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20/07/2022

Fiscal Baeza condena a 10 imputados de Caso Pasaportes

(...) Cabe recordar que, con anterioridad, se había condenado a 5 funcionarios del Registro Civil, a una persona que hacía de nexo entre los funcionarios públicos y a otros dos imputados que operaban como “suplantadores”.

Imagen de referencia.

En audiencia de procedimiento abreviado, el martes 05 de julio el Fiscal Jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza Cervela obtuvo condena contra 10 imputados en el denominado “Caso Pasaportes”.

Por los delitos de Falsificación de Instrumento Público, Soborno y Cohecho los imputados –uno de ellos exfuncionario del Registro Civil- fueron condenados por el Primer Juzgado de Garantía a penas que van desde los 5 años a los 541 días de cárcel, las que serán sustituidas con medidas de vigilancia intensivas y bajo la supervisión de Gendarmería de Chile.

Modus Operandi

La forma de perpetrar los delitos era la siguiente: dos sujetos concurrían a alguna sucursal del Registro Civil, previo acuerdo con un funcionario público, quien los atendía en los módulos de atención. Entonces, los funcionarios, con infracción a los deberes de su cargo, iniciaban el procedimiento de obtención pasaportes y/o cédulas de identidad, sin sujetarse al protocolo que para la obtención de dichos documentos se debe seguir. El trámite de obtención de los mismos se desenvolvía de la siguiente forma: Uno de los imputados (“el suplantado”), registraba sus huellas dactilares en el sistema biométrico del SRCI, lo que hacía que el sistema informático llenara automáticamente sus datos para la elaboración del pasaporte y/o cédula de identidad. Luego, al momento de tomar la fotografía, el otro imputado (“el suplantador”), colocaba su rostro ante la cámara, el que luego era impreso en el documento con los datos del suplantado. De esta forma, se confeccionaba un pasaporte y/o cédula con los datos del suplantado y con la fotografía del suplantador, quedando este último en condiciones de usarlo discrecionalmente, ya que materialmente el documento era verdadero y cumplía con todos los requisitos de seguridad.

Todo el procedimiento anterior se hacía de manera concertada entre los tres participantes; ya que por una parte, los funcionarios públicos involucrados solicitaban el pago, en forma directa o a través de un tercero, de una cantidad de dinero fluctuante entre los $700.000 y los $2.500.000 aproximadamente, lo cual era aceptado  y consentido por los suplantadores y suplantados, quienes utilizarían los documentos así falsificados. Así, también participaba un grupo de personas que actuaban como agentes, poniendo en contacto a los funcionarios del Registro Civil con las personas que estaban en busca de documentos falsificados y dispuestos a pagar.

Cabe recordar que, con anterioridad, se había condenado a 5 funcionarios del Registro Civil, a una persona que hacía de nexo entre los funcionarios públicos y a otros dos imputados que operaban como “suplantadores”.

Respecto del resto de imputados aún no formalizados (102 aproximadamente) se les perseguirá en otra causa. En cualquier, caso la investigación respecto de ellos igualmente está avanzada, así que próximamente serán formalizados.