto al equipo especializado en indagar atentados explosivos.

Luego de dos meses de juicio y tras acoger los argumentos de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, el Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago sentenció a 17 años de cárcel a Kevin Garrido (21) y a 13 años y un día de pena efectiva a Joaquín García (25), como responsables de los delitos de colocación de artefacto explosivo y porte ilegal de arma.

Tras una investigación de dos años, encabezada por el Fiscal Regional, Raúl Guzmán y el Fiscal exclusivo para este tipo de delitos, Claudio Orellana, junto a la Fiscal Claudia Cañas y los abogados asistentes Magdalena Balart y Samuel Malamud, el tribunal acogió las pruebas de la Fiscalía Sur que demostraron la responsabilidad de los acusados en los atentados ocurridos entre octubre y noviembre de 2015.

Kevin Garrido fue condenado por la tenencia, colocación y detonación de un artefacto explosivo en la 12 Comisaría de San Miguel y otro en la escuela de Gendarmería en San Bernardo, además de tenencia de pólvora y porte de arma blanca. En tanto, Joaquín García resultó responsable de haber participado en la colocación y detonación del artefacto explosivo en la 12 Comisaría de San Miguel y porte de arma de fuego.

“Estas penas, sin duda, dan cuenta de la gravedad de los hechos por los cuales fueron acusados. Son delitos que afectan a la sociedad en su conjunto y estas penas sin duda son ejemplares en orden que tienen el carácter de sancionar este hecho grave respecto de los autores, pero también el efecto disuasivo para que estos hechos no se vuelvan a repetir en nuestra sociedad”, señaló el Fiscal Guzmán tras conocer la decisión del tribunal.

El persecutor regional enfatizó que para lograr ambas condenas “hubo una investigación bastante acuciosa y seria, que se prolongó por aproximadamente dos años. En ese contexto, se lograron recabar antecedentes suficientes para identificar a los autores de estos hechos y para establecer la gravedad de este tipo de actos y su afectación a la convivencia”.