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Fiscal Sabaj logra condena de 15 años 1 día por Robo con Homicidio ocurrido en ServiEstado de San Bernardo en 2020

El Tribunal Oral en lo Penal desestimó en su sentencia la irreprochable conducta anterior del imputado -pese a que su extracto de filiación no se registraban anotaciones-, acogiendo la tesis de la Fiscalía, que incorporó en su solicitud de pena una condena de 10 años de privación de libertad que registraba en Brasil por el delito de Secuestro. Dicha condena fue ingresada, debidamente legalizada y traducida por el Ministerio Público, logrando dejar sin aplicación la citada causal.

Pablo Sabaj, Fiscal Jefe de Alta Complejidad Occidente.

Pablo Sabaj, Fiscal Jefe de Alta Complejidad Occidente.


Una condena de 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo obtuvo el sábado 19 de agosto el Fiscal de Alta Complejidad, Pablo Sabaj Diez, contra Sergio Martín Olivares Urtubia (70) como autor consumado de un Robo con Homicidio cometido el 13 de abril de 2020 en la comuna de San Bernardo. Ese día, a las 15:00 horas, el hoy condenado protagonizó un asalto en una sucursal ServiEstado. El hecho intentó ser repelido por un guardia de seguridad, a quien Olivares Urtubia disparó en el rostro con una pistola Beretta 9 mm, provocándole la muerte, luego de lo cual robó su arma de servicio, huyendo del lugar, siendo retenido por civiles a las pocas cuadras.

El juicio se realizó en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de San Bernardo los días 8, 9, 10, 11 y 14 de agosto y en él, sostuvieron la acusación del Ministerio Público, además del Fiscal Jefe de Alta Complejidad, el Abogado de Asesoría Jurídica, Juan Guillermo Barrios Herrera. Asimismo, se hicieron parte de las alegaciones los querellantes ServiEstado y la Delegación Provincial de la Región Metropolitana.

La defensa, en tanto, planteó la imputabilidad del acusado, por, supuestamente, padecer un trastorno mental, fruto de sus años como subversivo y de haber sido sometido a torturas, lo que le habría provocado estrés postraumático, depresión, a lo que sumaba un gran consumo de alcohol. Esto fue desacreditado por la Fiscalía, la que presentó un peritaje de un perito del Instituto Siquiátrico Dr. José Horwitz. Junto con ello, según los alegatos del Fiscal Sabaj, lo que correspondía en este caso es evaluar la capacidad del imputado para cometer un delito y no, simplemente, un diagnóstico. Junto con ello, indicó que Olivares Uturbia trabajó durante 2019 y, además, ese año, presentó los antecedentes para inscribir a su nombre la Beretta utilizada en el asalto, lo que prueba que no se encontraba incapacitada, como señalaba su defensa.

Asimismo, la Fiscalía logró incorporar como antecedente para contradecir la supuesta irreprochable conducta anterior del imputado una condena -debidamente traducida y certificada- de 10 años de cárcel de Olivares Urtubia por un Secuestro cometido en Brasil en los años ’90. De esta forma, y pese a que en su extracto de filiación no aparecía condenas, el Tribunal Oral acogió la tesis de la Fiscalía, desestimando esta causal a la hora del cálculo de la pena.

En su sentencia, el TOP desestimó dicho atenuante, “dada la escueta línea argumentativa incoada por la defensa en relación a la aplicación del artículo 13 del Código Procesal Penal, que no resulta procedente al caso, unido al hecho que no puede soslayarse la existencia de esta sentencia por el delito de secuestro ocurrido en Brasil, que determinó una condena de privación de libertad por diez años, así como su conducta en sociedad habiendo formado parte de una agrupación de movimiento de izquierda revolucionaria MIR y en razón de esta adherencia fue partícipe del delito de secuestro mencionado por el que fue condenado, corroborado por la documental incorporada por el Fiscal”. Cabe destacar que, de no haberse acogido este antecedente proporcionado por el Ministerio Público, habrían concurrido dos atenuantes y se habría bajado la pena en al menos un grado.

Al conocer la sentencia, el Fiscal Sabaj agradeció al equipo de UCIEX, de la Fiscalía Nacional, al Jefe UAF Occidente, Mauricio Rivadeneira, quien autorizó los fondos necesarios para realizar para la traducción y a Caroline Matamala (Abogada Asistente Alta Complejidad) y Juan Guillermo Barrios, quienes colaboraron directamente con el juicio oral.

 
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